Popp asegura que trabajan en conjunto con el Gobierno de Guatemala y los gobiernos de la región en la creación de oportunidades para que “la migración irregular no sea una opción primaria” para las personas que salen de sus países con el argumento de falta de empleo e inseguridad.
“Estamos trabajando con el Gobierno de Guatemala y todos los gobiernos de la región para resaltar el peligro y riesgos de la gente que está pensando en viajar irregularmente durante el periodo de pandemia (…) esperamos que la gente no tome esos riesgos por su salud, porque se pueden encontrar oportunidades aquí en la región, por lo que vamos a trabajar a largo plazo para crear más oportunidades”, dijo Popp.
Una caravana de al menos 250 migrantes hondureños empezó el miércoles por la noche su caminata rumbo a la frontera con Guatemala en su ruta hacia Estados Unidos, bajo el argumento de que en su país no existe trabajo.
Los migrantes salieron de San Pedro Sula, en el norte de Honduras; sin embargo, a la caravana pretenden sumarse entre mil 500 y dos mil hondureños en las próximas horas, según el anuncio realizado por redes sociales desde el pasado 1 de enero, pese a las advertencia de Guatemala y México de no permitir el ingreso de personas que se movilicen de manera irregular.
Guatemala decretó desde este jueves 14 de enero un estado de prevención en siete departamentos cercanos a la frontera con Honduras y reiteró además que pedirá una prueba del coronavirus a quienes intenten ingresar al país.
El estado de prevención, acordado en Consejo de Ministros y publicado este jueves en el diario oficial, es por un período de 15 días y abarca los departamentos de Izabal, Zacapa, Chiquimula, Jutiapa, El Progreso, Santa Rosa y Petén.
Según la justificación del Gobierno del presidente Alejandro Giammattei, en esos departamentos existe el riesgo del desplazamiento de grupos de migrantes sin cumplir con los requisitos legales ni las medidas sanitarias que exige el país como la prueba negativa del coronavirus, lo que generaría crisis de seguridad ciudadana y agravaría la emergencia sanitaria.
El Gobierno sostiene que el estado de prevención se decretó por considerar que con la circulación de los migrantes “puede verse afectado el orden, la gobernabilidad y la seguridad de los habitantes”.
La solicitud de una prueba del SARS-CoV-2 para quien ingrese a Guatemala está vigente desde octubre, cuando se abrieron nuevamente las fronteras aéreas, marítimas y terrestres tras un cierre de varios meses por la pandemia.
El estado de prevención limita las reuniones al aire libre, las manifestaciones públicas, los espectáculos, la portación de armas de fuego, la circulación y estacionamiento de vehículos en zonas que pongan en riesgo la vida y seguridad de las personas, y el funcionamiento de los servicios públicos.
Además, permite a las fuerzas de seguridad disolver por la fuerza toda reunión, grupo y manifestación pública que se realice sin autorización, entre otras medidas.
