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La Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público (MP) aseguró al Juzgado de Mayor Riesgo B que cuenta con los indicios de prueba para efectuar la imputación a los militares en situación de retiro.
Este lunes se intentó empezar la audiencia de primera declaración, pero no pudo desarrollarse debido a que Lucas García argumentó que “no tenía abogado de confianza” que lo representara.
Gálvez aceptó reprogramar el comienzo de la audiencia para este martes, por el alegato de Lucas García.
La primera declaración del caso está cerca de empezarse tres años y nueve meses después de la detención de Lucas García y Callejas, mientras que Noguera Argueta fue capturado el jueves último.
La Fiscalía, en su investigación, registra casos de masacres, crímenes individuales, desapariciones forzadas y violaciones sexual es, delitos que habrían sido cometidos en el gobierno de Romeo Lucas García, en San Gaspar Chajúl, Santa María Nebaj y San Juan Cotzal, Quiché.
El caso se activa por la denuncia que interpusieron víctimas y familiares ante el MP en el 2000 por medio de la Asociación para la Justicia y Reconciliación.
Al finalizar la diligencia, en el juzgado, Lucas García negó que haya habido genocidio en el área Ixil y argumentó que “indígenas trabajaron en destacamentos militares” y no murieron.
“El triángulo Ixil fue para mí algo maravilloso, creamos las cooperativas y trabajamos con la gente de allí -Quiché -“, expuso Lucas García.
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