Se trata de elementos asignados a las Subdirección General de Operaciones (SGO) y la Subdirección General de Investigación Criminal (SGIC), quienes no solo se han desplazado al área sino que han analizado vídeos. Por ahora intentan individualizar a los jinetes que participaban en el desfile y saber si ellos contrataron a las personas que portaban las armas de fuego.
Ambas unidades ya han tenido acceso a una serie de vídeos, transmisiones en vivo en Facebook, y que se han hecho virales en las redes. De hecho, ya han hecho las consultas con la Dirección General de Control de Armas y Municiones (Digecam) para establecer si se trata de un equipo que forme parte de una empresa de seguridad.
En el Desfile Hípico participaron candidatos a alcalde, autoridades locales actuales y particulares. El ministro de Gobernación, Napoleón Barrientos, confirmó que el caso ya lo investigaciones las subdirecciones de la PNC.
En las imágenes se observa a al menos 20 hombres vestidos con una camisa anaranjada, chalecos y con armas de aparente grueso calibre desfilar mientras custodian a los jinetes que muestras a ejemplares en el desfile hípico. Las primeras pesquisas han revelado las personas llevan consigo armas calibre 2.23, carabinas.
Carlos Aquino, director de Táctica y Seguridad GT y especialista en armas y municiones, opina que por lo que ha visto en los vídeos “la mayoría de las armas que llevan consigo es legal portarlas, mas no de esa forma ostentosa. Son carabinas calibre 2.23”.
“Estas se pueden comprar y vender en forma legal en el país sin ningún problema, únicamente cumpliendo con los requisitos de ley. Además, detecté también que portaban pistolas 9mm y un rifle 22″, explica.
Posible ostentación e intimidación
“Lo malo de todo esto es la ostentación que raya en la intimidación, porque esas armas no son para mostrarlas”, aseguró Aquino.
Añade: “La ostentación que raya en la intimidación que hacen unas 20 personas, que no tendría que darse, es una falta, porque ese tipo de armas se porta únicamente en emergencias, en combates extremos. Eso daña la imagen de las personas que los usan en la forma adecuada”.
Esta situación, explica Aquino, raya en una imagen de narcocultura, que le hace perder el sentido al desfile hípico, que es presumir el caballo, por ejemplo.
“La impresión que dan los vídeos es que son armas de uso exclusivo del Ejército o las fuerzas de seguridad, pero no lo son, en este caso. No son fusiles, sino carabinas”, expresa Aquino.
Emular la narcocultura
Ese tipo de armas, según el experto, le da más potencia de tiro. “A mi me sirve para dar cursos. Esa arma es difícil para portar, la munición tiene sobre penetración, la ojiva atraviesa a más personas. Esa arma para la ciudad, para un particular, es difícil llevarla”.
“Esta arma es más práctica si estoy en un área de finca, granja, o manejo de valores, porque si me llegan a asaltar van a llegar con poder de fuego más alto, y debo igualar la fuerza del delincuente. Lo malo no es comprar esta arma, sino que se está tergiversando el uso para ostentar y emular la narcocultura”, enfatiza Aquino.
Un arma de este tipo cuesta en el mercado legal entre los Q22 mil y Q40 mil, según el especialista.
La consciencia situacional y de seguridad debe aplicarse en todo momento.
Trate un arma como si siempre estuviese cargada.
Apunte a una dirección segura… pic.twitter.com/xnUdfIczJ3
— @TácticaYSeguridadGT® (@tacticayseggt) May 2, 2023
“Es parte del paisaje hípico”
El analista en temas de seguridad, Walter Menchú, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), considera que este tipo de casos, “lamentablemente, ya es parte del paisaje de un desfile hípico en el país”.
Para Menchú cada vez es más frecuente ver la portación visible y ostentosa de armas de fuego en estas actividades.
“La diferencia, sin embargo, indica, es que si lo hace una persona individual o un escolta privado, “trabajando a título personal o para una empresa (lo cual requiere un registro en la Dirección General de Servicios de Servicios de Seguridad Privada del Mingob)”.
Amplía que en el primer caso, “sería una falta de portación ostentosa de arma de fuego, según el artículo 131 de la Ley de Armas y Municiones”.
Mientras que el otro caso, añade Menchú, “la ley y el reglamento permiten el porte. En este caso habría que saber si las personas que se ven en el video están autorizados por esa dirección del Mingob y si las armas que usan también tienen licencia por parte de la Digecam”.
