La Red Nacional de Protección de Guatemala (RNP), que aglutina a diversos grupos organizados que asisten y brinda ayuda humanitaria a personas desplazadas durante su proceso de solicitud de asilo y refugio, expuso que el Ejecutivo debería poner sobre la mesa de negociación una propuesta de inversión millonaria por parte de EE. UU. en el país, para sacar de la pobreza a miles de guatemaltecos, puesto que esta es la causa principal de la migración.
“Jimmy Morales debe negociar por el bien de los guatemaltecos y por las personas que van a solicitar protección”, expuso Mauro Verzeletti, director de la Casa del Migrante, una de las organizaciones que integran la RNP.
La organización reveló que el estado guatemalteco ni siquiera ha sido capaz de resolver cerca de 390 solicitudes de asilo, principalmente de hondureños, que desde el año pasado han buscado la protección de Guatemala. En ese sentido, el Instituto Nacional de Migración (INM) informó el pasado martes que en el 2018 solo aprobó 20 solicitudes y este año no se avalado ninguna.
Juan Luis Carbajal, secretario ejecutivo de la Pastoral de Movilidad Humana, subrayó que “Guatemala tiene que hacer un examen de conciencia porque no tiene capacidades ni condiciones para ofrecerse como tercer país seguro porque ha demostrado incapacidad a 390 solicitantes de protección internacional que desde hace un año y medio no ha dado resoluciones”.
Añadió que varios de los solicitantes han abandonado el proceso porque no hay respuestas del estado guatemalteco. “Así que no nos vengan con que ahora quieren presentarse como un país que puede recibir solicitudes y garantizar bienestar en Guatemala, eso es mentira”, enfatizó Carbajal.
Para Verzeletti, la inversión multimillonaria que EE. UU. debería hacer en la región para contener la migración debe enfocarse en los más pobres y no caer en lo mismo que ocurrió con el Plan Alianza para la Prosperidad en el cual se ha invertido millones de dólares, pero, considera, no se han dirigido a las poblaciones necesitadas.
Pero el sacerdote, director de la institución que este año ha atendido a más de siete mil migrantes en tránsito, dice que una negociación que satisfaga a Guatemala solo será posible “si nuestro gobierno y autoridades tienen habilidades de negociación”.
Añadió que el gobierno debería abstenerse de firmar un nuevo acuerdo con EE. UU. porque está a poco más de seis meses de salir.
¿Qué gana Guatemala?
Representantes del sector empresarial coinciden en que, el que Guatemala se convierta en un destino para solicitantes de asilo, en principio, parece no ser el mejor camino; sin embargo, en un eventual acuerdo con EE. UU., el gobierno debe garantizar que el país no se quedará con las manos vacías.
Juan Carlos Tefel, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales Industriales y Financieras (Cacif), precisó que con el acuerdo se le evitaría un problema a EE. UU. en su frontera sur, pero cuestiona ¿Qué va a ganar el país?
“Guatemala tendrá que pedir cosas a cambio, que puede ser inversión americana, visas especiales para migrantes temporales. Hay varias cosas que se pueden llevar a la mesa de negociaciones”, apuntó Tefel.
La solución es generar inversión
Los empresarios también están de acuerdo con que la única salida para frenar la migración irregular es promover la inversión para generar empleo, pero por las condiciones actuales del país de infraestructura y servicios es dificultoso.
Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria, indicó que, antes de pensar en recibir a centroamericanos se debe tener la capacidad de satisfacer las necesidades internas.
“Antes debemos haber resuelto los problemas para los propios guatemaltecos, para dar asilo a otros connacionales y hermanos centroamericanos que no tenemos nada en contra de ellos, pero debemos superar ese primer paso”, resaltó el empresario.
Tefel resaltó que actualmente las condiciones para invertir en las regiones donde hay pobreza y consecuentemente se origina la migración son muy difíciles, sin vías de comunicación, sin servicios básicos y sin mano de obra capacitada.
El presidente del Cacif destacó que hace unos años el sector empresarial a través de Fundesa presentó una propuesta para desarrollar ciudades intermedias con el fin de que la migración que se dirige de los lugares más pobres hacia EE. UU. lo haga estas urbes, pero “como pasa muchas veces en este país”, no hubo voluntad política de implementarlo.
Tefel añadió que debido a la coyuntura “es un excelente momento para retomar” el plan presentado por el sector empresarial ya que las medidas coercitivas, como pretender convertir al país en un destino de solicitantes de asilo, pueden ser una solución, pero no de largo plazo.
Rechazan pruebas de ADN
Las organizaciones civiles de la RNP también mostraron su rechazo a que se implementen pruebas de ADN para minimizar las probabilidades de que menores de edad salgan de Honduras y El Salvador a manos de traficantes de personas, puesto que eso podría favorecer la separación de familias ya que, el porcentaje de niños que viajan sin sus padres es muy pequeño.
“Las pruebas de ADN es otra forma de engañar a la población con que todos los migrantes son víctimas de trata, y no es cierto. En la Casa del Migrante documentamos estos casos para que se diera protección a los niños y se trata de un número muy pequeñito”, aseguró Verzeletti.
Sandra Gularte, representante de la organización Refugio de la Niñez, parte de la RNP, instó a los gobiernos a que, si su intención es proteger a la niñez que migra, implementen protocolos para garantizar la protección de los menores, puesto que a partir de la formación de caravanas se ha regresado a los niños, niñas y adolescentes a sus países de origen sin ni siquiera constatar si migraron porque son víctimas de pandillas, crimen organizado, o si sufren de persecución o violencia.
“Muchos vienen huyendo de las maras, violencia sexual y de género y del narcotráfico. Ahí deben estar enfocadas las medidas de los estados”, indicó Gularte.
Contenido relacionado
> Donald Trump anuncia la deportación inminente de millones de migrantes desde EE. UU.
> Pobreza castiga a los guatemaltecos del área rural, revela Encuesta Libre
