Según la APG, se han registrado 105 ataques y limitaciones a la libertad de expresión de enero a octubre de 2022.
Además, reporta que en total ha habido 389 agresiones en lo que va este gobierno.
“El actual gobierno continúa promoviendo una política de terror, persecución y criminalización en contra de actores incomodos y voces críticas a su administración, así como de sus aliados políticos. Dentro de este grupo destacan periodistas y medios de comunicación, pero también operadores de justicia, defensores de derechos humanos, estudiantes, ciudadanos y, en menor medida, políticos de oposición”.
Agrega que las acciones en contra de la libertad de expresión y el clima de impunidad general que favorece, principalmente el Ministerio Público (MP) y el Organismo Judicial (OJ), provocaron que del 1 de enero al 31 de octubre de 2022 se registraran 105 actos de acoso y limitaciones a la labor periodística, de acuerdo a cifras del Observatorio de los Periodistas de la APG.
El informe señala que con estos datos suman 389 casos registrados durante el gobierno de Alejandro Giammattei, mientras que en el 2020 hubo 149 y en 2021 se reportaron 135.
El comunicado de la APG explica que dentro de las cifras de este 2022, año destacan 10 casos de acoso judicial, en los que se incluye la criminalización, la censura judicial y las citaciones a declarar a periodistas por sus publicaciones.
“Los actos más emblemáticos dentro de este patrón de acoso son el encarcelamiento de Jose Rubén Zamora y Flora Silva, presidente y directora financiera de elPeriódico, respectivamente. La persecución contra elPeriódico es solo una muestra de los límites que está dispuesto a cruzar la Presidencia y aliados para pisotear la libertad de expresión y minar los derechos humanos”, señala el documento.
Temen persecución penal contra periodistas
“Para la APG existe una enorme preocupación de que el proceso en contra de Zamora y personal de elPeriódico sea la antesala de un recrudecimiento de la persecución penal en contra de la prensa, que alcance el extremo de más detenciones, el envío a prolongados períodos de prisión o sentencias condenatorias en contra de comunicadores (incluyendo la imposición de multas económicas), la intervención de medios, el embargo de sus cuentas o el ahogamiento financiero, para provocar el cierre de sus operaciones”, se lee en el comunicado.
Criminalización
La APG dice que la criminalización de la libertad de expresión, emprendida por la fiscal general, María Consuelo Porras Argueta, y Rafael Curruchiche, responsable de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, causó también además del exilio del Juan Luis Font, integrante de ConCriterio, el de Michelle Mendoza, corresponsal de CNN en Español, quien también debió salir del país por el acoso en su contra y de su familia.
“Mientras Porras Argueta actúa con celeridad para fabricar casos y perseguir a los periodistas, muestra displicencia para investigar los ataques en contra de la prensa. En los últimos meses del 2022 fueron públicos los diversos casos que la Fiscalía de Delitos en contra de Periodistas desestimó y se negó a investigar, incluyendo algunos de violencia policial. Solo este año, el MP archivó 34 denuncias de periodistas y desestimó otras 81, según datos proporcionados por esa fiscalía”, agrega la información.
Según la APG, esto hechos harán que disminuya aún más la “ínfima confianza de los periodistas al MP y al sistema de justicia general”.
“La APG reitera que mientras en una agresión o crimen contra periodistas no exista una sentencia condenatoria en contra de todos los responsables, así como haya una reparación digna para las víctimas y existan acciones para garantizar la no repetición de los hechos, el caso permanecerá en la impunidad. Desestimar casos o cerrar las investigaciones, por el desinterés de los fiscales, solo promueve la impunidad y no contribuye a la generación de justicia”, agrega la APG.
Otros factores
La APG afirma que aunque el acoso judicial es una de las principales causas de limitación a la prensa, existen otros patrones de acoso en los que están involucradas autoridades y empleados públicos o se sospecha fuertemente sobre su participación.
Entre estos está las limitaciones para que reporteros cubran actividades donde participan funcionarios gubernamentales, la negativa de autoridades a facilitar información de carácter público o la renuencia de distintos funcionarios de brindar declaraciones o entrevistas a periodistas críticos, mientras si lo hacen con periodistas que consideran aliados o medios que utilizan como sus plataformas de relaciones públicas.
El OJ
La APG también menciona que Organismo Judicial y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) establecieron como política impedir el acceso de reporteros a las audiencias de casos vinculados con actos de corrupción o criminalización de operadores de justicia, defensores de derechos humanos y también periodistas, aunque estos casos no se encuentren bajo reserva.
Añade que jueces en distintos departamentos argumentan el tamaño reducido de las salas o las antiguas limitaciones por la pandemia para negar el ingreso de reporteros y observadores de derechos humanos.
También los fiscales del MP implementaron la práctica de alegar cuestiones de seguridad personales o quejarse de la “mediatización de los casos para impedir la labor periodística, según la APG.
“Las actitudes de estos administradores de justicia responden al interés de mantener ocultas falencias o ilegalidades en las investigaciones o irregularidades que ocurran en las audiencias. Pero mientras el OJ y el MP limitan la cobertura periodística, no tienen reparo en compartir datos a operadores de cuentas falsas en redes sociales, quienes usualmente adelantan operativos que se realizarán, divulgan resoluciones antes que las partes procesales seanvnotificadas oficialmente o comparten información bajo reserva y participan activamente en campañas de acoso y desprestigio en contra de periodistas”, se lee en el comunicado.
