Primero la política tolerancia cero con la cual se separó a miles de niños de sus familias. A esta le siguió la muerte de migrantes guatemaltecos que conmocionó a la sociedad estadounidense, sobre todo la de los niños que estaban bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza y murieron por enfermedades curables.
Al respecto, el Gobierno de Guatemala a través de la Cancillería se limitó a enviar condolencias a las familias y a repatriar sus cadáveres. ¿Pero qué hizo después de ello con estas familias, y sobre todo con las comunidades desde donde migraron?
“No ha pasado nada”
“Ay Dios mío aquí ya no vino nadie. Solo los primeros días vino gente y a mi me entrevistaron de Telemundo y CNN, pero después de eso no pasó nada”, dice Tanerjo de León, padre de Juan de León, el joven migrante de 16 años que murió el pasado 19 de abril, originario de la aldea Tizamarté, Jocotán, Chiquimula.
Con preocupación, Tanerjo afirma que dos años seguidos de sequías prolongadas los ha dejado sin alimentos, y aunque en la primera parte del 2019 ha llovido, temen que una nueva canícula los afecte.
Este agricultor, que tiene otros cinco hijos a quien mantener, asegura que no han recibido ayuda ni del alcalde ni del gobierno. Para él o su familia no hubo cupones del Ministerio de Agricultura ni hay acceso a algún programa social del Ministerio de Desarrollo Social.
Aunque pide que les ayuden con maíz y frijol “por lo menos”, su principal preocupación es qué hará para pagar los Q30 mil que le cobró el coyote para llevarse a Juanito, como él lo recuerda, debido a que dio en garantía los papeles del terreno donde viven y si no paga a más tardar en septiembre lo podrían sacar de su vivienda.
“Juan me dijo que le consiguiera ese dinero para irse a los Estados —Unidos— ahora lo debemos y no sabemos cómo pagarlo. Dimos el pisto, no pensamos que Juan iba a morir, pero murió y ahora hay que pagarlo”, señala con resignación.
El drama de Tizamarté, Tanerjo lo resume en esta frase: “El Gobierno no ha dado nada, aquí solo por el poder de Dios tenemos algo y los niños sufren porque a veces solo comen una vez al día, pero aquí no se puede más”.
La conversación la cierra el padre de Juan con un aterrador “hay aldeas que están peor”.
“Estamos abandonados”
Del otro lado del país, en Huehuetenango, la situación no es diferente.
Según líderes comunitarios de Yalambojoch, aldea de Nentón, lugar desde donde migró el niño Felipe Gómez Alonzo, quien murió el 25 de diciembre del 2018 mientras estaba en custodia de la Patrulla Fronteriza de EE. UU., tras el fallecimiento del menor, la gente lloró, la familia guardó el luto correspondiente y después la vida siguió igual.
Lo que sí es cierto, comenta Lucas Pérez un líder de la comunidad, bajó la intensidad de la migración porque ya no hay muchos menores de edad y los que quedaron ya están por cumplir los 18 años y el incentivo para migrar ya no es el mismo.
Pérez precisó que tras la muerte de Felipe nadie del Gobierno se acercó para preguntar qué puede hacerse por la comunidad o si es necesario incluir a las familias en los programas sociales. “Aquí nosotros estamos muy abandonados y aislados de las instituciones”, comentó el líder social, quien refiere que Yalambojoch tiene muchas necesidades, pero sobre todo requiere de fuentes de empleo y oportunidad de estudio para los jóvenes.
Felipe Gómez Domingo es maestro de la escuela de la comunidad. Dio clases al niño migrante que falleció cuando iba en compañía de su padre.
Coincide con Pérez en que “nada se ha escuchado” después del entierro del niño y la gente continúa sumida en la extrema pobreza y sin oportunidades de obtener un trabajo. “La gente no tiene a donde o a quién acudir para sobrevivir diariamente”, expuso Gómez Domingo.
Ante tal situación, el maestro afirma que estando Yalambojoch muy cercano a la frontera con México “la única facilidad de sobrevivir y obtener algo para sobresalir es la migración y ya trabajo formal o la agricultura ya no hay”. Además, los jóvenes terminan la primaria y luego los básicos, pero después no hay fuentes de empleo, con lo cual la desesperación se apodera de los jóvenes.
“Todos prometen, pero nadie cumple”
El deterioro de las condiciones socioeconómicas no discrimina y así como golpea al oriente y occidente también lo hace con las Verapaces.
