El Estado de Guatemala modificó, en 2019, el artículo 101 de la ley migratoria nacional y pretende que los albergues que atienden personas en tránsito generen expedientes individuales de cada migrante y los trasladen a las autoridades, según explicaron en conferencia de prensa integrantes del Grupo Articulador de Organizaciones en Materia Migratoria.
Los albergues de migrantes tienen el primer semestre de 2023 para implementar este reglamento, según explicó la misma fuente.
“Exigir a cada migrante datos confidenciales y documentos que posiblemente no tienen es vulnerar sus derechos”, declaró a Julia González, coordinadora de la Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala (Menamig).
EN ESTE MOMENTO
De acuerdo con González, una decena de albergues ubicados en la Ciudad de Guatemala y en puntos fronterizos con México y Honduras están bajo riesgo de ser clausurados si no cumplen con esta normativa en el transcurso de este año.
Durante la conferencia de prensa, las organizaciones advirtieron que endurecer las obligaciones legales que deben cumplir los albergues perjudica directamente a los miles de migrantes que buscan refugio en su trayecto hacia los Estados Unidos.
En 2022, el albergue denominado Casa del Migrante, ubicado en la Ciudad de Guatemala y operado por la Iglesia católica, atendió a más de 16 mil personas en tránsito de muchas nacionalidades, principalmente de Honduras y Venezuela.
A criterio de González, la normativa podría considerarse como un “disuasivo del Estado” para desalentar la migración.
Por su parte, las autoridades guatemaltecas expulsaron a 15 mil personas que ingresaron al país de forma irregular el año pasado y endurecieron sus controles migratorios en las fronteras con Honduras.
Guatemala se ha convertido en la penúltima frontera para miles de migrantes centroamericanos y suramericanos que migran en busca de mejores condiciones de vida.
Además, unos 300 mil guatemaltecos intentan llegar a Estados Unidos cada año, según estimaciones oficiales.