La información también establece que el sistema de justicia también continúa protegiendo a los responsables de estas cuentas falsas, pese a las múltiples acciones de acoso sexual en contra de mujeres periodistas, amenazas de muerte y comentarios racistas que divulgan.
“Detrás de estas redes, que la APG catalogó como “nuevos grupos de choque”, no solo estarían personas pagadas por el Estado sino también empleados públicos”, dice el comunicado.
“Los esfuerzos del actual Gobierno por menoscabar la libertad de expresión también se han centrado en las manifestaciones públicas y en los estudiantes, activistas, ciudadanos y líderes que participan en estas. La consigna es clara en este tema: perseguir y desarticular cualquier movimiento o iniciativa que se oponga a las políticas o acciones del régimen, con la intención de imponer un estado general de autocensura. Por la intolerancia a la libertad de expresión y por su actitud autoritaria, este gobierno pasará a la historia como el de más acciones en contra de este derecho ciudadano”, cierra el comunicado de la APG.
Postura del MP
El Ministerio Público fue consultado respecto al informe de la APG en cuanto a la criminalización de periodistas y respondió que son respetuosos de la opinión de la APG , pero no la comparten, puesn “en ningún momento se han promovido acciones que busquen limitar la libertad de expresión”.
“Tal y como lo establece la Constitución Política de la República de Guatemala, el Ministerio Público tiene la obligación de investigar y garantizar el estricto cumplimiento de la ley. El Ministerio Público cumple con su labor investigativa tal y como le establece la ley, por tanto, debe velar por el esclarecimiento de la verdad histórica de los hechos denunciados. En ese sentido, ninguno de los casos mencionados guarda relación con el ejercicio de la labor periodística sino es en seguimiento a denuncias presentadas por la posible comisión de hechos ilícitos que el Ministerio Público, por mandato legal, tiene obligación de investigar”, dice la postura del MP.
Añade que en el caso de la periodista Michelle Mendoza, según el registro de la Oficina de Atención Permanente, no hay denuncias en contra de ella por lo que carece de fundamento lo que afirma el comunicado de la APG, señala el MP.
“Así también es importante recordar que fue la fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público quien creo una Fiscalía de Sección específicamente para dar una atención integral los periodistas y garantizar el libre ejercicio periodístico, la libertad de prensa, la libre emisión del pensamiento y el acceso de la ciudadanía a la información”, menciona el MP.
Explica que esa fiscalía tiene competencia especializada para conocer, investigar y perseguir los delitos que se cometan contra periodistas cuando los hechos sean para limitar sus derechos humanos en el ejercicio de sus funciones, actos de intimidación, hostigamiento o represalia por su actividad y fue inaugurada el 6 de diciembre de 2019 ya que anteriormente era una agencia adscrita a la Fiscalía de Derechos Humanos.
“Respetuosamente se invita a los miembros de la Asociación de Periodistas de Guatemala a acercarse al Ministerio Público en donde con gusto se atenderá cualquier inquietud, tal y como se ha hecho en reiteradas ocasiones”, se menciona.
Gobierno rechaza señalamientos
El Gobierno de Guatemala, rechazó los señalamientos que hace la APG relacionados con la libertad de expresión en Guatemala.
En una comunicación enviada por la Presidencia se menciona que “el Gobierno rechaza los señalamientos vertidos de manera irresponsable por medio de la APG y reitera su respeto a la institucionalidad del país y al derecho de libertad de expresión, mismo que ha sido promovido en diversos espacios de instancias gubernamentales”.
Señala que durante el 0022, se ha convocado y transmitido más de 60 conferencias de prensa y diariamente se responden consultas de medios, contabilizando más de 800 este año.
“No existe ningún mecanismo de censura, ya que diversas plataformas informativas publican diariamente múltiples notas críticas que muchas veces carecen de veracidad. Por otro lado, nuestra plataforma de recursos multimedia “Sala de Prensa”, alcanza los 2.8 millones de visitas, poniendo a disposición información de más de 140 instituciones gubernamentales. Se reitera el respeto a la independencia de poderes por lo que no se emitirá comentario alguno sobre procesos judiciales de ninguna naturaleza”, se lee en la información.
OJ se pronuncia
Por aparte, el OJ señaló que se cumple con el debido proceso y respeta la libertad de expresión.
Rudy Esquivel, portavoz del OJ, señaló que no se inicia acciones en contra de personas, incluidos comunicadores sociales o periodistas y “el Organismo Judicial actúa únicamente mediante la denuncia de hechos a través de la Policía Nacional Civil o el Ministerio Público”.
Además, dijo que “se aclara y se informa que las personas señaladas de un delito no están siendo juzgadas por su opiniones o inclinaciones políticas, sino por estar sindicadas de la posible comisión de un delito o delitos, en cuyo caso los honorables juzgadores actúan, ya que esa es su función constitucional, la de juzgar y ejecutar lo juzgado, posteriormente de haber conocido los hechos y pruebas del ente acusador”.
Añadió que el OJ “cumple con el debido proceso, observando la presunción de inocencia y la defensa de los procesados, dando cumplimiento a las garantías procesales. El OJ respeta y promueve una lucha de respetar la libertad de expresión creyendo fielmente en la labor periodística”.
