La jueza Jeanette Valdés explicó que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) “hizo un mal trabajo” de investigación y la hipótesis se basó “en un contexto político”.
La presidenta del tribunal también dijo que Marco Tulio Cano Reyna, testigo propuesto por la defensa, en su declaración nunca fue claro sobre que el exdiputado haya pagado por la comisión del crimen, como lo asegura la Fiscalía.
Agregó que no se puede probar con certeza que el acusado “haya pagado por ese hecho violento”.
“Nos queda esa duda en cuanto a la certeza que debe producir los actos emanados por los peritos. El MP tuvo la oportunidad de interrogar al testigo Marco Tulio Cano Reina, quien fue propuesto por la defensa (…) pero de manera espontánea no declara, no afirma absolutamente nada con relación a que el señor Julio Juárez fuera el que pagó por este crimen”, dice la jueza.
“Marco Tulio Cano Reina declaró en calidad de acusado, bajo amonestación, porque estaba siendo acusado y el juez claramente le advierte que la declaración es un medio de defensa y no un medio de prueba y en esa declaración dice que él temió que la muerte del periodista estuviera relacionada con lo que Julio Juárez y su tío estaban trabajando”, continuó.
También dijo que “no se acreditó que el ahora acusado llegara al parque central de Mazatenango a bordo de un picop rojo al que se subiera a la víctima”, como había expuesto también la Fiscalía, con base a los testimonios.
Dijo que hay contradicciones e insuficiencia en las pruebas aportadas, y esto no permite que se vincule al exdiputado con la muerte del periodista.
La jueza aseguró que la falta de sustento del trabajo del MP “incide para que no se pueda determinar con certeza si el ahora acusado pagó por este hecho violento, de qué manera se hizo el pago, ya que hubo circunstancias contradictorias para sustentar con veracidad las circunstancia, no se acreditó que el ahora acusado llegara al parque central de Mazatenango a bordo de un picop rojo al que se subiera la víctima y no se explicó de qué manera se comunicó con esta ya que de la misma prueba presentada por la Fiscalía se advierte que desde el 4 de marzo no existió comunicación entre el ahora acusado y la víctima”.
Añadió que “el elemento indispensable con que inicia la determinación de la existencia del delito es una acción, que en este caso por las contracciones y la insuficiencia de la prueba no permiten determinar la modalidad de la acción atribuida en la acusación”, por lo que a Juárez no se le puede vincular con la muerte de Sapón.
De esa cuenta, la jueza señaló que “debe dictarse un fallo absolutorio” y ordenar su inmediata libertad.
El exdiputado era señalado de haber pagado Q25 mil a un grupo de sicarios para que asesinaran al periodista Danilo Sapón López, en un hecho en el que también perdió la vida el periodista Federico Salazar.
De acuerdo con investigaciones del Ministerio Público y de la extinta Cicig, Juárez pagó Q25 mil a un grupo de sicarios para que matara a López por “contradicciones” respecto de la candidatura para alcalde de Cuyotenango, Suchitepéquez por el partido Líder, activo en ese entonces.
Lea también: PNC da detalles sobre el incidente de un guardia dentro de la Embajada de EE. UU.
El ataque fue perpetrado cuando un grupo de periodistas conversaba en el parque central de Mazatenango, frente Gobernación Departamental, donde se celebraba una actividad por el Día de la Mujer.
La Fiscalía había solicitado al Tribunal de Mayor Riesgo “B” que el exdiputado fuera condenado a 50 años de cárcel por su participación intelectual en el asesinato de los dos periodistas en Mazatenango, Suchitepéquez, el 10 de marzo del 2015.
Juárez Ramírez fue elegido diputado por el partido Líder en las elecciones de 2015, pero fue capturado en 2018 en la mitad de su período como legislador tras perder la inmunidad parlamentaria por las pesquisas en su contra.
En el atentado, sucedido el 10 de marzo de 2015 a plena luz del día en un parque de Mazatenango, cabecera de Suchitepéquez, también resultó herido otro comunicador, Marvin Israel Túnchez Ayala, luego de las ráfagas disparadas por los sicarios que presuntamente habría contratado Juárez -entonces alcalde del municipio aledaño de Santo Tomás La Unión-.
A finales de diciembre de 2017, Juárez Ramírez fue incluido en la Lista de Extranjeros Especialmente Designados del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, una decisión que le restringe viajar a ese país, donde también le congelaron sus activos.
