Legisladores consideran que la deficiente dirección de Conamigua se ve reflejada en el incumplimiento de su propia ley orgánica, cuyo objetivo principal es la protección de los derechos humanos de los migrantes.
El artículo 7 de la Ley de Conamigua establece 19 funciones que debe llevar a cabo, entre estas, proponer planes, acciones y proyectos para atender a los migrantes en el extranjero y sus familias, así como para proteger sus derechos humanos.
Conamigua debe coordinar y en su momento asesorar a las instituciones del Gobierno para la puesta en práctica de estas acciones; además, velar por la atención al fortalecimiento económico y el desarrollo nacional con recursos e inversiones que envíen los migrantes guatemaltecos.
Entre otras funciones que debe llevar a cabo Conamimgua, según su ley, figuran otras que están lejos de alcanzarse, por ejemplo, mantener bases de datos actualizadas sobre guatemaltecos en el exterior, así como de organizaciones y asociaciones.
También estadísticas sobre el impacto de las remesas familiares y del crecimiento económico en las regiones de donde son originarios la mayor cantidad de migrantes. Conamigua también tendría que hacer propuestas a los ministerios de planes y proyectos que tiendan a mejorar las condiciones de vida de los familiares de los migrantes.
Puntualmente con el Ministerio de Educación tendría que coordinar programas para fomentar la alfabetización de los guatemaltecos en el extranjero.
¿Qué se ha hecho?
Desde la salida de la anterior secretaria, Alejandra Gordillo, en marzo de 2017, la institución permaneció acéfala durante un año, hasta que el Congreso eligió a Narez y a Rita Elizondo, como subsecretaria.
Estos tres años han sido los peores en cuanto a ejecución presupuestaria. El 2018 cerró con un 23%, el 2019 con un 22.05% y en casi cuatro meses del 2020 la ejecución apenas lleva el 5%, aunque recién el consejo de Conamigua aprobó el presupuesto de Q34.2 millones, de los cuales ya cuenta con Q9 millones.
En cuanto a programas, en su página web Conamigua destaca la repatriación de algunos cuerpos de migrantes que han fallecido en EE. UU. y la instalación de una oficina que recibe llamadas para asesorar a los migrantes que solicitan ayuda; no obstante, ambos proyectos ya existen desde hace años en el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex).
Las voces que critican el actuar de Conamigua señalan que poco nada ha hecho por auxiliar a los deportados a raíz de la pandemia del coronavirus. Al respecto, a raíz de la aprobación del presupuesto ya se han hecho algunas adquisiciones, compra de alimentos y la contratación de buses para el traslado de migrantes a sus comunidades de origen.
Aparte de sueldos, salarios y asesorías, rubro para el cual la institución destinó el año pasado Q6.4 millones de los Q7.5 millones que gastó, Conamigua erogó Q300 mil para la renta de sus oficinas, y recién se acaba de conocer que el año pasado adquirió un vehículo por un monto de Q180 mil.
Integrantes del consejo de Conamigua no aprobaban el presupuesto porque el mismo, aseguran, tenía destinado más del 90% para gastos de funcionamiento, por lo cual las autoridades debieron redireccionarlo.
Se solicitó al comunicador del secretario Carlos Narez información sobre qué ha hecho Conamigua en estos dos años en que él ha estado al frente para cumplir con los 19 artículos de la Ley; sin embargo, como respuesta nos remitió a su cuenta de tuiter que muestra el “trabajo que se está haciendo a favor de los migrantes y retornados”.
Respecto a los señalamientos de algunos legisladores y la posibilidad de que pueda ser destituido, Narez respondió que “le resta importancia a las críticas y declaraciones de algunos diputados que lo critican porque él está cumpliendo con su función” y que se encuentra “muy ocupado para atender esas declaraciones falsas”.
Podría ser destituido
El presidente de la Comisión del Migrante, Mario Ernesto Gálvez, reconoció que “hay sobre la mesa de la Comisión de una solicitud de remoción del director”.
“Lo que procede es que solicitemos como Comisión al pleno la remoción del director y buscar el mecanismo para finalizar el periodo —de su mandato— que termina en octubre”, expuso Gálvez, quien, no obstante, precisó que “somos 18 y lo que digan 10 es lo que haremos”.
El legislador recalcó que Conamigua “es una de las peores unidades ejecutoras del Estado, teniendo un tema tan sensible por el cual trabajar”.
Expuso que en determinado momento se sopesó la idea de cerrar la entidad, pero es algo a lo que se oponen muchos migrantes en el exterior que consideran a la institución como un logro y una muestra de lo poco en que el Estado les ha hecho por ellos.
La semana pasada el diputado Aldo Dávila, también parte de la Comisión del Migrante, solicitó a la Junta Directiva del Congreso la destitución de Narez, al mismo tiempo que aseguró tener “todas las evidencias de una pésima ejecución presupuestaria”, y afirmar que Conamigua no coordina políticas de atención a migrantes ni con e Minex ni con el Instituto Guatemalteco de Migración, como lo manda la ley.
“He platicado con algunas bancadas y sí me muestran su apoyo para la destitución” de Narez, afirmó Dávila, al referirse a la posibilidad de que prospere su solicitud.
Debe revisarse su actuación
El defensor de las Personas Migrantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Eduardo Wolkte, indicó que no está de más hacer una revisión de las funciones de Conamigua, sobre todo porque el Código de Migración a través del Consejo de Atención y Protección ha suplido funciones que le correspondían.
Agregó que un actor clave para decidir sobre el futuro de esa institución debe ser la Contraloría General de Cuentas, puesto que, al ser Conamigua un ente que depende de un consejo que preside el ministro de Relaciones Exteriores, puede haber una responsabilidad compartida en la mala ejecución presupuestaria.
“Conamigua puede ser una institución importante, pero hay que revisar cómo han funcionado los secretarios y subsecretarios” que ahí han estado, para determinar si la entidad se ha convertido en un trampolín de intereses o que solo se utiliza para el pago de favores, precisó Wolkte.
“Nadie ejecuta nada en EE. UU.”
Alfonso Pérez, migrante que radica en California y que pertenece a la Alianza Guatemaltecos Unidos, expuso que no ha existido atención adecuada a los migrantes que retornan al país, y señaló que esta ha sido nula cuando se trata de los que radican en EE. UU.
“Aquí en Estados Unidos, ni Conamigua ni el Ministerio de Relaciones Exteriores ni el presidente Alejandro Giammattei han ejecutado un centavo para ayudar a la comunidad migrante guatemalteca”, criticó.
Por su parte, Carlos Herrera, líder migrante de Texas, precisó que Conamigua ha tenido una “pésima administración, sin resultados, visión y sin tomar en cuenta a los migrantes que conocemos la realidad”.
“Prácticamente vienen como turistas y lastimosamente no conocen el sistema de vida americano y se avocan a malos asesores que tampoco tienen conocimiento de cómo implementar programas comunitarios para el desarrollo”, detalló.
Añadió: “Conamigua debe velar por los derechos de los migrantes implementando programas de desarrollo social y económico y sobre todo debe ser una entidad autónoma y no política”.