“En caso de que sí estuvieran autorizados a trabajar como escoltas privados y que las armas que portan tengan licencia de portación, entonces ya no sería tanto un asunto de incumplimiento de la ley existente sino qué es lo que la ley permite. Es decir, ¿debería la ley permitir (o no prohibir) este tipo de despliegue ofensivo a nivel particular?”, se cuestiona el investigador del Cien.
Este escenario se ha repetido a lo largo de los años en otros departamentos como Petén, Zacapa, Chiquimula, Jutiapa, Izabal, Huehuetenango y San Marcos, con alta presencia de grupos vinculados con el narcotráfico y el crimen organizado.
Sobre esto, Menchú indica que “probablemente muchos operen ilegalmente, no estén autorizados para hacerlo o no cuenten con licencia para la portación de dichas armas. Pero se debería investigar tal asunto”, expuso.
Legal y comunitario
Para Federico Reyes, doctor en criminología por la Universidad de Glasgow, en la parte comunitaria “es bastante común en países en vías de desarrollo con pocos controles de la autoridad competente, sumado al poder y acceso a recursos financieros de dudosa reputación, esta práctica se vuelva más común de lo que uno pudiera imaginarse”.
“Estas exhibiciones anteriormente se realizaban, o por lo menos se reportaban públicamente, en municipios en el interior del país, generalmente en Huehuetenango, Petén, San Marcos, Quiché, Chiquimula, Escuintla, Suchitepéquez, por citar algunos”, agrega.
Reyes es de la opinión que “de ninguna manera hay que confundir el abordaje antropológico que contraen las ferias patronales, municipales, ganaderas, que es parte de expresión cultural, con sus variantes a nivel regional”.
Asevera que “esta simbiosis, y en muchos casos reemplazo por el exhibicionismo, ostentación, muestra de poder, demostración de impunidad e inmunidad, hace que sean reconocidos en el área, cabecera municipal, cantón, aldea como entes de poder y legitimización de falsos líderes comunitarios o los denominados modelos a seguir, que buscan cooptar a jóvenes y adolescentes principalmente”.
En un país como Guatemala, cita Reyes, especialmente ahora, hace que esos modelos “puedan llegar a ser los aspiren en lugares con poco acceso al empleo, ausencia de entes estatales de administración de justicia y seguridad y sobre todo, aunado al hecho de poca oferta escolar y donde se crean falsos modelos a seguir que seguramente pueden llegar a ser mucho más populares de lo que se pueda prever”.
En la parte jurídica y legal, lo preocupante es el acceso a armas de grueso calibre, que con licencia de portación y tenencia, “no demerita que se incurra en exhibicionismo y ostentación, no solamente a nivel particular, sino en este caso, en lugares públicos, como sucede en estos ejemplos en Amatitlán y Petén, donde es casi un reto a las autoridades el hacer frente a esto”.
“El sur de México es bastante mucho más conocido por este tipo de ejemplos. No es casualidad que un país vecino como Guatemala se adopten estas prácticas, ya sea por presencia de personas ajenas al país o porque connacionales han encontrado esta forma de poder mostrar, evidenciar y ejercer poder y generar la idea de ser intocables y hasta cierto punto impunes e inmunes a cualquier ley”.
Para Reyes es “bastante preocupante que estas muestras aparezcan en celebraciones patronales, comunitarias o de proyección social, donde la mezcla de autoritarismo y falsa seguridad, lleguen a dominar estos desfiles, caminatas o expresiones culturales en áreas rurales y en casos como el de Amatitlán, muy cercano a la ciudad capital”.
El asunto, puntualiza, es que se puede pensar que “se extiende el uso, adquisición y acceso a armas de grueso calibre, que en muchos casos son de uso exclusivo de las fuerzas de seguridad y otras del ejército nacional”.
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Determinar a quién cuidaban
Stu Velasco, analista en temas de seguridad, opina que lo primero que se debe someter a investigación es saber si el tipo de armas que portan las personas son fusiles, destinados a las fuerzas de seguridad del Estado, o ver si les hicieron modificaciones y están autorizadas.
Para Velasco es importante atender la denuncia pública que se hace por medio de este vídeo. Es imperativo observar que es un contingente operativo armado, que demuestra una alta capacidad de fuego.