Cubulco, en Baja Verapaz, es un ejemplo de donde la necesidad ha empujado a cientos de jóvenes a buscar el “sueño americano”, intento en el cual dos migrantes han muerto, María Herlinda Ruiz Tapería, de 23 años, falleció en diciembre pasado en una emboscada en Veracruz, México. Y Carlos Gregorio Hernández, menor de 16, quién fue hallado muerto en un centro de detención de Weslaco, Texas, el pasado 20 de mayo.
De la aldea San José el Rodeo de ese municipio en el cual el 80 por ciento de su población vive en pobreza migró el adolescente de 16 años que se destacaba porque tocaba en el coro de la iglesia y tenía talento para jugar futbol.
A más de un mes de la muerte del joven , Victoriano Cotzalo, quien preside el Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) da el mismo testimonio que en el resto de aldeas desde donde migraron otros menores que fallecieron: “Nadie del gobierno ha llegado a hablar de soluciones para disminuir que los jóvenes no se vayan. En época electoral solo algunos candidatos visitaron la aldea, pero ni el pésame le dieron a la familia.
Cotzalo refiere que les gustaría que la Embajada de Estados Unidos llegara a la comunidad y ofreciera alternativas para que los jóvenes no se vayan a ese país, porque “toda la vida los gobiernos ofrecen y nunca cumplen”.
“En la aldea los jóvenes necesitan estudiar y tener una carrera, pero no hay dinero para eso. Sacan primaria y básico, pero después cuesta seguir, y ellos necesitan dinero y por eso es que se van para Estados Unidos porque ni ellos ni los papás tienen”, precisó el líder local.
Les construyeron una casa, pero…
El 8 de diciembre del año pasado, la sociedad estadounidense se conmocionó al conocerse la muerte de la pequeña Jakelin Caal, de 7 años, que junto con su padre, Nery Caal, había migrado desde la empobrecida San Antonio Secortez, aldea de Raxruhá, Alta Verapaz.
Al igual que en los casos anteriores, los medios llegaron hasta ese lugar y se organizaron campañas para apoyar a la familia, pero a más de seis meses de la tragedia, nadie dice que acciones se van a adoptar para reducir la pobreza y con ellos evitar que más gente migre a EE. UU.
Pedro Icó, comunicador social de la Municipalidad de Raxruhá, comentó que el alcalde gestionó la construcción de una vivienda para la familia ante el Fondo de Desarrollo Social, y aunque los trabajos han avanzado, todavía no la entregan.
Pero fuera de esto, señaló Icó, nadie se ha pronunciado sobre si la comunidad va a ser beneficiada en algo, si se incluirán a sus habitantes en programas sociales o si puede haber otra alternativa para evitar que ocurra otra tragedia migratoria como la de Jakelin Caal.
Mientras nada suceda la gente seguirá viendo la migración como la única alternativa para sobrevivir. El mismo Icó precisa que hoy en día el padre de Jakelin ya tiene un empleo en EE. UU. y las primeras remesas que ha enviado han significado un alivio para la familia.
Se consultó a la Secretaría de Comunicación Social por qué el gobierno no ha llevado atención a estas comunidades; sin embargo, al cierre de esta nota no habían respondido.
Declaraciones sobre el tema migratorio
Pero el poco interés por el tema migratorio no solo se ve en la falta de acciones del Gobierno en las áreas expulsoras de migrantes. Según analistas, las declaraciones que ha dado la canciller Sandra Jovel no dan ninguna esperanza a los migrantes ni a los que regresan deportados ni aquellos que piensan dejar el país.
La semana pasada, por ejemplo, Jovel habló del “buen trato” que las autoridades estadounidenses le dan a los migrantes, luego de una visita que efectuó a albergues en la frontera sur de EE. UU. junto con el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, y la esposa del presidente Patricia de Morales.
Sin embargo, la canciller obvió referirse a la denuncia que hizo un grupo de abogados y que fue replicada abundantemente por los medios de comunicación sobre maltratos y condiciones “infrahumanas” en que fueron hallados cientos de niños en un centro de detención de la Patrulla Fronteriza en Clint, Texas.
Las denuncias fueron de tal magnitud que llevaron días después a la dimisión del director interino de la Patrulla John Sanders.
Lo que sí no pasó por alto Jovel fue pedir a las madres y familias guatemaltecas, tal como lo hacen las autoridades estadounidenses, que no expongan a sus hijos en un peligroso viaje ya que ir con menores no es garantía de que se les permita quedarse en EE. UU.
A lo anterior se suma que las declaraciones del gobierno de Guatemala han sido poco contundentes para exigir justicia en el caso de las muertes de los menores migrantes ocurridas mientras estuvieron en custodia de la Patrulla Fronteriza o causas relacionadas a esta, que desde mayo del 2018 suman seis.
