Hasta este sábado, las instalaciones de procesamiento de la Patrulla Fronteriza tenían un 585 % de migrantes por encima de su capacidad, dijeron a la cadena dos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
En concreto, en el Valle del Río Grande, el sector más concurrido para los cruces fronterizos, hubo 6,671 inmigrantes en una instalación con capacidad para 965 personas, según uno de los funcionarios, -cuyos nombres NBC no revela- lo que provocó la propagación de la covid-19, otros virus y piojos entre los migrantes.
Más de 50.000 migrantes fueron liberados recientemente sin fecha de audiencia y se les dio una fecha para presentarse en una oficina de ICE dentro de los siguientes 60 días, pero aproximadamente 15.000 no lo hicieron, dijeron además los funcionarios a la cadena.
Los funcionarios de Seguridad destacan que, en una acción sin precedentes, el ICE, una agencia generalmente encargada de la detención, aplicación y expulsión de indocumentados, ahora realizará exámenes de salud, ofrecerá vacunas de covid, informará a los inmigrantes sus derechos legales y los conectará con organizaciones no gubernamentales que puedan ayudarlos.
Los oficiales de asilo continuarán haciendo determinaciones iniciales para los migrantes solicitantes de esa condición, ya sea en las instalaciones de ICE o por teléfono, dijeron además a NBC.
Luego de ser atendidas por ICE, las familias serán liberadas con monitores de tobillo y una cita en la corte para presentar su caso de asilo o se las pondrá en vuelos para ser deportadas rápidamente, de acuerdo con los datos de los funcionarios del DHS.
Los portavoces de ICE, de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y del DHS no respondieron a una solicitud de comentarios de la cadena.
Grupos proinmigrantes argumentan en una demanda que la política iniciada por la Administración del republicano Donald Trump (2017-2021), conocida como Título 42, que expulsa a los inmigrantes de regreso a México antes de que puedan presentar una solicitud de asilo, debería llegar a su fin.
Mientras que por otro lado, el fiscal general republicano de Texas, Ken Paxton, solicitó en una orden judicial el pasado 15 de julio que el Gobierno del presidente Joe Biden continúe aplicando esa regla sin excepciones.
