Aunque los magistrados de la CSJ solicitaron al Ministerio de Finanzas Públicas un presupuesto de mil millones de quetzales para funcionar en 2003, la respuesta del Congreso de la República al aprobar el Presupuesto General de la Nación fue de asignar sólo Q600 millones para la administración de justicia.
Por ese motivo, el magistrado José Quesada Fernández considera que los fondos serán insuficientes para el funcionamiento de los tribunales del país, principalmente en el aspecto de aumentos de salario de los casi cuatro mil trabajadores del OJ.
Quesada añadió que tampoco sería posible crear nuevas plazas y continuar expandiendo el Programa de Mediación de Conflictos, que está orientado a evitar los procesos judiciales mediante mutuo acuerdo de las partes.
El OJ funcionó este año con una asignación constitucional de Q391 millones, casi Q100 millones menos que en 2001, por lo que algunos magistrados advirtieron sobre el riesgo de un colapso en la justicia.
Se mantiene déficit
Según estudios de técnicos del organismo, los tribunales funcionaron este año con déficit presupuestario, debido a que el saldo de caja está por terminarse.
El OJ funciona actualmente con partida presupuestaria de aproximadamente Q800 millones, incluidos los ingresos propios. Sin embargo, si persiste la crisis, se le aumentaría el costo a los servicios, como las carencias de antecedentes penales.
