La semana recién pasada, el presidente, Alfonso Portillo negó la militarización señalada por los sectores civiles, y ratificó al nuevo ministro de Gobernación, Eduardo Arévalo Lacs, en su cargo.
Desde que el funcionario asumió, el 1 de diciembre, tanto él como el mandatario no han cesado de repetir que, por su situación de retiro, su entrada al Ministerio del Interior no implica una ampliación del poder militar en el país.
Sin embargo, la sociedad civil no parece dispuesta a aceptar ese argumento. La Instancia de Monitoreo y Apoyo a la Seguridad Pública, Imasp, integrada por tres agrupaciones, cuyos técnicos estudian las políticas de seguridad pública desde hace un año, señaló ayer que hay militarización, no sólo del ministerio citado sino también en toda la vida social guatemalteca.
?Los nombramientos en el Ministerio del Interior tienen una implicación mayor, como el control social de la población y de todo al ámbito de seguridad?, recalcó Verónica Godoy, quien representa en el Imasp a la agrupación Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro, Fads.
Promesas incumplidas
El análisis efectuado por la instancia mencionada recuerda el discurso de toma de posesión de Portillo, en el que habló de ?un reencuentro entre el Estado y la sociedad civil?, y se comprometió a asumir los acuerdos de paz como política de Estado.
?No sólo viola el Acuerdo de Fortalecimiento del Poder Civil, sino que supone un fuerte retroceso para la paz?, destacó Karla de Paiz, del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible, Iepades.
Las cuatro agrupaciones pro justicia denunciaron que la militarización es imparable, sobre todo si se tiene en cuenta que el Congreso redujo la asignación a la Academia de la Policía Nacional Civil, PNC, de Q60 millones, el presente año, a Q9 millones para 2002.
Ensayo y error
Fads, Madres Angustiadas, Iepades y el Instituto Comparado de Ciencias Penales de Guatemala, ICCPG, coincidieron en afirmar que el nombramiento de Arévalo Lacs al frente de Gobernación es sólo el último retroceso de un ministerio cuya política ?se ha caracterizado por una dinámica de ensayo y error, que no ha contribuido de ninguna forma a la solución de problemas?.
?Los puestos se adecuan a las personas, y no a la inversa, según lo demuestra los cinco directores de la PNC, tres directores del Sistema Penitenciario, otros tantos en Migración y tres ministros desde que asumió el Frente Republicano Guatemalteco?, recordó Godoy.
Profesionalización en riesgo
A criterio de Lucrecia de Becker, de Madres Angustiadas, ?la asignación de ex militares a Gobernación paraliza completamente el proceso de profesionalización de la PNC?.
Fanuel García, del ICCPG, puntualizó que ?ni la Policía va a asumir su labor ni el Ejército va a poder abandonar tareas de seguridad pública interna, que no le corresponden?.
Las agrupaciones hicieron ver que, a pesar de que las nuevas autoridades de Gobernación ya abandonaron la vida militar, fueron formadas en la Doctrina de la Seguridad Nacional, ?que implica el control y eliminación del enemigo?.
?Además de ser una burla para todos los países amigos que han acompañado el proceso de paz, es un retroceso para todos los guatemaltecos?, concluyó García.
