“Con cada arresto en los tribunales estatales y sus alrededores, el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) continúa poniendo en peligro nuestras comunidades y nuestra seguridad pública”, indicó en un comunicado conjunto la fiscal general de Nueva York, Letitia James.
La acción legal fue presentada en contra del Departamento de Seguridad Nacional, de ICE y de la Patrulla Fronteriza.
De acuerdo con James, estos arrestos no solo tienen un efecto negativo en las comunidades inmigrantes, sino que obstaculizan que los tribunales funcionen “apropiadamente y evitan que la justicia prevalezca”.
El pasado mes, la fiscalía general de Washington presentó una demanda con la que busca poner fin a los arrestos dentro y fuera de los tribunales alegando que la política del Gobierno federal viola la Ley de Procedimiento Administrativo y el derecho de acceso a los tribunales, protegidos por la Constitución.
Washington presentó una moción de una orden judicial preliminar para detener de inmediato las políticas de la Administración del presidente Donald Trump y hoy obtuvo el apoyo de los fiscales generales de Nueva York, Connecticut, Illinois, Maryland, Massachusetts y Minnesota.
También de Nueva Jersey, Nuevo México, Oregon, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia y el Districto de Columbia.
Lea más: Cepal propone a Giammattei plan regional para reducir la migración
La coalición argumentó al tribunal, en su apoyo a la demanda de Washington, que la práctica del Gobierno federal de realizar estos arrestos “es profundamente perjudicial” para el funcionamiento efectivo de los sistemas judiciales de estos estados.
De acuerdo con el documento, los estados que integran la coalición tienen gran interés en proteger su prerrogativa de proveer acceso a la justicia para sus residentes y asegurar la operación ordenada del sistema de cortes.
“Un sistema de cortes efectivo es un aspecto fundamental de la soberanía del estado, en el que es esencial asegurar que los crímenes sean procesados, que las víctimas reciban ayuda y que se haga justicia”, afirman los fiscales.
Indican además que en 2017 los demandados pusieron en marcha una política que amenaza estos intereses (de los estados) autorizando a los agentes federales de inmigración a realizar arrestos en y alrededor de las cortes.
Como resultado, aseguran, los arrestos se han disparado y han interrumpido el funcionamiento de las cortes.
La coalición advirtió al tribunal en el documento legal de que los arrestos y su “efecto aterrador” han hecho que testigos no comparezcan al tribunal, las víctimas tengan miedo de pedir ayuda o cooperar con la Fiscalía y la Policía, y los fiscales no puedan obtener justicia para los residentes a los que sirven.
El pasado septiembre, James y el fiscal del condado de Brooklyn, Eric González, demandaron al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) por arrestar tanto indocumentados como residentes legales en tribunales de Nueva York, acción que alegaron “es inconstitucional” y afecta la seguridad pública.
Contenido relacionado
Kensy López y su hijo de 3 años, el rostro de la caravana de migrantes que cruza Guatemala
Guatemala y agentes migratorios de EE. UU. obligan a caravana de hondureños a retornar a su país
