Tolerancia Cero, redadas masivas y aumento de deportaciones son algunas de las consecuencias del endurecimiento de las medidas antimigratorias de la administración del presidente Donald Trump, para lo cual no existía un protocolo que diera los lineamientos a las instituciones para atender a ese segmento de la población.
Ahora, con la publicación el pasado 24 de diciembre en el Diario de Centro América de la Política Pública de Protección y Atención a la Persona Migrante 2019-2032, se espera una mejor coordinación de las instituciones involucradas en el tema; no obstante, migrantes en EE. UU. afirman que desconocen de qué tratará la política y que no la reciben pese a que la han solicitado a los consulados.
Miguel Ángel Moir, titular de la Secretaría General de Planificación de la Presidencia (Segeplan), expuso que la Política tendrá cuatro ejes.
Estos son: la protección de los derechos humanos de los migrantes en los países de tránsito y destino así como en su retorno, el fortalecimiento de la red consular, la protección de los derechos humanos de los menores de edad, con énfasis en los no acompañados, y el impulso del uso productivo de las remesas familiares.
Moir destacó que la Política busca “darle expresión o destino al presupuesto de Conamigua” —Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala—. En ese sentido, los recursos de esa institución este año ascendieron a Q34.2 millones de los cuales apenas ejecutó un 20 por ciento.
“El presupuesto de Conamigua no tenía un destino específico más que el aprobado en el Consejo y que no necesariamente estaba orientado en acciones en beneficio de los migrantes”, señaló Moir.
Ejes
El funcionario precisó que la Política, en la cual tendrán obligaciones que cumplir unas 20 instituciones del Estado, deberá traducirse en una mejor atención a los guatemaltecos que radican en EE. UU.
Así, los migrantes en el extranjero tendrían acceso a una atención consular más eficiente, apoyo legal y protección. También serán beneficiados con la obtención mas ágil de sus documentos.
En tanto que, con los migrantes que son deportados, la Política ordena garantizar las condiciones mínimas al momento de arribar, así como facilidades para ser reincorporados a la vida social y laboral de Guatemala.
Uso eficiente de las remesas
Además, destacó Moir, la Política contempla la creación de una estrategia de asesoría económica y financiera dirigida a las familias de migrantes para aprovechar y eficientar el uso de las remesas.
También impulsará alianzas con la banca privada y organizaciones empresariales de guatemaltecos en EE. UU. con el objetivo de generar micro, pequeñas y medianas empresas, principalmente en los municipios con mayor índice de migración.
Mucho tiempo
Los guatemaltecos en EE. UU. recibieron con beneplácito la noticia de la aprobación de la Política, aunque otros aseguraron que no la conocen.
Hugo Mérida, presidente de la Coalición Nacional de Organizaciones Guatemaltecas (Conguate), señaló que la secretaría ejecutiva de Conamigua —a cargo de Carlos Narez— retardó a propósito la presentación de ese plan, aunque desconoce las razones.
“Nos juntamos con el secretario de Conamigua —Narez—, y lo incentivamos para que impulsara la política pública, pero después de más de un año de estarla empujándola con él, desistimos porque él no tiene interés en el tema migrante”, aseguró Mérida.
Sin embargo, Narez rechazó el señalamiento y aseguró que él presentó una propuesta pero que el Consejo de Conamigua la modificó y que, ahora, desconoce de qué se trata, pese a que la institución jugará un papel fundamental en el desarrollo de la Política.
“Nosotros presentamos una política en su momento, pero qué presentaron ellos y qué aprobaron lo desconozco totalmente. Nosotros estamos a la espera de qué documento aprobaron o avalaron”, aseguró Narez.
Rechazó que Conamigua haya retardado a propósito la presentación de la Polìtica, y aseguró que incluso fue de los primeros en presentar propuestas
Aunque, por lógica, Conamigua debería haber abanderado la creación y presentación de la Política, Narez considera que no ocurrió así porque “Cancillería quiere tener la rectoría del tema”, por lo cual reiteró la necesidad de que la institución de la cual él es secretario ejecutivo sea independiente y no dependa del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Moir añadió que los integrantes del Consejo de Conamigua tenían la obligación legal de aprobar la Política y que, ahora, será la secretaría ejecutiva la que tendrá a obligación de implementarla.
“No la conocemos”
Guillermo Castillo, integrante de la organización Cooperación Migrante, afirmó que no han conseguido una copia de la política, pese a que ya lo han solicitado a los consulados de Guatemala en EE. UU.
Añadió que la misma se emitió sin el consenso de la mayoría de las organizaciones de migrantes de EE. UU. por lo cual “hay muchas irregularidades en la publicación del 24 de diciembre”, y es preciso saber si la referida política no contradice el Código de Migración.
“No hay que olvidar que el presidente Jimmy Morales firmó el acuerdo de tercer país seguro que a la fecha la población guatemalteca desconoce”, cuestionó Castillo, para quien esta decreto “puede ser un disfraz para tratar de dar una visión diferente sobre la puñalada que dio el presidente al firmar dicho acuerdo” en julio pasado.
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