“Callamos por más de 30 años, por respeto a la filosofía de la carrera y rol constitucional que abrazaron esposos, hijos, hermanos y familiares que participaron en las filas castrenses, pero hoy, ante el ataque del que son víctimas rompemos el silencio”, expresó Sulema de Rodríguez, esposa del general retirado Mauricio Rodríguez.
Rodríguez, exdirector de la Sección de Inteligencia (G-2) del Ejército, se encuentra en prisión preventiva desde el 13 de octubre último, sindicado de genocidio y deberes contra la humanidad.
Libertades
Los manifestantes pidieron la libertad de Héctor Mario López Fuentes, exjefe del Estado Mayor de la Defensa; Óscar Humberto Mejía Víctores, exjefe de Estado y sindicado de la masacre de unas 264 personas en Plan de Sánchez, Rabinal, Baja Verapaz (1982), y por genocidio en el área Ixil, donde pudieron haber ocurrido 11 masacres, que dejaron más de mil muertos entre 1982 y 1983; así como de Héctor Bol de la Cruz, exdirector de la extinta Policía Nacional, acusado de ser el autor intelectual de la desaparición del sindicalista Fernando García, en 1984.
“Fue un conflicto armado. Además hubo amnistía. Lo que está pasando es una venganza de personajes que viven de la comunidad internacional”, señaló De Rodríguez.
Ricardo Méndez Ruiz, hijo del exministro de Gobernación del mismo nombre, solicitó que se haga justicia contra 26 exguerrilleros que en 1982 lo secuestraron.
“Veo que todas las baterías del Ministerio Público se están enfocando contra soldados, que lo único que hicieron fue defender a nuestra patria con las armas y la ley en la mano”, dijo Ruiz.
