En los alegatos de apertura, Carlos de León, fiscal Especial contra la Impunidad, recordó que a los integrantes de esta estructura criminal se les sindica de legalizar las fincas obtenidas a través de intimidaciones de hombres armados, liderados por Mendoza Matta, quienes forzaban a los propietarios a abandonar sus tierras para luego ser legalizadas por medio de notarios.
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Hubo una discusión debido a que los defensores intentaron que la representante de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) se abstuviera de exponer alegatos.
El Tribunal resolvió que la Cicig fue parte de la investigación y del proceso. Entonces, escucharon su intervención que recordó el comienzo del caso en 2013 por una denuncia de transacciones sospechosas de la Intendencia de Verificación Especial (IVE).
“Los afectados fueron los campesinos que se quedaron sin recursos. Este despojo no se hubiera realizado sin la intervención de los notarios Nehemías Matheu López y René Danilo Mejía Mejía quienes ayudaron a la estructura”, expuso la representante de la Cicig.
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Suma millonaria
Según la acusación, las fincas están valoradas por Q24 millones y la supuesta estructura de Mendoza Matta utilizó las entidades de cartón Corporación Ilusiones y Agroindustrias Chaparral para el blanqueo de capitales.
Un ejemplo que fue expuesto fue el caso de Chaparral, que adquirió Ilusiones por Q8 millones “pero no existe una justificación que la entidad valiera eso”, dijo la representante del ente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
También que Ilusiones fue abierta el 26 de enero de 2012 y recibió Q17 millones sin aluna justificación.
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Los defensores rechazaron los señalamientos en el primer día de debate con el argumento de que se trataron de negociaciones habituales de compra venta.
Las tierras otorgadas por el Fondo de Tierras (Fontierras) contemplaron un procedimiento para la Iiberación de las limitaciones anotadas en las inscripciones de las fincas adjudicadas, denominadas como “La Tutela del Estado, “EI Patrimonio Familiar’, “Pacto de Reserva de Dominio”. De forma arbitraria e ilegal, los funcionarios redactaban informes y resoluciones para liberar de limitaciones las fincas en las que tenían interés Mendoza y Ramírez y así pudieran “comprarlas” sin que existiesen obstáculos legales para su adquisición, detalló la acusación.
El caso fue conocido el 6 de abril del 2016 cuando las autoridades realizaron 18 allanamientos: Ocho en Morales, tres en Puerto Barrios, uno en Livingston, en Izbal; tres en Petén y tres en el departamento de Guatemala.
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Señalados
- Walter Obdulio Mendoza Matta. Asociación ilícita, lavado de dinero y usurpación agravada.
- Gustavo Adolfo Ramírez Ortiz. Asociación ilícita, lavado de dinero y usurpación agravada.
- René Danilo Mejía Mejía. Usurpación agravada.
- William Alfredo Mendoza Tally. Asociación ilícita y lavado de dinero.
- Jeffrey Obdulio Mendoza Tally. Asociación ilícita y lavado de dinero.
- Pablo André Mendoza Paz. Lavado de dinero.
- Julia María Murillo Arteaga. Lavado de dinero.
- Mariana Isabel Mendoza Tally. Lavado de dinero.
- Nehemías Matheu López. Usurpación agravada.
- José Gabriel Torres Ayala. Usurpación agravada.
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