Si las oportunidades eran escasas antes de la emergencia sanitaria, con el coronavirus todo se agudizó más, cuentan los pobladores que han tenido que decir adiós a más de algún familiar.
Los habitantes de Comitancillo siguen teniendo muy presente la masacre de 11 guatemaltecos en Tamaulipas, México, el 22 de enero pasado, pero pese a ello la migración desde ese poblado no se detiene. Por algunas semanas, como mucho un par de meses, nadie intentó salir rumbo al norte, en parte por temor y en parte por la pandemia, pero después de ese lapso comenzó a escucharse en las calles del municipio que varias personas habían decidido emprender el viaje.
Moisés pagó Q105 mil —unos US$13 mil 500— por un traslado irregular que se prolongó un mes. Su madre lo apoyó con la escritura de su casa para obtener un préstamo y marcharse del país en busca de un mejor futuro, no solo para él sino para su familia en Comitancillo.
“Hablé con ella, le comenté que tenía ganas de irme y me dijo que me prestaría la escritura de su casa”, recuerda.
“Me puse muy feliz cuando accedió a ayudarme. Soñaba con salir de allá porque las cosas están muy difíciles. Intenté abrir una tienda —de artículos de consumo diario—, pero no me funcionó. Ya estoy aquí. Cuesta conseguir trabajo, pero en mi caso lo tengo porque había amigos y paisanos que me ayudaron. Es matado el chance —trabajo—, pero vale la pena”, relata a Prensa Libre a través de una videollamada.
“Me vine con todo, con mucha ilusión, aunque también con miedo porque muchos paisanos se han muerto en el camino. Gracia a Dios lo logré”, agrega.
Aunque estuvo encerrado por más de 15 días en una bodega en la frontera de México con EE. UU., “porque las cosas estaban calientes —peligrosas—”, logró llegar a Nueva York, donde lo cobijaron otros comitecos.
“Trabajo en la construcción, que es donde mejor se gana, y mi sueño es honrar la deuda con mi mamá y regresar en unos 10 años a Guatemala, si Dios quiere”, puntualiza.
Moisés viajó con otras 13 personas y caminaron por una ruta “segura”, dice. El grupo lo integraban pobladores de la capital, Comitancillo, San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango y hondureños. Solo uno no pudo lograrlo porque lo venció el clima del desierto. Sus compañeros no pudieron hacer nada y Moisés ignora qué fue de él.
En el trayecto los acompañaron dos personas, los guías, como les llaman. Ellos se encargaron de alertar de los peligros y lo que debían hacer. Una mochila con poca comida y algo de agua fue lo único que cargaron. Padeció hambre y sed y tuvieron que beber agua sucia. “Es duro, no es fácil, y ahora hay muchos más peligros”, admite.
Cuestión de suerte
Sin embargo, Moisés es afortunado, por decirlo de alguna manera, porque en los últimos meses han muerto varios pobladores de aldeas de Comitancillo. Él recuerda a por lo menos cinco conocidos suyos que no llegaron a su destino por las implacables condiciones del desierto y las rutas equivocadas de los coyotes. Otros más fueron capturados y deportados hacia México.
Y se siente más afortunado porque en esos días de inicios del año pasado 11 vecinos comitecos se preparaban para viajar a EE. UU. con un “coyote conocido y local”, pero fueron masacrados en Camargo, Tamaulipas, por policías mexicanos.
En aquel fatídico 22 de enero de 2020 murieron Marvin Alberto Tomás López, de 22 años; Rivaldo Danilo Jiménez Ramírez, 17; Anderson Marco Antulio Pablo Mauricio, 16; Santa Cristina García Pérez, 20; Iván Gudiel Pablo Tomás, 22; Osmar Miranda, 19; Edgar López, 24; Robelson Elías Tomás, 17; Élfego Miranda Díaz, 40; Adán Coronado, 31, y Uber Feliciano, 17.
Las familias de estas personas hicieron lo mismo que Moisés: pedir un préstamo para pagar al coyote y emprender el viaje hacia un lugar que les ofreciera un mejor futuro.
Para comenzar la travesía les cobran Q20 mil y el resto debe entregarse en territorio estadounidense. Ese es el trato, y quien no paga es regresado a la frontera.
Los 12 agentes que fueron detenidos por el crimen confesaron haberles dado muerte, pero no desmembrado ni quemado. De esto último responsabilizan a un grupo de narcotraficantes que controla el paso que usaron los migrantes guatemaltecos.
