Los últimos meses reflejan que el retorno a las actividades sociales y económicas se realizó en un ambiente de inseguridad y peligro. Prueba de ello, es el aumento en la cantidad de homicidios en el 2021, comparación con el año anterior.
En los meses de enero a noviembre, se reportaron 2,354 homicidios a nivel nacional. Esta cifra supera a la del 2020 por 227 casos y los departamentos en los que se presentaron las principales alzas son Guatemala, Santa Rosa y Sacatepéquez, según estadísticas de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad (STCNS). Eso también provocó que la tasa correspondiente aumentara de 15.8 por cien mil habitantes en 2020, a 16.4 en 2021.
Otra estadística que también refleja el incremento de la violencia es el número de necropsias asociadas a hechos criminales realizadas por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). Mientras que en 2020 fueron 3,161 entre enero y noviembre, en 2021 se reportaron 3,715 en los mismos meses. Es decir, 554 más.
Y la tasa de heridos en hechos violentos por cada cien mil habitantes también creció de 15.1 en 2020, a 15.4 en 2021.
Otros delitos
En este año también hubo una mayor recurrencia de delitos contra el patrimonio. Según la STCNS, se registraron 278 robos a residencias, lo que equivale a 66 casos más que en 2020. Los departamentos más afectados fueron Guatemala, Escuintla y Chiquimula.
De igual forma, el robo de vehículos pasó de 1,285 en 2020 a 1,597 en 2021, es decir 312 más.
Una imagen que podría explicar el aumento de la violencia y de los robos es el de una olla que libera presión, explica Edgar Celada, consultor en temas de seguridad.
“Imaginemos una olla de presión que se libera. Tuvimos un período de restricciones de movilidad social y de actividades económicas, lo cual impactó en el índice de la violencia. Al destapar la olla, explotó toda la acumulación que se contuvo el año pasado”, dijo.
Un aspecto preocupante es que mientras la inseguridad se agrava, no hay un fortalecimiento de las capacidades de investigación de la Policía Nacional Civil (PNC) o del Ministerio Público (MP), advirtió.
Afirmó que la inseguridad no solo se ataja con acciones reactivas, sino también hay que procurar el desarrollo de la población. Mientras esto no suceda, el problema seguirá vigente.
Francisco Rivas, exministro de gobernación, resaltó que Guatemala ha hecho esfuerzos por mantener una tendencia a la baja en los homicidios por cien mil habitantes en la última década. Prueba de ello es que mientras en 2008 había alrededor de 45, hoy esa estadística se sitúa debajo de 20.
Respecto al aumento de violencia este año, Rivas considera que hay que evaluar diferentes aspectos. “Pueden ser brotes de criminalidad en algún departamento, municipio o región del país y eso genera una tendencia alcista. También podría deberse a los estados de excepción y de sitio que el gobierno ha aprobado, mientras se descuidan otros territorios”, dijo.
El exministro también ve con preocupación que se han debilitado la investigación y persecución a bandas de sicariato. Tampoco se ha perseguido como se esperaría a grupos criminales como el Barrio 18 o la Mara Salvatrucha, responsables de una gran cantidad de hechos delictivos.
“Yo no veo una política clara para atender la violencia en general. Más que todo, se han dado acciones reactivas a focos de violencia en el país y se han preocupado más por el tema de pandemia que nos afecta; pero medidas de carácter preventivo y social que busquen una reducción de violencia, no hay”, comentó.
Mario Polanco, director del Grupo de Apoyo Mutuo, añadió que en los últimos años, se han debilitado las estrategias en materia de seguridad y se han desarticulado estructuras policiales que se crearon en gobiernos anteriores y que fueron eficientes para contrarrestar la criminalidad.
“Antes había fuerzas de tarea que tenían presencia en zonas rojas, mercados y turismo. Pronto se va a recuperar el turismo y sería penoso que los visitantes sean víctimas de asaltos o de otros hechos delictivos”, expuso.
El entrevistado considera que debería incrementarse el presupuesto del Ministerio de Gobernación para mejorar el equipamiento de la PNC para poder trabajar inteligencia policial. “Se debe buscar la manera de profesionalizar a la PNC, pero no solo con cursos de unos meses, sino también con licenciaturas. Muchos de los abogados que egresan de las universidades podrían ocupar puestos importantes en la PNC para garantizar que se actúe dentro del marco legal”, dijo Polanco.
