La llegada masiva de menores indocumentados y sin compañía de adultos sorprendió a las autoridades estadounidenses, que no cuentan con los medios financieros y legales necesarios para hacer frente a este fenómeno.
El presidente estadounidense, Barack Obama, dijo que estos menores serían expulsados a sus países de origen y que los legisladores preparaban un proyecto para acelerar estas expulsiones.
Para Washington, esta llegada masiva es una “crisis humanitaria”. La mayoría de los niños vienen de El Salvador, Guatemala y Honduras, de donde huyen de la pobreza y la violencia.
Según Pillay, hay que ofrecer un techo y cuidados a estas jóvenes víctimas.
“La devolución -de los menores- únicamente debería llevarse a cabo si se garantiza su protección en los lugares donde irán”, declaró.
“Hay que hacer frente a las verdaderas causas de la crisis en los países de origen y de destino. Las redes criminales de tráfico de personas deben desmantelarse (…) debe castigarse a los traficantes, y no a las víctimas o a sus familias”, añadió.
Estados Unidos tiene la obligación de encargarse de los menores no acompañados (a excepción de los procedentes de México y Canadá), quienes antes de tres días deben ingresar en un centro de asilo.
En estos centros, los menores pasan una media de 34 días antes de ser liberados y devueltos en un 85 por ciento de los casos a sus familias ya presentes en territorio estadounidense. Posteriormente, están obligados a comparecer ante un tribunal de justicia encargado de cuestiones de inmigración.
“La detención de migrantes por motivos de inmigración no debería ser la única opción. Debería ser posible sólo durante un período lo más breve posible”, apuntó Pillay, para quien “la detención de los menores constituye una violación de sus derechos, ya que va contra el principio del interés para el menor”.