Deportaciones masivas
El mismo día, la ministra de Relaciones Exteriores, pareció por momentos ser un portavoz del gobierno estadounidense cuando anuncio que las “en breve” comenzarían las deportaciones masivas de migrantes guatemaltecos, e incluso sabía que las primeras serían desde el estado de Florida.
Jovel dijo que de ser necesario movilizarán personal de otros consulados para dar acompañamiento a los procesos de deportación; sin embargo, no dijo una palabra sobre las acciones que el Gobierno de Guatemala tomará para atender en el país a esa población retornada, que podrían ser cientos de miles, de acuerdo con sus palabras, porque se calcula que actualmente viven en EE. UU. 2.7 millones de guatemaltecos de los cuales solo 400 mil tienen un estatus legal.
Se necesitan planes de inserción
El analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, Ricardo Barrientos, expuso que de ocurrir deportaciones masivas hacia Guatemala agudizaría la crisis económica y social que ya de por sí atraviesa el país, con una disminución en casi todos sus indicadores económicos, como la inversión pública, privada y extranjera directa en los últimos cuatro años, a lo cual se le suma el encarecimiento de los productos de la canasta básica.
Para Barrientos una de las causas del aumento de la migración es “la incapacidad del estado para cumplir sus obligaciones mínimas en salud, educación, seguridad, oportunidades de desarrollo e infraestructura” por lo cual con eventuales deportaciones masivas “la cantidad de personas con necesidades insatisfechas va a crecer”.
El analista ve un panorama de gris a oscuro si se llegan a cumplir la amenaza de Trump ya que por más capacidades que haya aprendido un migrante en EE. UU. en Guatemala no suficiente empleo.
Esfuerzos aislados
Los esfuerzos por ayudar a los retornados a hallar un trabajo formal en Guatemala se limitan a ciertas iniciativas de organizaciones no gubernamentales, como la Fundación Avina y el Programa Guate te Incluye, que con sus aliados ha logrado colocar a unas 300 personas en empresas desde que comenzó.
Aparte, el Ministerio de Trabajo informó que cuenta con una ventanilla para atender a esta población que comenzó a funcionar el año pasado y que por el momento ha atendido a dos mil 73 personas y colocado a 20 en un empleo formal. También ya dado becas a 400 retornados entre 2018 y 2019.
Aunque el Ministerio podría ampliar estos programas, siempre y cuando cuente con más presupuesto, las cifras de personas colocadas en un empleo formal parecen insignificantes ante la enorme cantidad de deportados que registra Guatemala.
Solo en los primeros seis meses del 2019 se registran 35 mil retornos desde EE. UU. muchos que tenían años de vivir en ese país y a quienes les es dificultoso adaptarse a la cultura y forma de vida nueva o que ya habían dejado atrás.
Para Cintia Loria, directora de la Fundación, el proceso de retorno de los migrantes debe ser integral, es decir, la atención no debe limitarse a la recepción en la Fuerza Aérea y a registrarlos.
“Para un retornado es difícil ubicarse por sí solo, necesita atención psicológica para aceptar esa derrota, luego orientarse para cumplir con una serie de requisitos y trámites para ubicarse en el país. Estos proyectos -de inclusión labora- son importantes por el inminente anuncio de redadas y deportaciones”, expuso Loria.
No terminan de avalar plan
Y mientras la tragedia migratoria transcurre, las autoridades guatemaltecas pareciera que, no solo no cuentan con planes claros para apoyar el desarrollo rural de los pueblos, sino que tampoco tienen prisa por adherirse a iniciativas desde el extranjero que podrían favorecer ese objetivo.
Como ejemplo, el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica que anunció México hace dos semanas, que incluye el programa Sembrando Vida, mediante el cual se invertirán US$30 millones en El Salvador en la reforestación de áreas devastadas.
Al acto de inauguración no fue invitado el Gobierno de Guatemala, aparentemente por discrepancias con el contenido del acuerdo.
En ese sentido, Jovel precisó que el acuerdo no se ha ratificado porque hubo ciertas modificaciones que Guatemala solicitó, pero que no se hicieron.
La canciller que el tema migratorio lo trabajan con el Gobierno de Estados Unidos “que es con quien tenemos que trabajar”; no obstante, a la fecha el abordaje del tema migratorio entre ambos gobiernos ha girado en torno a medidas restrictivas y coercitivas para detener el éxodo masivo desde el Triángulo Norte y luchar contra la trata de personas, y poco o nada se ha mencionado sobre medidas integrales para reducir las verdaderas causas que obligan a los guatemaltecos a salir del país: la pobreza y falta de oportunidades de vida.
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