De acuerdo con la Cancillería guatemalteca, que no quiso difundir las edades ni el departamento de origen de los menores, estos aún se encuentran en albergues a cargo del Gobierno de EE. UU. ya que no se ha hallado un recurso idóneo a quien entregarlos, ya sea familiar o alguien que se haga a cargo de ellos, tampoco no se ha podido localizar a sus familiares en Guatemala.
A través de la oficina de Comunicación, la Cancillería informó que en lo que estuvo vigente la política Tolerancia Cero, mil 520 menores guatemaltecos fueron separados de sus padres en la frontera sur de EE. UU. cuando ingresaron sin autorización a ese territorio.
Aseguró que desde que Trump derogó la política de separación familiar que fue calificada desde “cruel” hasta “inhumana” por grupo sociales tanto en EE. UU. como en el exterior, ya no hubo más separaciones de menores guatemaltecos, pese a que hay varias denuncias de que esa práctica continuó después de finalizada Tolerancia Cero.
El prestigioso The New York Times publicó recientemente un documento que la Unión Americana de Libertades Civiles solicitó al Departamento de Justicia de EE. UU. en el cual se detalla que después de derogada la norma al menos 900 familias fueron separadas, algunas de las cuales por causas menores como no haber cambiado el pañal a un bebé o faltar a una cita judicial por no portar permiso para conducir.
Estas separaciones, aparentemente, tienen el fin de proteger a los niños y niñas. Otros menores fueron separados de sus padres porque estos tenían récords de robo en tiendas o intoxicación por alguna sustancia.
El secretario de seguridad interna de EE. UU., Kevin McAleenan, reconoció durante una citación en el Congreso que aún hay separaciones de familias, pero que estas son “raras” y que se hacen “en interés del niño”.
Marcados de por vida
El hecho de que un niño sea separado de su familia puede traer repercusiones para toda su vida, explicó el director de la Liga Guatemalteca de Higiene Mental, Marco Antonio Garavito.
En la niñez, expuso el experto, tendrá repercusiones emocionales que repercutirán en el rendimiento académico, así como una inseguridad sobre el futuro de la vida. “No es solo decir que los niños se deprimen, no así de simplista, para los niños esta comprometida su vida en su totalidad no solo en el futuro sino en el presente”, puntualizó Garavito.
Estas separaciones podrían calificarse como un “acontecimiento”, definición que en psicología se utiliza para describir un hecho que sufre un ser humano después del cual ya nada vuelve a ser igual para él, por ejemplo, un abuso sexual o raptar a un menor para darlo en adopción a otra familia.
Garavito resaltó que la separación podría afectar el desarrollo de la personalidad del niño puesto que esta se forja en los primeros años de vida, y recordó que cuando un ser humano crece sin una estructura familiar que lo respalde “generalmente hay problemas después, ya sea de violencia, consumo de alcohol, drogas o de personalidad retraída”.
Precisó que el Estado tiene la obligación de ofrecer acompañamiento terapéutico a estos niños y niñas ya que es la única forma en que estos pueden superar ese trauma; no obstante, lamentó que en Guatemala “ni siquiera hay centros de atención” psicológica.
Confusa respuesta
Pero la información sobre la necesidad de brindar atención psicológica a los menores de edad no termina de convencer.
Consultado el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Alfredo Brito, explicó que “en algunos casos” se ha dado acompañamiento terapéutico a los menores separados que fueron retornados al país, sin embargo, en otros casos “las familias no quieren que el Estado les ayude”.
Prometió conseguir más información o que la Cancillería se comunicaría con Prensa Libre, pero una vocera de esta institución respondió que solo están solo están a cargo de dar acompañamiento, protección consular y proceso de retorno y que cuando deportan a menores no acompañados solo informan a las instituciones encargadas de darle asistencia a los menores.
En ese sentido, la Procuraduría General de la Nación (PGN) precisó a través de un vocero que “siempre se les da seguimiento” a los menores deportados no acompañados con citaciones, consultas y tratamientos psicológicos, pero dijo que hasta la próxima semana podría dar información sobre cuántos niños han atendido y qué resultados han tenido.
De igual forma la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, precisó que dan seguimiento a “algunos casos” dependiendo del análisis que se hace mientras los infantes permanecen en los albergues de la institución y que no debe exceder de las 72 horas.
La oficina de Comunicación Social, no obstante, reconoció que para atender en ese sentido a los menores apoyan organizaciones no gubernamentales.
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