Esta regla implementada desde el 20 de marzo de 2020 ha permitido la expulsión inmediata hacia México de 1.7 millones de migrantes que llegaron a la frontera sur, incluidos 279 mil 453 guatemaltecos, con el pretexto de evitar la propagación del coronavirus.
Entre estos migrantes figuran 52 mil 960 unidades familiares y 2 mil 198 menores de edad no acompañados, según datos de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP, en inglés).
El Título 42 está incluido en la Ley de Salud Pública de ese país desde 1944, y fue activado al inicio de la pandemia por la administración del presidente Donald Trump, en teoría, para prevenir contagios de covid-19; sin embargo, activistas humanitarios y organizaciones pro migrantes siempre advirtieron que el fin era expulsar migrantes.
Esta norma permite a los guardias fronterizos deportar a México a un migrante, incluso si hace manifiesta su intención de pedir asilo. No contempla un proceso jurídico, ni obliga a deportarlos a sus países de origen.
El proceso de deportación es tan corto que puede tardar 15 minutos, ya que las personas son consideradas un riesgo potencial para la salud de los estadounidenses por ingresar sin cumplir con los requisitos sanitarios.
Política cruel
Como lo ofreció en campaña, el presidente Joe Biden había oficializado que esta normativa llegaría a su fin el 23 de mayo, ya que habría dejado de tener sentido porque EE. UU. y el mundo casi retoman la normalidad.
Incluso, el principal asesor médico de la Casa Blanca, Anthony Fauci, ha dicho que los migrantes no son un detonante de contagios y que el Título 42 no debe mantenerse hasta que EE. UU. tenga una política migratoria.
Pero un juez federal de Luisiana prohibió que el Gobierno diera por terminada esta ley, al conceder la razón a líderes republicanos de una veintena de estados que temen que al levantarse esta restricción se producirá una avalancha de migrantes en la frontera sur.
Las expulsiones “exprés” o “en caliente”, como también se les ha llamado a estas deportaciones, son un tema espinoso para la administración Biden, al ser este un año electoral en el cual el Partido Republicano amenaza con retomar el control del Congreso.
Las organizaciones humanitarias han expresado su rechazo a que esta regla siga en vigor, puesto que aseguran, ha causado mucho sufrimiento en comunidades de migrantes que son devueltas a las ciudades fronterizas mexicanas.
La organización Human Right Watch (HRW) contabilizó desde enero del 2021 a marzo pasado cerca de 10 mil violaciones a los derechos humanos a los solicitantes de asilo, víctimas de las “ilegales e inhumanas” deportaciones que se han hecho bajo el Título 42.
La organización afirma que los vejámenes que han sufrido los migrantes expulsados por EE. UU. han ido desde secuestro, tortura, violación, entre otros. La información la recopilaron a través de encuestas electrónicas, entrevistas a solicitantes de asilo, abogados y medios de comunicación.
Los criminales, actúan en función de la raza, nacionalidad, género u orientación sexual de los migrantes, por ejemplo, para extorsionar a quienes tienen familiares ya radicados en EE. UU. Las autoridades mexicanas no previenen a los migrantes e incluso, parecen ser cómplices, denunció la HRW.
Añadió que miles viven en campamentos improvisados en varias ciudades fronterizas mexicanas, en viviendas inseguras, sin alimentación suficiente y sin atención médica.
“Los graves abusos contra los derechos humanos que enfrentan las personas rechazadas en virtud del Título 42 continúan aumentando cada día”, dijo Kennji Kizuka, director de Investigación de Protección de Refugiados en HRW, quien señala que los informes que recopilaron son “una pequeña fracción del verdadero número de víctimas” de esa norma.
Racismo
Por su parte Óscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas, una coalición que agrupa a 55 organizaciones de migrantes en EE. UU., rechazó la resolución judicial que mantiene vigente el Título 42, y dijo que el gran apoyo que están recibiendo ciudadanos ucranianos a raíz de la guerra con Rusia, demuestra que el Gobierno estadounidense, si tiene voluntad política, puede manejar grandes números de peticiones de asilo.
“Los solicitantes de asilo y los migrantes que no son blancos también necesitan una respuesta humanitaria. En cambio, los estamos deportando encadenados”, señaló Chacón, quien teme que el Congreso pueda transformar en ley esta regla lo que se traduciría en un “sistema de asilo arbitrario, racista e injusto”.
El Título 8 y el temido “catch and release”
La suspensión de las deportaciones exprés daría pie a que quede el Título 8, la única normativa que la CBP implementaba hasta antes de la pandemia y que, básicamente, difiere del Título 42 en que los migrantes tienen la oportunidad de ingresar a territorio estadounidense a plantear sus solicitudes de asilo.
En realidad, el Título 8 no dejó de implementarse durante la pandemia. De hecho, 185 mil 775 guatemaltecos han sido procesados bajo esta norma de 2020 a la fecha. Se entiende que lograron exponer un miedo creíble ante los oficiales fronterizos, quienes con el Título 42 en vigor, son los que deciden si permitir el ingreso de un migrante o lo deportan de inmediato.
Pero el ingresar a EE. UU. bajo el Título 8 no garantiza que el Gobierno autorizará la permanencia de un solicitante de refugio. Las cortes de inmigración rechazan la enorme mayoría peticiones de asilo y resuelven la deportación.
Sin embargo, el solicitante al ser procesado tiene la posibilidad de quedarse en suelo estadounidense en lo que se resuelve su caso, lo que ha hecho que muchos simplemente se pierdan y no regresen a la corte, aunque un juez también puede ordenar la colocación de un grillete electrónico para que sea localizado en cualquier parte del país.
El Título 8 ha sido bautizado como la medida “catch and release” (captura y liberación), puesto que el solicitante de asilo permanece detenido, regularmente unos días, y luego de ser procesado sale del centro de detención, toda vez no sea considerado un peligro para la seguridad nacional.
Esta práctica ha sido ampliamente distorsionada por las bandas de tráfico de personas en los países del Triángulo Norte de Centroamérica lo que ha provocado en el pasado grandes olas migratorias.
Los defensores del Título 42 argumentan que se producirá una “invasión” de migrantes si esta deja de tener vigencia y dicen que los estados deberían implementar medidas propias para evitar el ingreso de estas personas.
La CBP estima que se podrían producir hasta 18 mil encuentros diarios con migrantes irregulares si la política expira.
