La información de El Faro, menciona que el denunciante es nombrado como Testigo A y que su identidad y una copia de su declaración están en una caja fuerte en el Tribunal D de Mayor Riesgo, a cargo de la jueza Erika Aifán.
Se señala que el Testigo A es un exhombre de confianza del presidente Giammattei y testificó en su contra al afirmar que el presidente negoció la entrega de Q20 millones (unos US$2.6 millones) que supuestamente provenían de sobornos de empresas constructoras para financiar la campaña en 2019.
El testigo afirma que, a cambio de ese dinero, Giammattei se comprometió con el entonces ministro de Jimmy Morales, José Luis Benito, a mantenerlo en el cargo un año para que así siguiera operando una red de corrupción que se tenía para otorgar contratos de construcción y mantenimiento de carreteras, según El Faro.
El testimonio añade que, en julio de 2019, justo entre la primera y segunda vuelta electoral en Guatemala, acudió a una reunión en la capital en la que Giammattei y Giorgio Bruni, quien en ese entonces era secretario general del partido Vamos y luego fue nombrado secretario privado de la Presidencia, hablaron por teléfono con Benito y allí confirmaron el aporte de dinero y cómo sería entregado.
La declaración también menciona que el testigo escuchó cuando Bruni le dijo a Giammattei que el dinero saldría de un anticipo pagado por el Ministerio de Comunicaciones a la empresa Coamco, para la construcción y mejoramiento de un tramo carretero en San Marcos.
Según el Testigo A, eso se lo dijo Bruni a Giammattei en presencia de Raúl Romero, quien luego fue nombrado como ministro de Desarrollo Social, Miguel Martínez, nombrado como jefe del desaparecido Centro de Gobierno y otro hombre al que solo identifica como Jorge.
Dinero iba ser entregado por agentes de la PNC
En la declaración del testigo, este afirma que los Q20 millones se los harían llegar a través de agentes de la Policía Nacional Civil.
Añade que durante la llamada telefónica, Bruni le dice a Benito que está en alta voz y que lo está escuchando Alejandro Giammattei y le pregunta cómo va el tema y el entonces ministro le responde que “ya todo está listo. Lo estamos haciendo en coordinación con el ministro de Gobernación, – que en ese momento era Enrique Degenhart Asturias– para hacer las entregas en los lugares que ustedes nos indiquen”, menciona el testimonio.
Según El Faro, la declaración se grabó el 18 de mayo de 2021 bajo reserva, en presencia de la jueza Aifán, dos fiscales del MP y una abogada defensora durante una audiencia de anticipo de prueba que es parte de una investigación que la Fiscalía Especial contra la Impundiad (Feci) inició en octubre de 2020.
Esta investigación se deriva de la localización de las 22 maletas que contenían Q122 millones que fueron incautadas en una vivienda de Antigua Guatemala, Sacatepéquez, que había sido arrendada a Benito.
José Luis Benito Ruiz fue ligado a proceso penal, por el Juzgado de Mayor Riesgo D, el viernes 11 de febrero de 2021 por el delito de lavado de dinero u otros activos, en el caso relacionado con el hallazgo de varias maletas repletas de dólares en la residencia de Antigua Guatemala.
Además, el pasado 28 de enero, la jueza de Mayor Riesgo C, Silvia de León, ligó a proceso penal a Benito por el delito de fraude por el Caso Libramiento de Chimaltenango, una “mega obra” habilitada durante el gobierno de Jimmy Morales en la que se invirtieron más de Q500 millones, pero que ha presentado muchas deficiencias en construcción e inconsistencias.
Benito se entregó el viernes 21 de enero último a la Justicia que lo requería por corrupción tras encontrarse unos US$16 millones en una casa que arrendaba en la Antigua Guatemala y que podrían estar ligados a coimas por la construcción del libramiento de Chimaltenango, que resultó ser un fracaso, ya que gran parte se derrumbó con las lluvias.
