“Desde que en Honduras, hace dos meses, salió un tema similar, hemos intentado tener reuniones con las autoridades, pero no había sido posible. Tal vez estaban enfrascados en el desarrollo de esta ley”, dijo Ricardo Sagastume, director del Consejo General de Telecomunicaciones, oficina que representa a las compañías operadoras de teléfonos celulares.

Desconocimiento

Según Sergio Carías, presidente de la Gremial de Operadoras de Televisión por Cable (Grecable), no sabían de la ley hasta su aprobación.

Indicó que ahora el equipo jurídico analiza los ámbitos de acción que podrían afectar los intereses de estas empresas, que suman unas 500 en el país, al considerar que no cumplirían con los requisitos para optar a los beneficios que contempla la Ley.

Varios alcaldes manifestaron temor de que sean afectados los ingresos municipales y la violación de la autonomía, como lo expuso la Asociación Nacional de Municipalidades.

Algunos jefes ediles consultados y que solicitaron que se omitiera sus nombres indicaron que hasta ahora perciben entre Q75 mil y Q100 mil anuales por la colocación y operación de antenas de telefonía, arbitrios que con la nueva ley quedarían en un pago único de Q30 mil.

La administración quedará concentrada en la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT). Prensa Libre insistió en obtener su opinión, a través de su departamento de Comunicación, pero no obtuvo respuesta.

Control en cárceles

Sagastume explicó que para cumplir con la “imposición” de bloquear la señal de telecomunicaciones en las prisiones, se debe crear una mesa de trabajo con el Ministerio de Gobernación, y aseguró que ninguna empresa telefónica cuenta con el equipo técnico para cumplir con la restricción.

“No hay mecanismo perfecto que haya funcionado en otro país, de hecho, este procedimiento no ha prosperado en otros países, y por eso se necesita la coordinación con las autoridades”, expresó Sagastume.

Sobre la regularización del cobro por instalar las antenas de transmisión, Sagastume calificó la norma de positiva, “porque las municipalidades han establecido unas tablas y arbitrios que se salen de las facultades para lograr una actividad económica dentro de su jurisdicción”.

Con el cambio, según Sagastume, crece la cobertura y señal de telefonía y datos en el país.

Ámbitos de acción en norma de antenas de transmisión

La nueva ley se puede dividir en tres áreas en las que cambiará la reglamentación y normará el uso, instalación y manejo de las señales de telecomunicación y datos.

Limita señal

Fija un plazo de ocho meses para que las empresas de telefonía y datos bloqueen la señal en las cárceles.

El Sistema Penitenciario deberá monitorear cada 15 días la efectividad del bloqueo.

La normativa  impone multas de hasta Q500 mil por cada mes de retraso en el funcionamiento de los bloqueadores.

Fija arbitrio

Establece un  cobro único de Q30 mil por cada torre instalada de soporte de antenas en bienes de dominio público.

El pago de Q3 mil por cada torre de soporte de antenas en bienes privados.

Crea un arbitrio municipal mensual de Q15 por poste instalado.

Fija Q0.70  por cada metro cuadrado donde crucen cables o fibra óptica.

Ordena áreas

La autorización  de la SIT será la única  para instalar antenas, cables, fibra óptica, postes o transmisión inálambrica en propiedad privada y pública.

Faculta a remover la vegetación que estorbe a los cables o postes.

Podrán solicitar servidumbres —espacio— para instalación de infraestructura en propiedad particular.