La luz del día había comenzado a colarse por la ventana de la cocina, donde Carmen hacía el menor ruido posible para no molestar a sus dos hijos, uno de 26 y otro de 24, que aún dormían. La salud del más joven se había deteriorado en los últimos tiempos y su vida se había volcado, en gran medida, a cuidarlo.
Diez años después de cruzar la frontera sin papeles, Carmen se había reunido con tres de sus hijos. Habían llegado separados a lo largo de los años y se habían quedado, indocumentados. Su otra hija era la única que todavía vivía en México.
“Descansa un poco, mami”, dijo su hija mientras bajaba las escaleras del porche de la pequeña casa rodante donde vivían en esta comunidad de inmigrantes, en su mayoría mexicanos, en la ciudad de Norwalk, en la zona rural de Ohio.
Se abrazaron con cariño, Carmen dijo “Dios te bendiga, te amo” y la vio irse.
Carmen se sentía cansada, el calor de primavera solo empeoraba las cosas y volvió a la cama para tomar una siesta. Poco antes del mediodía, cuando estaba “teniendo sueños”, sonó su teléfono móvil. Ella lo ignoró. La persona, una amiga, volvió a llamar y, de nuevo, ella no contestó. Cuando sonó por tercera vez, se despertó y respondió.
“¿Qué está pasando?”.
“Hermana, tu hija quiere hablar contigo. Pero no puede… Inmigración nos atrapó”.
“Entraron al lugar ofreciendo donuts”
La hija de Carmen había llegado a Estados Unidos ocho meses antes con una visa que ya expiró, y no regresó a su país. Encontró un trabajo en una empresa de jardinería cerca a su casa, donde trabajaban muchos de sus 300 vecinos. Solían salir temprano, cuando alguien venía a buscarlos, y regresaban ya tarde.
Ese 5 de junio, poco después de las 7 horas, cerca de 200 agentes federales armados, al parecer acompañados por perros y helicópteros, llevaron a cabo una sorpresiva redada de inmigración. Agentes encubiertos entraron al lugar ofreciendo donuts y, cuando todos estaban reunidos en una habitación, los sorprendieron gritando órdenes.
Los ciudadanos estadounidenses fueron separados a un lado y los inmigrantes indocumentados a otro. “Queríamos correr”, decía una amiga de Carmen, “pero no podíamos. Si corríamos a un lado, ahí estaban. Si corríamos al otro lado, también allí. Estaban por todas partes”.
Allí, 114 trabajadores indocumentados fueron arrestados. Alrededor de 50 vivían en el parque de casas rodantes.
“No sé qué van a hacer con nosotros. No tenemos trabajo, no sabemos a dónde ir y estamos sin documentos. Tenemos miedo”.
Carmen, madre de una joven arrestada.
Carmen le dijo a su amiga -que había sido capturada pero todavía podía usar su teléfono- que se “animara, que no llorara o estuviera triste”. Luego colgó sin poder hablar con su hija, cerró las puertas y comenzó a orar. “Todo el mundo tenía miedo. Decían que los funcionarios vendrían aquí, porque ya tenían toda la información”.
Los rumores desencadenaron el pánico. Algunas de las 64 casas rodantes fueron abandonadas. Los residentes huían, muchos a una iglesia cercana, donde buscaron refugio. Luego se turnaron para cuidar a más de 80 niños que estaban sin sus padres, en su mayoría nacidos en Estados Unidos, según estimaron activistas.
Dos semanas después, muchos niños aún preguntan a dónde se habían ido sus padres. A menudo los adultos les dicen que no pasaba nada y que volverían pronto. Algunos, sin embargo, es posible que sean deportados y nunca regresen. “Están sufriendo”, dijo Carmen. “Nos duele a todos”.
Los niños rara vez salen al exterior en estos días. Donde solían jugar, hoy solo hay juguetes abandonados. Las calles también están vacías y nadie parece prestar atención a los jardines, alguna vez coloridos. La gente mira con cautela desde las ventanas cuando alguien toca en sus casas rodantes. Una, incluso, ya había sido puesto a la venta.
