La divulgación del arribo del primer hondureño solicitante de asilo que EE. UU. envió a Guatemala ocurrió casi en secreto. No fue sino hasta 10 minutos antes de la llegada que la oficina de Comunicación del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) informó que el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart y la canciller, Sandra Jovel, darían una conferencia de prensa en la Fuerza Aérea, lugar donde arriban todos los deportados desde aquel país.
La implementación del controvertido acuerdo era inminente. Ya medios estadounidenses lo daban por hecho un día antes, y a pesar de que el Congreso de Guatemala no lo ha conocido y aprobado, como lo ordenó la Corte de Constitucionalidad, las agencias del Gobierno de EE. UU. ya giraban instrucciones para echarlo a andar.
Sin embargo, para el vicepresidente Jafet Cabrera y el titular de Gobernación, no existe ninguna ilegalidad al haberse implementado el convenio de cooperación.
“Se estableció que no necesitaba ir al Congreso de la República —el acuerdo para ser aprobado— es una situación que está plasmado y que no hay necesidad de seguir esa hoja de ruta”, afirmó Cabrera, previo a una actividad pública en la que también participó el embajador de EE. UU. en Guatemala, Luis Arreaga.
Por aparte, Degenhart incluso afirmó que existe un análisis jurídico que habría establecido que dicho convenio no necesitaba ser aprobado por el Legislativo de Guatemala.
“No lo necesitaba —la aprobación del Congreso—. El análisis jurídico del que hice una mención hace unas semanas o meses concluyó que no era necesario, que esa era una función del señor presidente y esa fue la ruta que se siguió”, expuso el funcionario minutos después del arribo del migrante hondureño.
Añadió que “de acuerdo a lo que establece la ley guatemalteca, dicho convenio ya fue ratificado por el señor presidente y las cartas ya se intercambiaron y ese procedimiento dio la vigencia para la venida del primer ciudadano hondureño a través del acuerdo de cooperación”.
Al ser cuestionado ¿dónde queda la Corte de Constitucionalidad si resuelve algo que al final no se cumple?, Degenhart explicó que lo resuelto por la CC no fue una orden de que el acuerdo fuera aprobado por el Congreso, sino que emitió una resolución que mandaba a seguir el procedimiento de ley y eso “fue lo que se hizo en este caso”. “La ley establece que el presidente tiene las facultades de ratificar documentos de cooperación bilateral”, concluyó.
Resolución de la CC permite implementación
Por aparte, el embajador Arreaga, prefirió no opinar sobre si el acuerdo de cooperación en materia de asilo debe contar con la venia de los diputados; no obstante, el mes pasado el asesor del presidente Donald Trump, Mauricio Claver-Carone, ya había adelantado que, según el análisis “cauteloso” que hicieron abogados de la Embajada, dicha aprobación legislativa no era necesaria.
“Sí se permitió —la CC— la implementación bajo ciertos requisitos, básicamente monetarios y de gasto y nosotros planeamos ayudar al Gobierno de Guatemala para que no tenga que cumplir ninguno de esos gastos”, aseveró Claver-Carone.
Arreaga enfatizó en que el hondureño que arribó a Guatemala este jueves es parte del acuerdo migratorio, y garantizó que no se rebasarán las capacidades del país.
“La cantidad de gente que viene va a estar acorde a la capacidad que tiene el Gobierno de Guatemala de recibir y procesar. No es que vengan cientos o miles de personas son números que responden a la capacidad”, apuntó el diplomático.
Es ilegal
No obstante, distintas voces han asegurado que el acuerdo no debió ser implementado aún, puesto que está a la espera de la aprobación del Congreso.
Por ejemplo, el excanciller Édgar Gutiérrez, considera el convenio “irregular” porque en Guatemala no fue publicado en el diario oficial, ni tampoco sus anexos. “Para empezar existe una sentencia de la Corte de Constitucionalidad (CC) que ordena que el convenio sea conocido por el Congreso. El Gobierno está desobedeciendo a la Corte”, enfatizó.
Asimismo, recordó que, aunque Guatemala no esté financiando el traslado de ningún migrante, el convenio debe ser conocido por el Congreso, como pasó con el acuerdo que le dio vida a la extinta Comisión Internacional contra la Impunida en Guatemala (Cicig).
El excanciller también indicó que, aunque el consejero de la Casa Blanca —Claver-Carone— haya dicho que abogados de la Embajada habían analizado el fallo de la CC, esto no es más que una opinión porque lo legal es lo que establecen los jueces para los derechos internos del país.
Sin legalidad
El abogado Oswaldo Samayoa opinó que por la forma en que está siendo implementado el convenio, no cumple con todos los requisitos legales. “Lo que estamos viendo hoy, más parece una medida de presión de Estados Unidos contra Guatemala”, expresó.
Para Samayoa, la Constitución manda que todo acuerdo internacional que suscriba el Ejecutivo y que genere obligaciones para el Estado, tiene que pasar por la aprobación del Congreso. Además, el presidente tiene la facultad de suscripción, pero no la de aprobar y ratificar, explicó.
En ese sentido, Degenhart aseguró que el Ejecutivo no erogará recursos del presupuesto para el trasladado de los migrantes
El abogado, además, ve viable la presentación de un amparo para detener la implementación porque es “evidente” que el Gobierno no analizó los efectos del convenio.
“La Constitución dice que los miembros de la Antigua Federación Centroamericana se consideran guatemaltecos de origen, entonces existe un elemento clave, los migrantes que vengan pueden ejercer sus derechos, dentro los cuales incluye pedir asilo a Estados Unidos”, añadió.
Ambigüedad
El consultor en temas de migración, Pedro Pablo Solares, indicó que la CC fue clara al indicar que este tipo de acuerdo debía de ser refrendado por el Congreso; sin embargo, por aparentes presiones de emisarios estadounidenses, la máxima Corte modificó su fallo.
Añadió que no han sido revelados los anexos y tampoco los detalles y se debe conocer el acuerdo porque así no se puede determinar su legalidad o ilegalidad.
“Estamos en un limbo porque no se han conocido los detalles del acuerdo y contraviene el derecho internacional y en especial la buena fe que debe existir entre ambos países”, añadió el analista.
Además, Solares precisó que el Legislativo tendrá que ser el organismo que vele por la transparencia del acuerdo. “El Congreso tienen una misión para verificar el acuerdo que firmó el Ejecutivo y tienen la mayor responsabilidad de ejercer un contrapeso para exigir el contenido completo”, agregó.
Jugada estratégica
El padre Mauro Verzeletti, director de la Casa del Migrante de la capital, calificó el acuerdo de “jugada estratégica muy clara” porque el traslado de los migrantes salvadoreños y hondureños significa que cuando se percate que el trámite de asilo es muy lento en Guatemala lo podrían abandonar.
“Las personas necesitan tener una vida digna, pero los ponen en un limbo y con una solución temporal”, puntualizó.
Añadió que se conocía que en cualquier momento el acuerdo entre Estados Unidos y Guatemala podría entrar en vigor, y criticó que “la infraestructura del país no da para consolidar el acuerdo del tercer país seguro”.
Añadió que la situación social de Guatemala, El Salvador y Honduras es muy parecida. “Yo creo que el gobierno de Guatemala no tiene todas las capacidades instaladas, para que les den atención integral a todas las personas. Tampoco sabemos cómo están organizados y cuál es su plan logístico y estratégicos para atenderlos”, criticó Verzeletti.
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