La incursión, calificada como ilegal por los senadores, tuvo lugar el 15 de enero último en el paso fronterizo entre Guatemala y Honduras conocido como El Corinto, durante la llegada de la primera caravana de migrantes, donde una cantidad no establecida de hondureños fue detenida y regresada a su país.
De acuerdo con el informe, personal del DHS contrató en secreto, con fondos de EE. UU., autobuses y pilotos particulares para transportar a los hondureños de regreso a su país, en una acción que se define como violación a varios acuerdos entre agencias estadounidenses.
“Este informe explosivo es un doloroso recordatorio de cómo la agenda antiinmigrante del presidente -Donald- Trump ha superado todos los aspectos del trabajo de esta administración. Desdibujar las líneas entre el trabajo del cuerpo diplomático profesional de nuestro país y el de agentes migratorios es corrosivo y totalmente inaceptable”, dijo el senador Bob Menéndez.
Menéndez añadió: “El Departamento de Seguridad Nacional y Aduanas y Protección Fronteriza no tiene por qué actuar como policía migratoria internacional no delegada en toda América Latina. Ahora sabemos que el DHS usó en secreto fondos del Departamento de Estado para alquilar camionetas sin identificación en Guatemala para transportar migrantes de regreso a la frontera entre Guatemala y Honduras. Al hacerlo, el DHS hizo un mal uso de los fondos del Departamento de Estado, violó un acuerdo escrito entre los dos departamentos y fue sorprendido mintiendo al respecto”.
En el informe, los senadores destacan que el DHS mintió, en primera instancia, acerca del operativo, pero que luego admitió haber participado y contratado los autobuses, aunque guardaron silencio con respecto a sí se separó a familias, pues dijeron que en los buses se transportaron a mujeres y niños y hombres por separado. Además, refiere que la operación del DHS para el transporte de migrantes hondureños se llevó a cabo de manera improvisada, sin protocolos de seguridad y respeto de los derechos humanos.
Posturas de los senadores
- El DHS violó su acuerdo interinstitucional con el Departamento de Estado que le prohibía explícitamente efectuar operaciones con fondos gubernamentales.
- El DHS le mintió al Departamento de Estado sobre cómo hizo un mal uso de los fondos y provocó que este transmitiera información engañosa al Congreso.
- La operación improvisada del DHS carecía de protocolos relacionados con la seguridad, la seguridad personal, los derechos humanos y la selección de migrantes para la protección internacional.
- El DHS expuso innecesariamente al Gobierno de EE. UU. a posibles responsabilidades legales y financieras.
- El DHS ha asumido una influencia sin precedentes sobre las relaciones bilaterales de Estados Unidos con Guatemala, imponiendo simultáneamente sus políticas al gobierno guatemalteco y socavando el papel tradicional del Departamento de Estado como principal administrador de la política exterior de Estados Unidos.
Los oficiales del DHS que participaron en la operación que fue calificada “imprudente” y “no autorizada” estaban en Guatemala para capacitar a las fuerzas de seguridad sobre acciones contra el narcotráfico y para fortalecer las medidas de seguridad en sus fronteras, una práctica común desde hace varios años.
En enero, el director interino del DHS, Chad Wolf, dijo en una entrevista con Fox Radio que la caravana que entonces cruzaba por Guatemala causaba menos preocupaciones a las que se formaron en los últimos dos años.
“Lo que ha cambiado desde 2018 o incluso desde el año pasado es la cantidad de acuerdos que tenemos con Honduras, Guatemala y también con México”, señaló el titular del DHS.
Para remarcar las agresivas políticas migratorias de Trump, Wolf remarcó: “Tenemos agentes del CBP, agentes tácticos, en Guatemala”.
Postura del Gobierno
La secretaria de Comunicación Social de la Presidencia, Francis Maseck, dijo que en relación al reporte presentado por el senador miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EE.UU., “es importante hacer énfasis en que dicho informe se centra en lo relativo a acuerdos entre instituciones estadounidenses”.
Agregó que si bien se hace referencia a que los supuestos hechos se desarrollaron en territorio guatemalteco, el informe hace referencia a normativas internas y asuntos propios entre las instituciones y agencias del Gobierno de los Estados Unidos, asunto sobre el que no les corresponde emitir opinión.
“El Gobierno de Guatemala iniciará un proceso de verificación y análisis de los hechos con las instituciones nacionales correspondientes, que permitan tener mayor claridad de algunos detalles mencionados en dicho reporte que supuestamente ocurrieron un día después de la toma de posesión del nuevo gobierno”, concluyó Maseck.
Además, Prensa Libre solicitó y quedó a la espera de una declaración de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala respecto a este tema.
El 16 de enero pasado, un vocero de la embajada estadounidense en Guatemala dijo a AFP que el control de la caravana que había partido de San Pedro Sula dos días antes recibía apoyo de Estados Unidos, que según dijo había desplegado “al campo” un “número limitado” de funcionarios de la CBP.
El apoyo y capacitación de agentes fronterizos de Guatemala es parte de un convenio surgido tras el paso de las primeras caravanas en 2018, para combatir el crimen y el tráfico de personas, detalló el vocero.
Miles de personas de Guatemala, Honduras y El Salvador han abandonado sus países en los últimos años en busca de una vida mejor en Estados Unidos.
Las caravanas masivas de migrantes en 2018 y 2019 indignaron a Trump, quien presionó a los países del norte centroamericano a firmar acuerdos de asilo para contener el flujo de indocumentados.