La paz que alguna vez tuvieron, dice Carmen, ya no existe.
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La tragedia por venir
Con el arresto de su hija −Carmen no quiso revelar su nombre por temor a represalias−, la salud de su hijo empeoró. Primero dejó de comer y, cinco días después, ya no habló. “Se puso realmente triste”, dijo. Diez días después del operativo, vomitó y se desmayó.
Cuando los doctores vinieron a verlo, ya estaba muerto. Carmen quedó devastada.
“Lo que están haciendo es castigarnos. [No] hemos matado a nadie, no somos criminales… ¿Solo porque [nosotros] no somos de aquí?”, pregunta ella, llorando. “No sé qué van a hacer con nosotros. No tenemos trabajo, no sabemos a dónde ir y estamos sin documentos. Tenemos miedo”.
Los voluntarios que vinieron a verla a ella y otros familiares quedaron preocupados por los signos de ansiedad y depresión que mostraban muchos de ellos. A menudo rompían a llorar cuando hablaban de cómo estaban luchando por vivir −algunas casas rodantes ya habían sufrido cortes de electricidad, porque los residentes no habían pagado las facturas− o las cosas que les podían pasar a sus familias.
Pero no estaban sorprendidos. Los críticos dicen que las redadas a gran escala en los lugares de trabajo, que son parte de la represión del presidente Trump contra la inmigración ilegal, están diseñadas con la intención de aterrorizar a las personas en situación de riesgo.
En abril, un día después de que 97 trabajadores fueron arrestados en una planta empacadora de carne en Bean Station, Tennessee, cerca de 530 niños faltaron a la escuela. “Lloré”, dijo un maestro, “preguntándome cuál de mis alumnos no tenía padres”.
“¿Van a encontrar estadounidenses para hacer [esos trabajos] por primera vez en 50 años? ¿De repente, los estadounidenses van a volver al campo con una pala?”.
Veronica Dahlberg, directora ejecutiva de Hola Ohio.
La redada más grande en una década
Inmigración y Aduanas (ICE) dijeron que habían investigado el Centro de Flores y Jardines de Corso desde octubre pasado, después de arrestar a una mujer sospechosa de vender documentos de identidad robados a personas que estaban en el país de forma irregular.
Ella los condujo a la compañía, donde descubrieron que los números de Seguridad Social que usaban algunos empleadores pertenecían a personas muertas. Corso negó saberlo y dijo que pedía documentos “honestos y legítimos” a su personal.
Dos semanas después de la redada, los funcionarios registraron a un gran proveedor de carne en Massillon, también en Ohio, y arrestaron a 146 personas, la redada más grande en un lugar de trabajo en una década. Cuando esto sucedió, una empresa de paisajismo en Oberlin, junto a Norwalk, les dijo a sus trabajadores que los que no tuvieran un estatus legal deberían irse. Cerca de 80 personas, incluidos los vecinos de Carmen, se fueron.
“Vivimos con miedo”, dijo, “si salimos ya no sabemos si seremos arrestados”.
A medida que ICE es cada día más el estandarte de la línea dura de la inmigración -en especial después de que más de dos mil 300 niños fueron separados de sus padres por la fuerza en la frontera con México, como parte de la política de “cero tolerancia”, ahora abandonada por Trump−, existen cada vez más solicitudes para que se desmantele la agencia de 20 mil efectivos creada en 2003.
Carmen y su hijo mayor, que también estaba sin trabajo, se mudaron a la casa rodante de un amigo donde los mensajes religiosos decoran las paredes. Uno dice “Dios te ama”, otro “El Señor es mi pastor”. Dios, dice Carmen, los protegerá. El esposo de su amiga también había sido arrestado en la redada y ella quedó con sus dos hijos adolescentes, uno de ellos autista.
“Esta región está llena de trabajadores migrantes”, dijo. “Si se van todos, ¿qué pasará con las compañías?”.
Peter Skerry, profesor de Ciencias Políticas −solía trabajar como experto del Instituto Brookings−, escribió en 2013 que los estadounidenses se habían vuelto dependientes de los inmigrantes irregulares. Estaban dispuestos a trabajar largas horas, sin previo aviso, y por salarios más bajos −a menudo demasiado bajos−.
