Cientos de hondureños que partieron de su país a pie el pasado sábado irrumpieron el paso fronterizo con Guatemala con la intención de atravesar el país hasta llegar a México y finalmente a EE. UU.
La Dirección General de Migración (DGM) había informado que no se permitiría el ingreso de esa caravana porque se consideraba que podría atentar contra la seguridad nacional y porque es manipulada por intereses particulares.
Para Pedro Pablo Solares, analista en temas migratorios, el Gobierno está obligado a acatar las leyes vigentes y respetar la integridad física de los migrantes hondureños y la unidad de las familias.
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“Si se hace lo contrario se estarían violando sus derechos humanos, con interceptarlos o peor aún encarcelarlos”, precisó Solares.
Ambos expertos criticaron la postura de la DGM de haber cerrado las fronteras.
“Lo que nos informaron es que Migración prácticamente cerró las puertas y dejó que la gente pasara lo que es una actitud que no ayuda al bienestar de los migrantes”, afirmó Woltke.
Añadió que Migración no es solo es el ente encargado de llevar el control administrativo del flujo migratorio, sino también una entidad para identificar las necesidades de las personas que migran, y determinar si el Estado debe plantear alguna medida de protección.
“Al cerrar las oficinas lo que se origina es una condición de irregularidad porque no permitieron que las personas se avocaran al procedimiento administrativo para ingresar o hacer una petición”, precisó Woltke, quien afirmó que se debió haber atendido a las personas caso por caso para lo cual se pudo haber movilizado más delegados de Migración “así como movilizaron a muchos policías”.
Solares explicó que el Gobierno de Guatemala está en la obligación de abordar la migración con una perspectiva del respeto a los derechos humanos y de comprender a los ciudadanos de países vecinos que se ven forzados migrar.
“En cambio lo que vimos es el gobierno continúa con una política restrictiva de la migración utilizando el Instituto Nacional de Migración, que fue planeado como una entidad de respeto a los derechos humanos, como una entidad de restricción de la migración”, afirmó.
Derecho a asilo
Según Juan Luis Carbajal, secretario ejecutivo de la Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal, la vida de muchos de los migrantes hondureños podría estar en peligro y podrían estar en necesidad de requerir asilo o refugio, por lo tanto, Guatemala estaría en obligación de iniciar esos procesos en cumplimiento con acuerdos internacionales que el país ha ratificado.
No obstante, Carbajal calificó la situación de “delicada” debido a que se ha escuchado que la movilización podría estar motivada por intereses, incluso políticos.
“El asunto necesita un abordaje muy completo porque puede que alguien se esté beneficiando de alguna manera, incluso políticos que pueden estar utilizando a estas personas”, señaló Carbajal.
Sin pronunciarse
Horas antes de que la caravana irrumpiera en la frontera de Agua Caliente, la DGM sostenía que no dejarían ingresar ninguno de sus integrantes; debido, entre otras razones, a que se tenía conocimiento de que el grupo es manipulado por “personas que tienen malas intenciones”, aunque no contaba con evidencias como para hacer una denuncia.
Sin embargo, después del incidente la portavoz de la DGM, Alejandra Mena, no respondió a los requerimientos de información.
La Cancillería había emitido un comunicado en el cual manifestaba que respeta el derecho humano de toda persona a migrar; sin embargo, exhortaba a que la migración se llevara a cabo de forma segura, ordenada y regular.
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