El exfuncionario del expresidente Jimmy Morales, de 42 años, tenía una orden de captura desde octubre de 2020.
12 proyectos ligados al pago a Giammattei
El Testigo A al que hace referencia la investigación de El Faro, enumeró 12 proyectos de construcción de carreteras que estarían vinculadas al pacto entre Giammattei y Benito para el pago de los Q20 millones para su campaña electoral.
Según la declaración, son cuatro contratos con cuatro empresas distintas por más de Q1 mil 471 millones.
Señala El Faro que documentos oficiales muestran que 11 de esos proyectos fueron adjudicados y están en ejecución y otro está en licitación abierta.
Según los investigadores del MP, Benito y Giammattei se comprometieron a darle a estas empresas adelantos de pago o nuevas adjudicaciones a cambio del dinero para financiar las campañas.
Corrobora el acuerdo Giammattei Benito
Según El Faro, una segunda fuente de ellos, que estaba en el equipo de campaña de Giammattei, corrobora el acuerdo que existía con Benito y afirma que, a finales de agosto de 2019, cuando Alejandro Giammattei ya era presidente electo, participó en una reunión privada con él, Giorgio Bruni y Miguel Martínez en la que dijeron que habían trabajado con empresas constructoras, a través del Miniterio de Comunicaciones, para financiar la campaña.
Esta fuente de El Faro también relata que en 2019 escuchó a Bruni hablar de la promesa de incluir a Benito en el nuevo Gobierno y dijo que en una oportunidad oyó al mismo Giammattei decir que iba a mantener la oferta de que Benito continuara en su puesto.
Además, la fuente asegura que presenció cómo Bruni y Giammattei tenían discusiones, porque a medida de que se acercaba el cambio de Gobierno, el presidente electo no quería cumplir el compromiso adquirido con Benito.
Benito no fue nombrado pero los proyectos siguieron
El Faro añade que aunque Benito no fue nombrado en el cargo de ministro de Comunicaciones, los proyectos de construcción enumerados por el testigo de la Feci fueron adjudicados a lo largo del primer año de gobierno de Giammattei, con un presupuesto de US$83 millones.
Agrega que estas empresas son consideradas afines a Benito y entre estas destaca Supervisión, Construcción y Mantenimiento (SCM), cuyo propietario es Alejandro Matheu Escamilla.
Gobierno rechaza señalamiento
Según El Faro, al solicitar una respuesta de Giammattei sobre los señalamientos, y el Secretario de Comunicación Social de la Presidencia – Kevin López Oliva- respondió en un escrito en el que “rechaza, de forma categórica, todo señalamiento o suposición infundada que pretenda vincular al gobernante con exministros”.
Agrega que todo lo relacionado con el manejo financiero de la agrupación política Vamos -que llevó a la presidencia a Giammattei- corresponde al entonces secretario general del partido durante el tiempo de campaña.
Al consultarle sobre el acuerdo del que habla el testigo de la Feci y la fuente de El Faro, el funcionario respondió que “ningún exministro del gobierno anterior ha sido parte ni ha sido considerado en ningún momento para conformar el equipo de trabajo del presidente Alejandro Giammattei”, y que este “no tiene conocimiento de que se encuentre sujeto a ningún tipo de investigación por parte del Ministerio Público ni de cualquier otra entidad de la misma naturaleza”.
Según El Faro, se trató de comunicar con Giorgio Bruni a su teléfono personal, pero no obtuvo respuesta, aunque los mensajes aparecen como leídos. Además, que por una persona cercana al exministro José Luis Benito, este dijo que no puede responder sobre el caso de las maletas con dinero, pues el caso está en reserva y tiene prohibido hablar.
En cuanto al ministro Romero, este aceptó que apoyó la campaña de Giammattei, pero negó haber participado en una reunión, como lo refiere el Testigo A.
El exministro Enrique Antonio Degenhart Asturias también negó los señalamientos y desvirtuó las declaraciones del Testigo A.
