Un video viral que salió a luz el pasado 4 de abril evidenció la existencia de estos negocios, que empezaron hace años como oficinas en las que se gestionaban trámites civiles hasta que se degeneraron a la venta de citas que los consulados asignan para atender a los guatemaltecos en EE. UU.
La grabación mostraba al diputado oficialista Carlos Roberto Calderón mientras discutía con uno de estos tramitadores en las afueras de consulado general de Guatemala en Los Ángeles. Supuestamente, el legislador le reclamaba por cobros excesivos que hacía conseguir citas.
Pero al mismo tiempo, el tramitador le recriminaba que él y su hermana hacen lo mismo. Cabe destacar que estas citas solo pueden ser extendidas por los consulados a través de una página en internet del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex). Sin embargo, quienes las venden, de una u otra manera logran acceder al programa y reservarlas.
A consecuencia del video varios migrantes han coincidido en señalar que, en efecto, Calderón desde hace años, hasta antes de que se convirtiera en diputado tenía una oficina de trámites a la par del referido consulado y aseguran que gestionaba trámites a costos excesivos. Por ejemplo, partidas de nacimiento a US$100 o una fotocopia por US$5.
Ofrecer este tipo de gestiones no es ilegal, coinciden los migrantes entrevistados. Pero señalan que vender las citas está al margen de la ley. Por lo tanto, cuestionan las pocas acciones que ha hecho el Minex para tratar de erradicar estos negocios ilícitos.
El negocio se vuelve cada año más rentable debido a la enorme cantidad de migrantes guatemaltecos que llegan a EE. UU. Para tener una idea, en 2012, el Minex ofreció 357 mil 891 servicios consulares. Para el 2021 fueron un millón, 737 mil atenciones. Hoy en día, según cálculos, cerca de tres millones de connacionales viven en aquel país.
Migrantes han denunciado que irregularidades similares ocurren alrededor de consulados como el de Maryland, donde en 2021 vendían citas a US$250, o el de Providence, Rhode Island, donde se vendían a US$120.
¿Qué se ha hecho?
Los migrantes aseguran que Calderón y otros se han enriquecido con el visto bueno del Minex, que hace poco o nada por contrarrestar estas mafias.
En 2021, el excónsul de Guatemala en Los Ángeles, Tekandi Paniagua, llevó a cabo una investigación a raíz de la cual alertaba al Minex, así como a instancias estadounidenses la existencia de estas redes de tramitadores que operaban en los alrededores de la sede consular.
Juan Carlos Méndez, migrante guatemalteco y ministro de culto en Los Ángeles
En un informe de acta suscrito por funcionarios de ese entonces del consulado, se indica que en la investigación se detectaron “posibles hechos anómalos” que contaron con la complicidad de dos trabajadores de la misión diplomática. Trabajaban en información y captura de datos de dicha sede consular. Fueron despedidos después de que reconocieron haber sustraído documentos de uso exclusivo del Gobierno de Guatemala.
Según el informe, para conseguir citas falsas funciona una “red criminal” que falsifica documentos notariales, empresariales y de otras organizaciones, así como boletos aéreos para simular una emergencia y adquirir citas exprés que vendía por US$150.
También vendía money orders —documento de crédito con los que se pagan los servicios consulares— a US$65 cuando su precio era de US$5.
Se señala de dirigir al menos cinco de estos negocios ilícitos al señor Herlindo Ordoñez Luc quien es el aparece en el video discutiendo fuertemente con el diputado Calderón. El informe dice que este negocio puede dejar ganancias de hasta US$3 mil al día.
Paniagua asegura que, antes de dejar la sede consular, el Minex hizo una auditoría, pero ya no conoció los resultados.
El día que se conoció el video, la oficina de Comunicación de dicho ministerio dijo que había denunciado estas prácticas en el Ministerio Público. Para este artículo ya no respondió si accedían a proporcionar una copia de la denuncia y a otras preguntas como qué se ha hecho para contrarrestas los referidos negocios ilícitos desde que fueron alertados por el excónsul.