Casi se cumple un año y las familias siguen llorando a sus muertos mientras esperan una reparación digna por parte del Estado mexicano o del guatemalteco. La historia de Moisés es la misma de los 11 paisanos suyos que para salir de la pobreza tuvieron que hipotecar terrenos, casas y otros bienes. Pero ellos no lo lograron: la vida se acabó en la frontera.
Ofrendaron sus vidas
El concejal Werner Orozco reconoce que en Comitancillo las oportunidades son escasas y que esta tragedia no detuvo la migración.
“Las personas siguen buscando en el norte su opción de vida, a pesar de tanto riesgo”, dice Orozco.
“Ya va a cumplirse un año de esto. Ellos iban en busca de una mejor vida para sacar adelante a sus familias”, apunta.
Según Orozco, en Comitancillo “no hay oportunidad de empleo”, y por ello un gran número de pobladores ha migrado a Estados Unidos. “Gracias a ellos se ha beneficiado el país y el municipio. Las remeses han sido fundamentales, pero muchos han muerto en el intento”, se lamenta.
El concejal asegura que “será imposible parar la migración y muchos lo siguen haciendo. Hace poco siete comitecos fueron interceptados, y así ha habido más casos”.
“Yo soy aldeano, tengo mis vecinos, uno habla, se entera de que fulano ya se fue. Cada dos o tres semanas se van. La migración no va a parar”, subraya.
“Hay mucha gente graduada, con título, pero no tiene las oportunidades, y las personas que no tienen título también se van”, concluye.
Los que se quedan
Ángela López e Ingrid Tomás López, madre y hermana del futbolista Marvin Alberto, conocido como el Zurdo y masacrado en Tamaulipas en enero del 2021, han afrontado grandes dificultades en los últimos meses. Además del dolor por la pérdida, el joven era el sostén de la familia, tanto de su madre como de sus hermanas solteras.
“Lo que pasó con ellos no ha sido fácil para nosotros, olvidarlo no es tan fácil. Le hemos pedido a Dios para que nos dé fuerzas”, manifiesta Ingrid.
La principal preocupación ha sido la madre, porque es de la tercera edad y Marvin era quien se encargaba de sus gastos personales y médicos.
“Era el hombre de la casa, quien nos apoyaba”, afirma Ingrid.
Dos de las hermanas están casadas y las otras dos vivían con Marvin y su madre. De hecho, por las circunstancias y porque se endeudaron para que él viajara, la mayor está pensando en migrar.
“Sí hubo deuda. Empeñamos el documento del terreno, lo poquito que tenemos, pero lo estamos resolviendo, seguimos pagando”, asegura Ingrid.
“Aquí muchas personas quieren irse porque no hay empleos, un sueldo fijo. Mi hermana mayor, la que cuida a mi mamá, se quiere ir a Estados Unidos”, expresa Ingrid.
Y esta probable nueva situación plantea otro desafío, pues aunque la idea de migrar de una de ellas es para conseguir lo que Marvin intentó, las hermanas que permanezcan en el país deberán organizarse para cuidar a la señora.
Mientras la familia decide qué hacer, siguen esperando que alguna autoridad se comunique con ellos y les ofrezca una reparación digna.
Dolor y angustia
Santa Cristina tenía 20 años y se había mudado primero con su hermano mayor a Zacapa, para dedicarse al trabajo doméstico.
“Se fue porque en la comunidad no hay trabajo. Quería ganar dinero para apoyarme a mí y su hermanita, Ángela, de 1 año y ocho meses, quien padece de labio leporino”, explicó Olga Pérez Guzmán, madre de la víctima.
La intención de Santa Cristina era trabajar duro para ayudar a su familia y pagar la cirugía de su hermana. Murió en Tamaulipas.
Ricardo García Pérez es el padre de la joven, todos originarios de la aldea Tuilelén, Comitancillo.
“Desde que falleció la finada Santa luchamos por repatriar su cadáver, para darle cristiana sepultura. Hemos intentado superar la pena. Como familia nos encontramos más o menos bien. Aún nos hace falta mucho, porque su presencia física era importante”, manifiesta García Pérez.
Agrega que la deuda que contrajeron para pagar el viaje la pudieron cancelar. “Ya no tengo deuda, la escritura que fui a depositar con el dueño del préstamo la recuperé gracias a los hermanos y amigos que se unieron y nos apoyaron. Estamos libres de deuda”, asevera.
