WOLA considera que el Gobierno guatemalteco debería solicitar formalmente la extensión del mandato de la CICIG después de septiembre de 2015, cuando vence.
“El desmantelamiento de las estructuras ilegales que influyen o controlan buena parte del territorio y de la institucionalidad democrática está aún lejos de lograrse, y la presencia continua de actividades criminales requiere la extensión temporal de la permanencia activa de la comunidad internacional en el país conjuntamente con el gobierno”, argumenta el estudio.
Asimismo, WOLA considera “indispensable” que el Estado guatemalteco garantice la efectiva independencia de las instituciones de justicia, algo que constituye una obligación fundamental implícita en este acuerdo.
“La existencia de la CICIG y el esfuerzo invertido por las Naciones Unidas y la cooperación internacional en su creación y sostenimiento, pierden sentido si Guatemala no puede garantizar que los procedimientos penales promovidos por la Comisión serán mantenidos y resueltos por órganos independientes e imparciales que estén sometidos exclusivamente al imperio de la ley”, sostiene WOLA.
“Actualmente esa condición sine qua non para la cooperación no está garantizada”, añade.
El estudio también destaca los logros de la Comisión desde su puesta en marcha en 2007.
“Este informe demuestra que la CICIG ha fortalecido el sistema de justicia de Guatemala y desarticulado redes criminales profundamente incrustadas en el Estado”, dijo Adriana Beltrán, coordinadora del programa de seguridad ciudadana de WOLA.
“Los casos recientes demuestran el poder y capacidad de las redes criminales. Por eso, la extensión del mandato de la CICIG es pertinente, adecuada, e incluso necesaria para poder blindar a las instituciones de justicia y seguridad de la cooptación de estructuras criminales”, agregó.
La CICIG es un órgano internacional e independiente que tiene como objetivo fortalecer las instituciones locales encargadas de la investigación y la persecución penal de los delitos.
La comisión fue creada para investigar la estructura y las actividades de los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (Ciacs) dentro del Estado de Guatemala, por lo que tiene facultades para “recabar, evaluar y sistematizar” información, promover la persecución penal y prestar asesoramiento.
La CICIG está compuesta por 138 funcionarios, de los cuales 66 son guatemaltecos y el resto de distintos países, y la mayoría trabaja en el departamento de Investigación y Litigio de la Comisión.
En la nación centroamericana, donde se cometen 16 asesinatos cada día, entre el 70 y 90 por ciento de los delitos registrados no tendrán castigo y quedarán en la impunidad, según datos oficiales.
