Nos encontramos frente a otro tema decisivo, y es el de la reforma a la LEPP. Esta ley es fundamental para la democratización del país y para todas las demás reformas del Estado que se puedan plantear, pues es la que debe regir en el actuar y la conducta de los partidos políticos, de sus dirigentes y del sistema político en general, para garantizar que la voluntad de la población se haga efectiva.

Hoy tenemos la ventaja de que desde la sociedad civil se trabajó con el TSE para elevar una propuesta al Congreso que fue aprobada en gran parte y adicionalmente, que este proyecto de ley fue enviado a la Corte de Constitucionalidad para su revisión desde la perspectiva de la Constitución de la República y esta semana ha regresado con dictamen favorable y con pocas modificaciones.

El actual proyecto de ley reconoce la necesidad de dar paridad a las mujeres en su participación política y reconocer una participación proporcional por parte de candidatas y candidatos indígenas. Esto en un país como Guatemala es un salto enorme, pues implica reconocer el derecho que tienen estos sectores para representar sus comunidades y sus intereses legítimos, rompiendo con los siglos de elitismo político, exclusión y discriminación que se ha dado en el país y reconociendo además nuestra identidad multiétnica y plurilingüe.

En el proyecto de ley se establece que los espacios en medios de comunicación para propaganda deberán ser administradas por el TSE como la autoridad única en esta materia, garantizando que todos los partidos tengan acceso equitativo a los medios, sin que sea el factor dinero y los grandes contribuyentes con intereses definidos los que determinen el resultado de la campaña. Vale la pena mencionar que esta reforma está siendo asumida progresivamente en el mundo entero.

Se establecen algunas normas de democratización de los partidos que también permitirán que estos respondan a sus miembros y a sus asambleas y no a las élites que los formaron y han dirigido, otro paso importante en la construcción de la cultura democrática del país donde incluso se acostumbraba “vender” las candidaturas al mejor postor. Y en este espíritu democrático también se reconoce el voto nulo como una manifestación de la voluntad política de la población, pues también entrará al recuento e incluso si pasan del 50% del voto, anula la elección. Esto unido al reconocimiento del voto de las y los ciudadanos que han migrado al exterior, se convierten también en cambios fundamentales que perfilan otro escenario para la vida política del país. Hay dos temas que podrán levantar protesta por haber quedado ausentes, uno es el de la no reelección, pero este me parece de menor relevancia porque en última instancia es la ciudadanía quien decide si reelige o no a un diputado o diputada, y podremos soñar en el día en que quienes hayan jugado un papel honesto y positivo puedan desarrollar una carrera legislativa en lo que se convertirá un Congreso con un número fijo de miembros, lo que da un nuevo elemento de seguridad. El segundo tema es el de los partidos políticos distritales que son absolutamente fundamentales para la participación de las comunidades locales pero que podrán ser introducidos posteriormente.

La prioridad debe ser la de exigir al Congreso la aprobación inmediata de esta reforma sin permitir que esta misma se vuelva como tantas veces una discusión banal por los detalles y paralizar lo que es una reforma trascendental y absolutamente necesaria.

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