Miguel Martínez también fue consultado por El Faro, pero no respondió llamadas telefónicas y ni mensajes.
A Alejandro Matheu Escamilla, ese medio de comunicación le llamó y se le enviaron mensajes a su teléfono personal y, aunque fueron leídos, no se obtuvo respuesta. Añade que también se consultó en las oficinas de SCM, pero tampoco obtuvieron respuesta.
Según El Faro, el Departamento de Estado de Estados Unidos y el FBI tienen desde hace meses copia de la declaración del Testigo A y aclara que ese medio de comunicación obtuvo la grabación completa a través de una persona ajena al Ministerio Público y al Tribunal.
Aclara que la voz del testigo fue distorsionada para protegerlo, pero que ese medio de comunicación sometió el audio a otro proceso de distorsión de voz antes de difundirlo.
El medio de comunicación afirma que ellos conocen la identidad del Testigo A y comprobó su relación con Giammattei y que tres fuentes confirmaron la autenticidad de la grabación.
El papel del MP
El Faro hace referencia a que octubre de 2021 el New York Times hizo referencia a la existencia del Testigo A, en una publicación que reveló que otro testigo dijo que a la Feci que entregó en la casa del presidente Giammattei una alfombra enrollada que estaba repleta de dinero, supuestamente parte de un soborno de una minera respaldada por Rusia para que el presidente les otorgara la operacón en un puerto.
También menciona que no se sabe si esa declaración o la del Testigo A fue la que tomó en cuenta la fiscal general Consuel Porras, para destituir del cargo a Juan Francisco Sandoval, quien era el jefe de la Feci y fue removido del cargo el 23 de julio de 2021.
Recuerdan también, que en una entrevista exclusiva con El Faro, Sandoval dijo que uno de los motivos de su destitución fue que la investigación del dinero decomisado en Antigua Guatemala apuntaba al presidente Giammattei.
La publicación de El Faro también menciona que luego de la destitución de Sandoval, la fiscal Porras desarticuló por completo el equipo de fiscales que tenían esos casos y ha procurado obstaculizarlas.
El nuevo jefe de la Feci nombrado por Porras, José Rafael Curruchiche, envió por orden de Porras, según El Faro, un memorandum dirigido a los agentes fiscales de la Feci para pedir que informaran si en la agencia a su cargo se había instruido o realizado diligencias de investigación relacionada con la entrega de dinero al presidente de la República, pero los fiscales se ampararon en la reserva de los casos para no responder.
La publicación de El Faro también revela que en noviembre, el MP le pidió formalmente a la jueza Erika Aifán que entregara a los nuevos fiscales encargados del caso, un sobre cerrado con la identidad del Testigo A, pues aparentemente los investigadores originales se habían negado a revelarla pues estaban amparados en la reserva del caso.
También se menciona que Aifán se negó a revelar la identidad y en un escrito mencionó que el testimonio y la identidad del Testigo A ya formaba parte de una etapa procesal e la que la fiscal ya no tenía control y que ya eran pruebas bajo custodia del juez y el tribunal de instrucción.
Señala que el 13 de enero, la fiscala Porras solicitó a la Corte Suprema de Justicia que le retirara la inmunidad a la juez Aifán, por abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y prevaricato.
Ese medio de comunicación pidó una entrevista con la fiscal Porras, pero el MP respondió que la reserva del caso impide ahondar en detalles del caso en mención y cuestionó a los fiscales que abrieron la investigación de los sobornos pues dicen que uno de los testigos denunció ser objeto de coacción y presiones para prestar declaraciones que no le constaban, según afirmó el jefe de la Feci, Curruchiche.
Aunque los investigadores no tenían pruebas concluyentes de la participación de Giammattei en un delito cuando Consuelo Porras desarticuló la unidad a cargo del caso, la rápida acumulación de evidencia contra personas de su círculo más cercano les hacía creer que en pocos meses tendrían elementos para solicitar un antejuicio contra el presidente.