“Se debe establecer el origen de las personas armadas en un evento público porque transgreden la ley al portar en forma ostentosa las armas de fuego”, indica el analista.
Velasco cree que en “materia de inteligencia se debe colocar los reflectores de investigación e inteligencia para descartar la presencia de una persona, o personas, que su modus vivendi riñe con la ley”.
O, en todo caso, añade, es alguien que teme un atentado y está vinculado con actividades delictivas. “Es obligatorio que el Ministerio de Gobernación y el Ministerio Púbico investiguen”, aseveró.
El analista considera que las autoridades “no se pueden casar con una teoría, porque hay indicios razonables de una serie comisión de delitos, más que los obvios”.
Velasco indica que se debe saber “quién porta las armas, cuál era la necesidad y el motivo de desplegar esa fuerza operativa en base a la actividad económica o comercial de la persona que custodiaban”.
El municipio y su inseguridad
Amatitlán es uno de los 17 municipios del departamento de Guatemala e integrante de la mancomunidad Gran Ciudad del Sur que la integran Guatemala, Mixco, Villa Nueva, Santa Catarina Pinula, San Miguel Petapa y Villa Canales.
Junto con estas localidades no solo comparte problemas comunes como la falta de servicios, sino la inseguridad y la incidencia criminal alta. De acuerdo con datos del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) las muertes violentas (homicidios) en Amatitlán, en los últimos años, se ha mantenido entre 40 y 55 al año.
El Cien establece que en el primer trimestre de 2023 se han registrado 12 homicidios, mientras que en el primer trimestre del año pasado sumaban 17.
Del mapeado que ha hecho este tanque de pensamiento “la mayor incidencia es de delincuencia común. Se tiene conocimiento que en algunos sectores específicos hay pandilleros, pero el municipio también puede verse afectado por las que operan en Palín u otros municipios cercanos y del área metropolitana (Petapa, Villa Nueva). De crimen organizado no se tiene conocimiento, pero tampoco se puede descartar.
En su experiencia, indica Stu Velasco, Amatitlán ha tenido problemas con grupos vinculados con las pandillas, pero también con estructuras que buscan evitar la proliferación de éstas.
“Amatitlán tiene muchas cosas positivas. Es municipio puente entre comercio de contendores con Villa Nueva, San Miguel Petapa, Guatemala, y Palín, Escuintla. Acá existe el problema que hay bandas de asalta furgones y robo de vehículos y sicariato”, expone.
El video, dice Velasco, representa a algún individuo que muy probablemente no sea de Amatitlán, y por la actividad a la que asistieron, el desfile hípico, hubo exposición y requería de fuerza armada.
“Esto es importante que lo determine el MP, el Mingob, para tratar de anticiparse o descartar cualquier situación”, puntualiza
No es Culiacán…, No es Sinaloa…., No es una película….
Es en Petén… Y este el candidato del lápiz…, Piense bien, pues no son los chistes de mechito los que gobernarán. Notese la seguridad y sus armas, no son finqueros #EstamosHartos #Hartos #Elecciones2023 pic.twitter.com/ORhHTcgprw— Hartos Guatemala (@HartxsGuatemala) May 7, 2023
¿Qué dice la ley?
- ARTICULO 131. Portación ostentosa de arma de fuego. Las personas con licencia de portación de arma, deberán portaría encubierta y sin ostentación Comete falta de portación ostentosa o intimidatoria, la persona que ostente una o más armas y/o sus accesorios, portándolos de manera visible. El responsable de esta falta será sancionado con suspensión de la licencia de portación por seis (6) meses y multa de un mil (Q. 1,000.00) a un mil quinientos quetzales (Q.1,500.00).
- De repetirse una vez más la infracción señalada anteriormente, el juez competente podrá disponer de la cancelación de la licencia de portación de arma de fuego por un plazo no mayor de un (1) año. De cometerse la falta una tercera vez, el juez correspondiente podrá suspender la licencia de portación de arma hasta por un plazo de tres (3) años.
- No podrá renovar la licencia de portación de arma de fuego, quien no hubiere cancelado las multas que le sean impuestas por el juez competente. Se exceptúa del presente artículo a los integrantes de las fuerzas de seguridad y orden público del Estado, del Ejército de Guatemala y de las empresas de servicios de seguridad privada, cuando se encuentren en el ejercicio de sus funciones.
