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Bajo este acuerdo judicial, que data de 1997 y es producto de un litigio emprendido por dos organizaciones humanitarias, las autoridades no pueden retener a menores de edad inmigrantes por más de 20 días y además deben estar detenidos en las condiciones “menos restrictivas” posibles.
Demanda buen trato
“Todos los niños merecen ser tratados con cuidado y compasión, dignidad y respeto”, dijo Becerra en un comunicado.
“Sin embargo, con cada día que pasa, la Administración Trump roba a los niños, bebés e incluso a las madres embarazadas el acceso a los derechos humanos básicos”, señaló el fiscal.
Las declaraciones del fiscal se dan en medio de denuncias de supuestos asaltos sexuales por parte de agentes de la Patrulla Fronteriza (CBP) a menores emigrantes detenidos en Arizona, según un reporte de la cadena televisiva NBC.
Posibles abusos
El reporte periodístico cita el testimonio de una hondureña de 15 años, a la que, supuestamente, un “oficial grande y barbudo” le habría tocado sus partes íntimas durante una requisa, en un hecho que habría ocurrido frente a otros inmigrantes y oficiales.
En febrero de este año, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) logró un acuerdo monetario luego de la demanda de una inmigrante guatemalteca que supuestamente fue agredida sexualmente por un agente de la Patrulla Fronteriza (CBP) en 2016.
El Gobierno federal acordó pagar a 125 mil dólares (unos Q962 mil) para que la joven abandonara el caso.
Fue precisamente ACLU y otras organizaciones las que presentaron la demanda que dio pie al acuerdo en 1985 a nombre de Jenny Lisette Flores, una adolescente de 15 años que huyó de El Salvador para reencontrarse con su tía en Estados Unidos. Tras varios años de litigio se llegó a un acuerdo en 1997 con el Gobierno de Bill Clinton (1993-2001).
En el comunicado de este miércoles 10 de julio, el fiscal Becerra subrayó que CBP está “incumpliendo flagrantemente sus obligaciones bajo el Acuerdo Flores”, y que las autoridades federales le dan una “tarea peligrosa e irresponsable” a los agentes al poner a los niños bajo su cuidado.
Fiscales que apoyan
El documento legal está firmado por los fiscales de California, Massachusetts, Connecticut, Delaware, el Distrito de Columbia, Hawai, Illinois, Maryland, Michigan, Minesota, New Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia y Washington.
El apoyo legal de estos fiscales fue entregado al Tribunal Central del Distrito de California, que está evaluando las acciones del Gobierno.
“Juntos, (los fiscales de la coalición) nos enfrentamos a esta Administración que utiliza la oficina más alta de nuestra nación para acosar a los más vulnerables”, subrayó Becerra.
