Juan González, encargado de Latinoamérica y el Caribe en el Consejo de Seguridad Nacional, y Ricardo Zúñiga, enviado especial para el Triángulo Norte, están por arribar a Guatemala como parte de una misión de alto nivel del Gobierno de EE. UU. que discutirá con autoridades guatemaltecas la creciente ola de migrantes que están llegando a la frontera sur.
González refirió que, como parte del funcionamiento de dicha fuerza de tarea, EE. UU. cuenta con herramientas dentro de su sistema financiero, así como de sanciones individuales las cuales “buscaremos manejar en colaboración con el Gobierno de Guatemala” al momento que identifiquen a individuos que estén involucrados en corrupción.
“Nuestros recursos para que nuestros investigadores del departamento del tesoro están listos y dispuestos a sancionar individuos involucrados en actos corruptos”, añadió.
Sin embargo, González reconoció que las medidas que puede adoptar EE. UU. no son suficientes.
“Sabemos que es difícil, no se puede arreglar o fortalecer un sistema judicial a través de sanciones”, enfatizó. “Se tiene que trabajar con los gobiernos para fortalecer la capacidad doméstica” para que los sistemas de justicia sean transparentes y no protejan a quienes están involucrados en actos de corrupción.
“Estamos interesados en que el Gobierno —de Guatemala— tenga éxito y que avance en apoyar y crear trabajos y oportunidades para los guatemaltecos”, dijo el funcionario.
Añadió que los pueblos de Centroamérica tienen derecho a gobiernos “libres de la influencia del crimen organizado u otra influencia nefasta” y EE. UU. “como socio y amigo de los pueblos estamos dispuestos a ayudar a ver maneras de sacar esas influencias de cualquier forma posible”.
Mencionó, por ejemplo, las contribuciones ilícitas a las campañas electorales.
“Lo importante aquí, es el reconocimiento de que EE. UU. va a tener una relación preferencial con actores comprometidos con los esfuerzos contra la corrupción”, dijo González, quien mencionó que estos actores están no solo dentro de los gobiernos de la región, sino en la sociedad civil y el sector privado.
Lucha contra corrupción es la prioridad
González añadió que el combate a la corrupción e impunidad es el eje de la política de EE. UU. hacia el Triángulo Norte, y en ese sentido aseveró que una de las razones por las que Biden estuvo de acuerdo en conformar esta fuerza de tarea es porque los gobiernos decidieron poner fin a la Maccih (Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras) y la Cicig (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala).
“La falta de esas comisiones han dejado que el Ministerio Público y la sociedad civil —de estos dos países— no tengan herramientas suficientes para formar casos y combatir estos temas”, subrayó.
Zúñiga añadió que el enfoque de lucha contra la corrupción de Biden es precisamente porque esas dos misiones fueron removidas. “Entendemos que con todos sus defectos se han atribuido a esos organismos, vimos que no eran los actores internacionales, sino los fiscales e investigadores de los propios países los que llevaban investigaciones importantes”, remarcó.
No obstante, agregó que en estos países como en toda Latinoamérica hay fiscales comprometidos con la justicia, pero trabajan solos, por lo cual, parte de las funciones de la fuerza de tarea es apoyarlos en su trabajo; además, crear capacidades en el Ministerio Público que a veces no cuenta con lo necesario para avanzar en los casos.
Convenio
Hugo Guevara, director de Agencia Internacional para Asuntos Antinárcoticos y Aplicación de la Ley de la embajada de Estados Unidos; Óscar Dávila, director de la Comisión Presidencial contra la Corrupción, y Leyla Lemus, secretaria general de la Presidencia, firmaron un convenio de cooperación por US$530 mil -Q4.08 millones- para el proyecto Promoviendo reformas estructurales para combatir la corrupción en Guatemala.
Para la ejecución del proyecto Estados Unidos promoverá cooperación técnica y en especie a la comisión, como capacitaciones, mobiliario, equipo, vehículos y demás gastos conexos para fortalecer las capacidades institucionales para identificar, implementar, monitorear y controlar mecanismos y acciones para prevenir y combatir la corrupción en el Ejecutivo. El proyecto durará dos años.
