Migrantes

Guatemala expresa su preocupación por aprobación de leyes antiinmigrantes en EE. UU.

Según el Minex, estas nuevas leyes estatales pretenden vulnerar las garantías y libertades civiles de las personas migrantes.

Migrantes deportados desde EE. UU. llegan a suelo guatemalteco. (Foto Prensa Libre: EFE)

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) informó que el   Gobierno de Guatemala “expresa su preocupación por la aprobación de la ley SF 2340 firmada por la gobernadora del Estado de Iowa, Kim Reynolds, el 10 de abril y que entrará en vigor a partir del próximo 1 de julio de este año”.

Señaló que dicha legislación contempla que, una persona extranjera comete un delito grave si ingresa o se encuentra en el Estado de Iowa bajo cualquiera de las siguientes circunstancias: si se le ha negado la admisión a Estados Unidos de América, si ha sido deportada o removida de Estados Unidos previamente o tiene una orden de deportación final, y aún está pendiente la remoción a su país de origen.

Agregó que de manera similar, el gobernador del Estado de Tennessee, Bill Lee, promovió la aprobación de la propuesta de ley HB2124/ SB2576, que también entra en vigencia el 1 de julio de 2024.

Esta legislación establece una mayor cooperación entre las agencias de aplicación de leyes estatales y las autoridades federales en asuntos de inmigración.

El Minex añadió que a través de los consulados generales en Omaha, Nebraska y Nashville, Tennessee, y en coordinación con organizaciones sin fines lucro, abogados de inmigración pro migrantes y aliados estratégicos, “refrenda su deber de velar por la protección, asistencia y atención oportuna a los guatemaltecos que residen en esos estados”.

Pidió estar pendientes de las plataformas de redes sociales de los consulados para conocer los eventos informativos que están programados.

Según el Minex, el Gobierno de Guatemala reitera su compromiso de servir a los más de 78 mil guatemaltecos que residen en los estados de Iowa y Tennessee, de llegarse a ver afectados ante estas nuevas leyes estatales que pretenden vulnerar las garantías y libertades civiles de las personas migrantes en dichos estados.

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