El primer presunto secuestro masivo de inmigrantes centroamericanos ocurrió el 16 de diciembre en el poblado oaxaqueño de Chahuites, que limita con el estado de Chiapas, cuando al menos 50 inmigrantes fueron supuestamente raptados por un grupo criminal cuando viajaban en un tren de carga.

El segundo hecho se registró el 22 de diciembre cuando un grupo armado secuestró a nueve inmigrantes indocumentados que viajaban en otro tren de carga en las cercanías de la población de Arriaga, en Chiapas.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) indicó hoy en un comunicado que “reitera su apoyo a los países centroamericanos, ante los hechos ocurridos en Oaxaca” .

Sin embargo, subrayó que “para que la lucha contra el crimen organizado sea eficaz es indispensable la cooperación de las autoridades de las naciones hermanas de Centroamérica, ya que dichas organizaciones operan en todos los países de la región” .

En este sentido, la dependencia manifestó que “el principio de corresponsabilidad debe orientar las acciones de todos los Gobiernos de la región, a fin de hacer frente a este problema” .

La cancillería mexicana recordó que las autoridades se encuentran investigando los hechos sucedidos en el estado de Oaxaca el pasado 16 de diciembre, pero no se refirió al supuesto secuestro del día 22.

Además, reiteró su “firme voluntad” de “seguir combatiendo frontalmente al crimen trasnacional organizado que, aprovechando la situación de vulnerabilidad de los migrantes centroamericanos, los hacen víctimas de sus actividades criminales” .

El organismo sostuvo que México seguirá apoyando a los países de Centroamérica para que juntos logren fortalecer sus “capacidades frente al crimen organizado” .

De otra parte, la secretaría de Gobernación (Segob, Interior) manifestó en un comunicado que el Gobierno mexicano ha logrado un “avance significativo” en la discusión con los distintos partidos políticos de una nueva Ley de Migración “vanguardista” .

Ese proyecto de ley busca “garantizar la protección de los derechos y la seguridad de los migrantes, su acceso efectivo a la justicia, servicios médicos y educativos, entre otros, independientemente de su situación migratoria” , dijo la Segob.

Asimismo, pretende armonizar las normas migratorias con los instrumentos jurídicos internacionales firmados por México; simplificar los procedimientos para atender la movilidad de personas y el acceso al país; fortalecer la seguridad nacional y fronteriza.

También, entre otras cosas, contempla “la salvaguarda de los migrantes que transitan por el territorio nacional” y crea unos “grupos de protección” para estas personas.