“Muchos son empleados de manera indirecta por subcontratistas que asumen el riesgo de eludir la ley”.
A medida que la economía crece y el desempleo cae, muchas empresas dicen que están desesperadas por encontrar trabajadores, en especial los que realizan trabajos manuales.
Algunos sectores se quejan de que las restricciones en el número de visas temporales, otorgadas a los extranjeros, han dejado lugar para trabajos no agrícolas difíciles de llenar porque no son atractivos para los estadounidenses.
“Las empresas no pueden sobrevivir sin el trabajo de los indocumentados”, dijo Veronica Dahlberg, directora ejecutiva de Hola Ohio, un grupo comunitario latino. “¿Van a encontrar estadounidenses para hacer [esos trabajos] por primera vez en 50 años? ¿De repente, los estadounidenses van a volver al campo con una pala? No lo creo”.
Las autoridades, sin embargo, rechazan las críticas a las redadas, diciendo que el empleo ilegal es uno de los principales imanes que atraen a inmigrantes indocumentados al país, y han prometido que quienes los empleen también serán castigados.
Llamadas desde la prisión
Algunas veces por semana, la hija de Carmen la llama desde el centro de detención en Battle Creek, en el estado vecino de Michigan, donde esta recluida con algunas de las otras mujeres de Corso. Los activistas habían entregado a los arrestados parte del dinero que habían recaudado, para que pudieran hablar con sus familias. Las conversaciones fueron muy emotivas y le dieron un poco de alivio a Carmen, que no la había visitado en la cárcel.
Pero Carmen se preguntó qué seguía. Cualquier decisión para ella y sus vecinos no sería fácil. Para los cerca de 11 millones de indocumentados en Estados Unidos, la legislación actual hace que sea imposible legalizar su situación.
¿Deberían volver a México? ¿Deberían mudarse a otro estado? ¿Sería mejor quedarse donde están?
“Mucha gente piensa que es una cuestión de pereza, que la gente no está interesada en legalizar su estatus”, dice Jessica Ramos, abogada de Advocates for Basic Legal Equality, una empresa sin ánimo de lucro con sede en Ohio que brinda asistencia legal a algunas de las familias. “No es el caso. La mayoría de la gente no tiene un camino”.
Es un tema que genera división. Si bien existe un amplio apoyo para ofrecer la ciudadanía a los jóvenes inmigrantes traídos al país de manera irregular, conocidos como Dreamers, los conservadores se oponen a cualquier plan que allane el camino para que las personas mayores también puedan obtener sus documentos.
“Ilegal es ilegal”, dice un residente de la tranquila ciudad de Norwalk, donde Trump obtuvo el doble de los votos que Hillary Clinton en 2016 y no todos sus 17 mil habitantes dieron la bienvenida a los inmigrantes indocumentados.
“'Adiós'”, dice otro en español de manera sarcástica. “Es la ley y están aquí de forma ilegal. Podría ayudar a la policía a expulsarlos”. Un dueño de una pequeña empresa dijo: “Soy 'America First' y no deberían estar aquí”.
“No es que Norwalk sea el problema”, dijo el alcalde Rob Duncan, un republicano. “Son las leyes que no se han seguido, no se han corregido y ese tipo de cosas que deben ser atendidas… Es un gran problema [y] va a requerir soluciones a nivel nacional”.
Carmen todavía esta de luto por la muerte de su hijo. El funeral había sido el día anterior. Las circunstancias que lo llevaron a su muerte no estaban claras y ella estaba tratando de enviar el cuerpo a México para ser enterrado, pero no sabía si sería posible.
Los arrestados podrían enfrentar cargos penales, incluidos robo de identidad y evasión de impuestos. Varios ya han sido liberados, mientras que otros tenían antecedentes penales y órdenes de deportación anteriores. Es probable que permanezcan bajo custodia.
“Reconozco que este no es nuestro lugar, pero Dios sabe por qué estamos aquí. Por necesidad”, dijo. “Rezo a Dios, porque sé que tocará el corazón de Donald Trump”.
