Los soldados Gilberto Jordán, José Mardoqueo Ortiz y Alonzo Bulux son acusados por el Ministerio Público (MP) de haber sido parte del escuadrón militar de 55 efectivos que masacró a 201 personas en el parcelamiento denominado Las Dos Erres, en el marco del conflicto armado interno.
Los tres sindicados “participaron en un operativo ejecutado por el Ejército que eliminó a una comunidad completa, porque supuestamente escondían 21 fusiles robados a las fuerzas armadas”, explicó durante la audiencia en que inicio el juicio, el abogado Édgar Pérez, representante de los familiares de las víctimas.
El juicio aborda uno de los hechos que ocurrieron durante el régimen del general Efraín Ríos Montt, en uno de los periodos considerados de los más sangrientos del conflicto armado en el país.
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Intervenciones en el juicio
Durante la audiencia, los tres acusados decidieron no declarar cuando la jueza Yesenia Herrarte, titular del Tribunal de Mayor Riesgo “E”, les dio la posibilidad de dirigirse a los jueces.
Además, el testigo Mynor Jiménez, quien perdió a su madre durante la masacre, declaró ante el tribunal que Las Dos Erres era “una comunidad agrícola próspera” y que el ataque militar les obligó a “huir y desplazarse”.
Por su parte, la psicóloga Nieves Gómez intervino con la presentación de un estudio sobre cómo la masacre “destruyó los proyectos de vida” de los niños y niñas sobrevivientes.
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Acusación
Según la acusación del MP, el 7 de diciembre de 1982, los militares torturaron a los campesinos de Las Dos Erres, violaron a las mujeres, para finalmente ejecutar a las víctimas y lanzarlas en un pozo de la comunidad.
Durante esa noche, de acuerdo con la Fiscalía, el escuadrón reunió a los vecinos y solicitaron la autorización para “vacunar” —matar— a los civiles.
Los cadáveres de los pobladores de la comunidad Dos Erres fueron encontrados apilados en un pozo, donde, según testigos, fueron depositadas las víctimas por los miembros del Ejército.
El juicio se conoce en el Tribunal de Mayor Riesgo E, en el debate comparecen en la sala dos militares en situación de retiro y uno más por videoconferencia desde Mariscal Zavala.
Entre 2011 y 2018 se condenó con penas de hasta 5 mil años de prisión a los primeros seis integrantes del escuadrón militar que ejecutó a los campesinos. Hasta el momento ningún alto mando del Ejército ha sido juzgado.
Durante los 36 años de guerra civil en Guatemala fueron asesinadas unas 200 mil personas y otras 50 mil desaparecieron, y más de medio millón de personas fueron obligadas a desplazarse, de acuerdo con la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH).
