Es más, la oficina no ha recibido ni siquiera el plan con el que se implementaría dicho convenio mediante el cual solicitantes de asilo y refugio que huyan de El Salvador y Honduras tendrían que solicitarlo primero en Guatemala.
El portavoz para América Latina de Acnur, William Spindler, expuso hay varios aspectos del acuerdo que no han sido aclarados, por lo cual no tienen idea de qué papel le tocaría jugar al momento de ponerse en marcha.
“Aún no se nos ha compartido un plan de implementación del acuerdo. Muchos aspectos clave no han sido clarificados. No podemos responder sobre la posición ni las funciones que llevaría el Acnur si no vemos el plan de implementación”, expuso el portavoz en una comunicación vía correo electrónico.
Lea también: Debate sobre acuerdo de tercer país seguro se traslada al campo legal en EE. UU.
Los gobiernos de EE. UU. y de Guatemala han hablado con propiedad de que será Acnur la entidad encargada de tramitar las solicitudes de asilo en el país, así lo afirmó el asesor del presidente Donald Trump, Mauricio Claver-Carone, en una visita que efectuó esta semana a la nación centroamericana.
Mientras que el presidente electo de Guatemala, Alejandro Giammattei, fue más allá y afirmó que el mandatario saliente Jimmy Morales le aseguró que el gobierno de EE. UU., incluso, ya había desembolsado US$40 millones para Acnur.
Pero Acnur parece tener más dudas que respuestas.
Ante la consulta de si ya hubo reuniones concretas con el Gobierno de EE. UU. para implementar el acuerdo migratorio, Spindler reconoció que “se han tenido algunas reuniones bilaterales al respecto”, aunque añadió que la agencia “mantiene contacto regular con todos los gobiernos en donde tenemos presencia. Hace parte de nuestro trabajo, y está encaminado a apoyar a los estados a cumplir sus obligaciones internacionales”.
Asimismo, el portavoz aseguró que no han recibido fondos para implementar el acuerdo migratorio porque “aún no hay un plan de implementación”.
Sin capacidad
En lo que coincide Acnur con múltiples sectores de la sociedad guatemalteca es que el país no cuenta hoy en día con la maquinaria burocrática capaz de atender una gran demanda de requirentes de asilo.
“Si hablamos de un incremento, a 20 mil o 30 mil personas, por ejemplo, Guatemala estaría bajo mucha presión. El sistema de asilo, tal y como existe ahora, no estaría en condiciones de responder”, aseguró Spindler para quien, si el país desea responder a un número mayor de solicitudes es indispensable contar con dos elementos: tiempo e inversión.
Sin embargo, el número de hondureños y salvadoreños que vendrían al país es una incógnita.
Aunque Claver-Carone afirmó el lunes último que será un número “muy limitado” lo cierto es que cada año miles de ciudadanos de esos países solicitan asilo y refugio en EE. UU.
Tan solo del 2014 al 2018, Acnur registró a 74 mil 775 salvadoreños refugiados en EE. UU. mientras que quedaron pendientes de resolución 293 mil 227 peticiones de asilo. Mientras que el número de hondureños en el mismo lapso, según la agencia de la ONU, fue de 37 mil 528 y 173 mil 966, respectivamente.
En junio pasado, Giovanni Filippo Bassu, representante regional para Centroamérica y Cuba de Acnur, ya había adelantado que para ser un tercer país seguro, se necesita tiempo, capacitación, preparación, planes de contingencia, por lo cual expuso que no se logra ser un país seguro de un día para otro.
Al respecto, una portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) precisó que han existido reuniones, aunque no oficiales “para explorar posibilidades” por lo cual seguirán atentos a las conversaciones bilaterales entre los dos países.
Dentro de los escenarios hipotéticos que se analizan están temas como la asistencia humanitaria, la gestión de albergues y el retorno voluntario asistido.
“Estos temas los hemos delimitado de acuerdo con la experiencia de las necesidades que han surgido en México”, indicó la portavoz.
Contenido relacionado
> Policía intercepta a 33 migrantes cubanos y centroamericanos en la ruta Interamericana
> Reclutadoras de migrantes para visas agrícolas deben ser reguladas por el gobierno, dice OIT