Personal de la oficina indicó que estaban muy ocupados con la repatriación de los cuerpos de los migrantes que murieron en un incendio en Ciudad Juárez, por lo cual no responderían, sino hasta esta semana.
El problema es la corrupción
Juan Carlos Méndez es un ministro de culto guatemalteco de la orden Juan Bautista en Los Ángeles, y dice que Calderón y Ordoñez son quienes han dominado los servicios de trámites y ventas de citas y que el video dado a conocer el pasado 4 de abril no es más que “una disputa por el negocio”, y, aunque el consulado hace esfuerzos, pareciera que al Minex no le interesa resolver el problema.
“Cualquiera puede hacer negocio, pero no estafar a gente pobre”, comenta el obispo. Quienes acuden a estos servicios, añade, es gente humilde. Son analfabetas que incluso no dominan el español, lo que es aprovechado por estas redes.
Antes de que las citas se solicitaran en línea, estos grupos conseguían números que los vendían a US$100. Ahora “se meten al programa”, agrega el obispo guatemalteco. “No sé cómo lo harán”.
Para Méndez, el problema es “la corrupción que está dentro del Minex”, y que si esta no se erradica “no importa el sistema que se utilice” para atender a los guatemaltecos, porque será inservible. “El problema no es el internet ni las computadoras, sino quienes manejan esos sistemas”, apunta.
Byron Vásquez, líder migrante y director de la Casa de la Cultura de Los Ángeles, manifestó que negocios como el que, asegura, dirige el diputado Calderón “poco a poco se fueron enquistando en el consulado” y el legislador “se empoderó más” a raíz de que se involucró en la política guatemalteca.
“Lo que hacen es un crimen, porque el es un funcionario público y abusa de la necesidad de las personas”, refiere Vásquez.
Asimismo, coincide con que la responsabilidad, más que ser de los funcionarios consulares, recae en el Minex. Ve con escepticismo una solución en el corto plazo porque, asegura, “la corrupción está hasta el tope”.
El diputado Carlos Calderón respondió a Prensa Libre que las acusaciones que le hacen son falsas y que ocurren a raíz del “trabajo de fiscalización” que hace de los consulados, en los que ha señalado los abusos de vendedores de citas.
No obstante, reconoció que durante años tuvo un “despacho jurídico y notarial” en Los Ángeles y que los precios no eran “económicos” puesto que las gestiones para conseguir documentos en lugares lejanos de Guatemala eran una “odisea” que implicaban muchos gastos.
Asimismo, desmintió que el altercado que tuvo con el tramitador al que él se refiere como “shuquero” sea por la disputa del negocio y más bien, afirma que se produjo después de que lo insultara. Añadió que su hermana tiene un “despacho notarial” en Los Ángeles, pero que no tiene nada que ver con la labor que hace el consulado, y que las tarifas son acordes a lo que se cobran oficinas similares en California.
Por último, rechazó que en el negocio de su hermana vendan citas y recordó que “siempre fui objeto de calumnias”, y que los servicios que prestaba eran eficaces y a precios justos.
Función jurídica es necesaria
El abogado Pedro Pablo Solares, analista en temas migratorios, afirma que estos negocios ilícitos nada tienen que ver con la labor profesional y honrada que hacen distintos abogados en EE. UU. para auxiliar a miles de guatemaltecos que requieren algo más que una cita consular o la reposición de documentos.
Familias completas que han migrado de áreas recónditas del país, afirma Solares, carecen de identidad y los consulados apenas prestan los servicios más básicos por lo que no tienen idea de qué hacer. Es aquí donde muchos abogados prestan sus servicios legales.
“Es importante que el país reconozca la diferencia y promueva el trabajo de profesionales hacia los emigrados”, afirma el abogado. “Los profesionales tiene derecho a atender a esta población y la población tiene derecho de contratarlos”, remarcó.
Solares sospecha de que el letargo en ampliar los servicios del Estado en el extranjero puede estar motivado por los beneficios “millonarios” que representa para las empresas ligadas a funcionarios, diputados y actores de mucha influencia en el Gobierno.
