El memorando introduce también otros cambios, como los cobros a solicitantes de asilo por introducir aplicaciones para permisos de trabajo, o impedir que las personas que entren ilegalmente al país -o lo intenten- reciban permisos de trabajo temporales.
También instruye a los funcionarios a revocar los permisos de trabajo de inmigrantes que han recibido órdenes de deportación definitivas.
La orden llega dos semanas después de que el fiscal general Bill Barr pidiera a los jueces de inmigración no permitir salir bajo fianza a los solicitantes de asilo detenidos tras entrar ilegalmente al país, según reportes de medios estadounidenses.
Trump ha insistido desde el comienzo de sus presidencia en 2017 que Estados Unidos está siendo inundado por migrantes y solicitantes de asilo.
Pero sus oponentes, principalmente el Partido Demócrata, aseguran que su insistencia por construir más barreras en la frontera con México y sus denuncias casi diarias de los migrantes como peligrosos criminales incitan al odio racial.
El presidente declaró una emergencia nacional para saltarse al Congreso y desbloquear así miles de millones de dólares en financiamiento para su controversial proyecto de muro limítrofe, y también ha desplegado militares en la frontera con México.
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