Aunque en la administración del Partido Patriota (PP) no se han judicializado casos, la Contraloría General de Cuentas (CGC) ha presentado 30 denuncias penales y cinco mil 95 sanciones pecuniarias que suman Q673 millones, por supuestos malos manejos de recursos del Estado.
Gestión eferregista
Aunque varios de los señalados por diversos casos de desfalco durante la administración del FRG han sido llevados a juicio, en muchos casos los sindicados han sido declarados inocentes, y solo en el caso del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) se logró recuperar Q300 millones de los Q370 millones defraudados.
El caso más fuerte es el del Ministerio de la Defensa, en el que se presume que fueron saqueados Q906 millones del 2000 al 2004.
De acuerdo con informes de la Contraloría General de Cuentas (CGC), en ese período la institución armada recibió Q5 mil 272.8 millones en transferencias y se estableció que Q906 millones fueron malversados. La ejecución secreta de los fondos se justificó en el Secreto de Estado —artículo 30 constitucional—.
Por estos hechos, unos 32 militares fueron implicados, entre ellos el exministro de la Defensa Eduardo Arévalo Lacs y el propio expresidente Alfonso Portillo.
Ambos fueron absueltos en mayo del 2011 por un tribunal, pese a que, según pesquisas del Ministerio Público (MP), ambos participaron en el millonario desfalco y facilitaron el desvío de Q120 millones, dinero del cual no se tiene rastro.
Jacobo Esdras Salán Sánchez depositó una fianza de Q3 millones en marzo del 2011 para recobrar su libertad, pero fue declarado culpable el 6 de junio último, junto al también exmilitar Napoleón Rojas. Ahora procede un juicio civil para intentar la recuperación de los fondos, cuyo paradero se desconoce.
En el seguro social
Por el desvío en el IGSS fueron condenados el exgerente de esa institución, el ex vicepresidente Jorge Mario Nufio Vela. También fue procesado el expresidente de esa institución Carlos Rodolfo Wholers Monroy, quien fue absuelto por el Tribunal Undécimo de Instancia Penal —expediente judicial 5426-2003—, pero en casación fue condenado por peculado —cuando un funcionario sustrae o permite el desvío de fondos públicos—, el 22 de julio del 2011, según consta en el expediente de casación 424-2010.
Otros desvíos
Otras instituciones desfalcadas fueron el Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz), en el cual se desviaron Q9 millones. Por este hecho fue juzgado y absuelto el ex fiscal general Carlos de León Argueta, a quien le aparecen en el Organismo Judicial (OJ) 47 demandas penales, unas como sindicado y otras como agraviado.
El Ministerio de Gobernación también fue objeto de saqueo, y de acuerdo con pesquisas del MP y como consta en expedientes judiciales, se desviaron Q81 millones.
Por estos hechos fue condenado el exministro de la cartera del Interior Byron Barrientos Díaz, pero nadie respondió por la restitución de los recursos.
En el Estado Mayor Presidencial se malversaron Q244 millones, y en la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia, Q4.6 millones.
En la Contraloría General de Cuentas (CGC) se perdieron Q5 millones, por lo que fue sentenciado el excontralor Óscar Dubón Palma, y en el Ministerio de Finanzas Públicas lo malversado fueron Q28 millones. En este caso fue sentenciado Eduardo Weymann, exministro de Finanzas, y el ex superintendente de Admistración Tributaria Marco Tulio Abadío.
Reintegro
Lizandro Acuña, experto en temas judiciales del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), aseguró que es el MP el encargado de solicitar a los tribunales que los fondos desviados sean devueltos por los sujetos procesales condenados, porque “después del proceso de condena la persona está obligada a reintegrar el capital desfalcado con intereses incluidos”.
Subregistro
De acuerdo con Jorge Benavides, investigador para la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), existe un subregistro de casos de corrupción, pues pocos logran llegar a los tribunales de justicia. “La Fiscalía contra la Corrupción cuenta con pocos recursos y personal, por lo que los procesos que son investigados se basan en los informes que presenta la CGC. Esta institución trabaja mediante muestreos y el alcance no es tan riguroso”, indicó.
Acuña refirió que aún en el caso hipotético de que la fiscalía investigara la totalidad de casos de corrupción existentes, el sistema judicial se vería sobrepasado y no podría darse abasto. Recomienda fortalecer las normas de calidad del gasto y la certificación de proveedores.
Q147.8 millones perdidos
Desfalcos y fraudes en administración UNE
Durante el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (2004-2008), unos Q147.8 millones fueron desfalcados, según procesos judicializados consultados. Uno de los casos más sonados fue el desfalco de Q82.8 millones del Congreso de la República que fueron trasladados a la casa de bolsa Mercados de Futuro. La Fiscalía recibió una denuncia por este hecho el 4 de julio del 2008, y fue hasta el 2 de octubre del 2012 cuando se condenó al expresidente del Congreso Eduardo Meyer y al exgerente de la mencionada casa de bolsa Raúl Girón.
Al primero se le impusieron tres años de prisión conmutables, mientras que al segundo se le condenó a 24. Otro caso fue el referente a la compra de vales de combustible por Q40 millones que el 19 de septiembre del 2009 fue atribuido a la empresa Proyectos Maskana, según la causa 0170-2010-00309. Por este hecho fueron sentenciados el exdirector de la Policía Nacional Civil Baltazar Gómez Barrios a cinco años de prisión. El exministro de Gobernación Raúl Antonio Velásquez aún enfrenta proceso por abuso de autoridad, concusión y lavado de dinero.
Durante el 2009, el Ministerio de Gobernación firmó un convenio con la empresa Fundtech para remodelar la cárcel de máxima seguridad Fraijanes II. La compañía en mención a su vez contrató a la empresa Serdiconstru. Los trabajos de remodelación ascendieron a Q17.5 millones. Por este hecho se encuentran implicados los exministros de Gobernación Salvador Gándara y Raúl Velásquez.
Además, este último fue condenado a tres años de prisión y al pago de Q2 millones.
La Fiscalía contra la Corrupción vinculó a proceso penal a Gloria Torres y sus hijas María Marta y Christa Eugenia Castañeda Torres. Ellas son sindicadas de haber creado una red que defraudó a 16 municipalidades, por Q7.5 millones.
EN EL GOBIERNO DE LA GANA
Una obra que generó dudas
El 10 de diciembre del 2007 fue inaugurado por el entonces presidente de la República Óscar Berger el aeropuerto La Aurora. Los trabajos de remodelación tuvieron un costo de US$120 millones.
Los trabajos estuvieron marcados por retrasos y cuestionamientos de transparencia en la ejecución de los recursos y señalamientos de la Contraloría General de Cuentas (CGC).
La manzana de la discordia fue el hecho de que los fondos empleados fueron transferidos por el Gobierno a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), entidad que se encargó de asesorar la construcción.
Para financiar la obra, la administración de la Gran Alianza Nacional (Gana) hizo transferencias millonarias de los ministerios de Educación y Gobernación, lo cual fue altamente cuestionado. A pesar del impacto social de la obra, el caso no pudo ser llevado a la torre de Tribunales.
