En un comunicado emitido este 26 de octubre por la Fundación para la Justicia y la Red Jesuita con Migrantes de Guatemala se informa que 11 de los 12 agentes vinculados a la masacre recibieron la condena máxima de 50 años, y otro que colaboró en el esclarecimiento del hecho fue sentenciado a 19 años de prisión.
Señalan que transcurrieron más de mil días desde que tres unidades de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas y tres del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) de esa entidad “persiguieron hasta dar alcance a dos vehículos en donde viajaban 17 personas migrantes y dos mexicanas (presuntos coyotes)”.
Señalan que los agentes del orden detuvieron, torturaron y asesinaron a las 19 personas, a algunos del dieron el tiro de gracia y les prendieron fuego.
El documento señala que luego, los policías manipularon la escena del crimen y desaparecieron parte de la evidencia, con lo que pretendían simular un evento distinto y evadir su responsabilidad.
Explican que el pasado 14 de septiembre de 2023, el Juez Unitario de Enjuiciamiento del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas de la Primera Región Judicial, Patricio Lugo, emitió fallo condenatorio y esta semana fijó la pena de los años de prisión que debían cumplir los policías.
“Las personas asesinadas eran personas que tenían sueños de superación, de ayudar económicamente a sus familias y con el sólo hecho de pisar tierra mexicana adquieren todos los derechos como cualquier ciudadano… (No por su estatus migratorio) puede justificarse que sean asesinados”, dijo el juez Patricio Lugo, al momento de establecer la pena, se menciona en el documento.
Delitos
Los policías fueron condenados por los siguientes delitos:
- Homicidio calificado
- Abuso de autoridad
- Delitos cometidos en el desempeño de funciones públicas
Se menciona que sumando todos estos delitos, la condena habría sido con penas de entre 969 y 975 años de prisión; sin embargo, el Código Penal de Tamaulipas establece como pena máxima 50 años de prisión, la cual fue la que recibieron, se explica en el comunicado.
“La Masacre de Camargo demuestra que en México, agentes del Estado todavía torturan y asesinan a personas migrantes, sin olvidar que hay otras masacres de migrantes que siguen impunes, bajo investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) que no terminan, enfrascadas en maquinarias de impunidad”, se lee en el documento.
Añade que las familias de las víctimas de la masacre, de origen guatemalteco y a quienes acompañaron legalmente en todo el proceso, reconocen un fallo justo; sin embargo, se menciona que eso no alivia el dolor de la pérdida de sus seres queridos ni quita la tristeza en sus rostros.
“Muchas de ellas -familias de las víctimas- se quedaron sin el sustento para sus hijos, sin alternativas de vida en un país golpeado por la violencia, la pobreza, y una crisis política y social sin precedentes. La sentencia tampoco ha podido resolver su pregunta constante: ¿por qué los mataron?
“El mensaje de que están permitidas”
En el comunicado también se señala que reconocen la importancia del fallo para el caso concreto, pero que también por su significancia para quienes llevan años buscando justicia en otras tragedias y masacres de personas migrantes.
“No podemos dejar de recordar la deuda del Estado mexicano en otros casos emblemáticos de violaciones graves a los derechos humanos de la población migrante, que se encuentran en la impunidad”, se lee y cita los hechos.
- Masacre de 72 personas migrantes en 2010
- Masacre de Fosas Clandestinas 2011, con 196 víctimas
- Masacre de Cadereyta 2012, con 49 víctimas
- Masacre de Güémez en 2014, 16 víctimas
Señalan que: “en total son 333 víctimas, en su mayoría de origen migrante, cuyas familias reclaman verdad, justicia y reparación integral del daño por más de una década, buscando también que estos actos atroces no vuelvan a ocurrir”.
“La impunidad en esos casos constituyó la antesala de la Masacre de Camargo, pues cuando la impunidad prevalece, el mensaje que se manda es de permiso para matar. La justicia será alcanzada hasta que todas las víctimas de las masacres tengan justicia, hasta que el sistema mexicano garantice la reparación integral del daño, incluyendo garantías de no repetición”, se lee en el comunicado.
Pendientes del caso
En el documento también se señala que el caso de los migrantes de Camargo, evidencia la falta de investigación de los demás servidores públicos involucrados, como lo son policías que estuvieron presentes, la cadena de mando de los 12 policías y servidores públicos del Instituto Nacional de Migración (INM).
Recuerdan que el vehículo en el que se transportaban los migrantes había sido retenido por la delegación del INM de Nuevo León, en diciembre de 2020, por lo que dos trabajadores del INM y siete policías municipales de Escobedo, Nuevo León fueron imputados, sin que su implicación en la Masacre de Camargo haya sido esclarecida.
Reparación a las familias
Añade que también está pendiente la reparación integral del daño a favor de las familias de los migrantes asesinados, sobre la que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y el Gobierno de Tamaulipas “han guardado un constante silencio que las deja en el desamparo, a pesar de las promesas que hicieran a las víctimas indirectas desde aquel año 2021”.
“Esta sentencia deja el mensaje de que nadie puede violar los derechos humanos de las personas migrantes, no se les puede desaparecer, torturar y mucho menos asesinar, porque habrá una consecuencia, pero sobre todo, no se puede utilizar el cargo público que fue conferido para proteger a las personas, no pueden utilizar ese poder para matar a los migrantes”, se lee en el documento.
Añade: “Que esta sentencia sirva para que a partir del día de hoy, a ninguna persona migrante se le asesine en este país mientras tratan de llegar a Estados Unidos, en búsqueda de una vida digna”.
