La demanda sin embargo se dirige a la ciudad de Eloy (Arizona) que recibió fondos por parte de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para administrar oficialmente las instalaciones de Texas durante cuatro años.
Eloy pagó a su vez al operador de la prisión privada CoreCivic para operar en Dilley, mediante un acuerdo cuestionado por los propios abogados de ICE.
En la demanda se especifica que Mariee desarrolló una fiebre severa una semana después de ingresar a Dilley el 5 de marzo de 2018.
De acuerdo con el documento legal, su madre pidió repetidamente tratamiento médico, pero el personal médico diagnosticó mal la enfermedad de la menor y no se le recetó el medicamento correcto.
Madre e hija fueron liberadas el 25 de marzo y se dirigieron a Nueva Jersey, donde, junto a unos familiares, Juárez buscó ayuda médica.
Mariee fue hospitalizada por insuficiencia respiratoria durante seis semanas y murió en el Hospital de Niños de Filadelfia, el 10 de mayo, de acuerdo con los abogados de Juárez.
La muerte de Mariee revive la queja de organizaciones pro inmigrantes, que han denunciado varias veces la precaria atención médica que reciben los migrantes en los centros de detención.
El 8 de diciembre pasado, la niña guatemalteca Jakelin Caal, de 7 años de edad, falleció en el hospital de El Paso, Texas, por deshidratación severa después de haber sido detenida junto a su padre tras cruzar ilegalmente la frontera desde México.
Otro niño migrante guatemalteco, Felipe Gómez Alonzo, de 8 años de edad, falleció ese mismo mes en Nochebuena bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza estadounidense.
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