Y es que esta familia, como las restantes, había acordado pagar Q110 mil —US$14,100— por el viaje.
De la familia de Santa Cristina ninguno decidió, más adelante, ir a EE. UU. “por la pena de lo que pasó con ella”.
“No tenemos ánimo para mandar a nadie más, por el miedo de lo que pasó en Tamaulipas”, sentencia el padre.
Hasta ahora no tienen información de cómo avanza el caso. “Estamos esperando la información de cómo va el proceso con los que asesinaron a nuestros familiares. No sabemos nada hasta ahora. Estamos a la espera de una reparación digna y de la justicia, que no haya más asesinatos. Todos somos libres para ir de un lugar a otro y no es justo que los maten”, señala.
“Las autoridades mexicanas aseguraron que lucharán para que no se repita la historia. Eso nos dijeron y esperamos que así sea”, agrega.
Su mano derecha
Rivaldo Danilo Jiménez Ramírez habría cumplido 18 años en mayo pasado. Se graduó de bachiller en mecánica automotriz, pero nunca pudo conseguir un empleo en su comunidad y para ello debía desplazarse a la cabecera de San Marcos o hasta
Quetzaltenango, pero nunca tuvo los recursos para hacerlo, sobre todo, por lo poco que pagan.
Entonces, graduado y con su título se dedicaba a labrar la tierra. Ganaba Q50 al día. Su madre, Judith Ramírez y Ramírez, recuerda que la idea de viajar a EE. UU. surgió porque allí estaba su hermana mayor, quien se había ido meses antes.
El sueño era el común de las víctimas, “ayudar a mejorar la condición económica de sus familias”.
Rivaldo Danilo vivía con sus padres y seis hermanos en el Centro 2 de la aldea Tuilelén, a 45 minutos de la cabecera.
Su padre, Rodolfo Jiménez Marroquín, recuerda que su hijo llevaba mucha ilusión para sacarlos adelante. “Han sido meses difíciles. Ha costado porque era mi mano derecha, era un hijo respetuoso, responsable del trabajo, porque íbamos al campo, íbamos con la gente para ganarnos la vida. Me he quedado solo y me está costando, porque no hay ganas de trabajar, por la pérdida de él, porque nos echó la mano para sacar adelante a la familia”, reconoce con pesadumbre.
Pero no todo ha sido malo. Los vecinos, familiares y otras personas se unieron para apoyarles económicamente y así pudieron pagar la deuda que adquirieron para enviarlo a EE. UU.
Entre el covid-19 y la ausencia
Álvaro Miranda Temaj es el padre de Osmar Neftaly Miranda Baltazar. Ellos son originarios del Sector 2 de la aldea Chijalaj, Comitancillo. Afirma que desde la muerte de su hijo la vida ha sido más dura.
“Hemos tratado de aceptar la situación, de defendernos de las enfermedades. Me he dedicado a trabajar y esto ha sido un alivio para poder superar la pérdida. Ahora estamos pensando en el cabo de año para recordarlo y rezar por él”, expresa.
Según Miranda, van a recordarlos —a todas las víctimas— como se merecen. “El 13 de enero vamos a solicitar una misa para todos, y luego rezaremos un novenario. El 22 o 23 sacaremos la cruz para encaminarnos al calvario y al cementerio. Queremos recordarlos como se merecen”.
Sobre la deuda del viaje refiere que fue necesaria porque “donde vivimos no se puede hacer nada. Entonces empeñamos una casa para obtenerlo y para pagarlo vendí un terreno y con eso saldé el capital y los intereses”.
“No podía quedarme sin casa porque tengo hijos pequeños. Confiamos en Dios. Mis hijos han estado al pendiente, me han apoyado. Gracias a Dios ya no tenemos la deuda”, dice.
Además, el apoyo de su primer hijo, quien se fue en octubre del 2020, meses antes de que Osmar Neftaly lo intentara, ha sido vital. “Él está haciendo sus cosas, y claro que me ayuda a mí también”, revela.
Sobre el apoyo de las autoridades, ni rastro. “No nos han ayudado en nada, no los hemos visto. Ni siquiera de parte del alcalde, que prometió dar algo para el traslado de los cuerpos de la capital a la casa. Al final México se encargó de eso”, reclama.
Miranda le pide a México “que respete a la gente que va de paso. Aquí en Guatemala no hay muchas oportunidades, ni porque nuestros hijos estén graduados. Si agarran a nuestra gente en México, pedimos que les respeten sus derechos, que no los maten”.
