Guatemala

OJ va lento, pero avanza

Sectores de la sociedad civil opinan que 2002 no fue un mal año pero piden fortalecer justicia

75 Millones de quetzales donará la Unión Europea al sector justicia, el cual deberá dar una contrapartida de Q24 millones.

71Policías privados brindan seguridad a más de 43 jueces que han sido amenazados en el año que hoy termina.

20 millones al año percibe la CSJ, en concepto de intereses por las cauciones económicas que procesados depositan a cambio de no ir a prisión.

4 mil trabajan en el Organismo Judicial, quienes difícilmente recibirán aumento salarial este año, por falta de recursos.

En un ambiente de amenazas a jueces y limitaciones presupuestarias en el Organismo Judicial, OJ, sectores de la sociedad civil opinan que no fue un mal año para la institución, aunque destacan que todavía falta más independencia y mayores esfuerzos para fortalecer la justicia.

La asignación constitucional de Q391 millones con que funcionó el OJ en el 2002, dio mucho de qué hablar en el país, principalmente porque tanto el anterior presidente de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, Carlos Alfonso Alvarez Lobos, como otros magistrados, advirtieron sobre un posible colapso.

La CSJ señaló en distintas ocasiones que por la reducción de casi cien millones de quetzales a su partida se tuvo que cancelar más de veinte asesorías del renglón 029, no se pudo continuar con el mantenimiento de la Torre de Tribunales, y tampoco fue posible incrementar el salario a casi cuatro mil empleados.

Toda la estructura judicial funcionó este año con un presupuesto estimado de Q800 millones, incluyendo préstamos e ingresos propios.

Por ese motivo, varios magistrados acudieron en repetidas ocasiones al Organismo Legislativo para ?convencer a los diputados oficialistas sobre la necesidad de que se les otorgara más fondos para el 2003?.

Sin embargo, aunque la petición oficial fue de Q1 mil millones, no tuvo mayor aceptación en el Frente Republicano Guatemalteco, y en el presupuesto general de la nación se le asignó sólo Q610 millones.

Nuevo presidente

Otro hecho trascendental en el 2002 fue el cambio de presidente de la CSJ, ya que Alvarez Lobos fue sustituido por el magistrado Carlos Esteban Larios Ochaita, quien al principio se le vinculó con el FRG, lo cual negó en su primera conferencia de prensa.

Las dificultades presupuestarias de la institución y las constantes amenazas a jueces de distintas instancias, incluso a magistrados de la Cámara Penal de la CSJ, provocó críticas y preocupación a principios del año por parte de funcionarios internacionales.

En marzo pasado, el Relator Especial de Justicia de la Organización de Naciones Unidas, Dato Param Cumaraswamy, dio a conocer un informe donde destacó que en el país persistían los asesinatos, violaciones de los derechos humanos, testigos atemorizados y el recorte al presupuesto del OJ.

?De las recomendaciones concretas que se hicieron al Gobierno de Guatemala en 2001, cuatro se han cumplido en su totalidad, 15 se aplican o han cumplido parcialmente, y 10 no se han aplicado en absoluto?, señalaba el informe.

Protección a jueces

A mediados del año, ante el constante acoso a los administradores de justicia, la CSJ creó una partida para prestarles seguridad. La institución gastó aproximadamente Q3 millones para proteger a 45 jueces amenazados en todo el país.

Las principales intimidaciones fueron por parte de sectores ligados al crimen organizado, como narcotraficantes, según relatos de algunas de las víctimas.

Sociedad civil opina

De acuerdo con distintos sectores pro justicia y de derechos humanos, aunque el 2002 no fue un excelente año para la administración de justicia, tampoco fue el peor en materia de resultados.

Argumentaron que sí hubo avances y esfuerzos por consolidar el estado de Derecho.

Las opiniones de esos sectores difieren en el análisis de algunos resultados, aunque coinciden en que los 13 magistrados de la CSJ deben esforzarse por lograr un mayor acceso a la justicia en el 2003, mantener una mayor independencia y que el Gobierno les aumente el presupuesto.

Ana María de Klein, de Madres Angustiadas, considera que el OJ hizo un papel positivo este año.

Destacó que hubo sentencias importantes, como el caso del asesinato de Myrna Mack, y la sentencia contra los plagiarios del empresario Andrés Torrebiarte.

?Otro juicio de suma importancia fue donde se condenó a los linchadores del juez de Senahú, Alvaro Hugo Martínez. Lo que esperamos ahora es mayor celeridad en otros casos judiciales y que el Gobierno otorgue más recursos al Organismo Judicial?, añadió De Klein.

A criterio del presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, Mario René Chávez, hace falta más para fortalecer la administración de justicia en Guatemala.

?Considero que el clamor de justicia y seguridad en el país todavía está pendiente de que se cumpla. Sabemos que tienen problemas de presupuesto, pero creo que si los magistrados se esfuerzan, se puede mejorar el sistema; por lo demás, no veo aspectos negativos?, argumentó.

Casos de narcotráfico

Según el fiscal de Narcoactividad, Fernando Mendizábal de la Riva, en lo que a sus casos se refiere ?el OJ ha cumplido su función?.

?Hemos trabajado en conjunto y logrado los resultados esperados, luego de que se han presentado pruebas para conseguir sentencias condenatorias. Otra muestra de voluntad fue la incineración de la droga en el Doan?, agregó Mendizábal.

Para el abogado Mario García, de la Coordinadora Nacional Indígena Campesina, ?en términos generales se ha notado un esfuerzo por mejorar la administración de justicia?.

?Pese a ello, todavía persiste la falta de credibilidad en la justicia en el interior del país?, resaltó el jurista.

Sólo se han dado pasos

Por su parte, Miguel Angel Sandoval, del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos, enfatiza en que aunque ha habido pasos en el plano de la justicia, en su mayoría ?sigue siendo una aspiración de la mayoría de la gente?.

?El OJ sigue siendo considerado como un reducto de la impunidad, pese a que se han dado pasos hacia algunas reformas. Todavía no existe una justicia pronta y cumplida?, puntualizó.

En tanto, abogados litigantes cuestionaron el período de vacaciones de fin de año en los tribunales, lo cual paraliza la ?administración de justicia, pronta y cumplida? por casi dos meses.

Fuera del aspecto administrativo del OJ y de su funcionamiento, los juicios orales que causaron mayor expectación en 2002 fue la sentencia a 30 años de cárcel contra uno de los militares procesados por el asesinato de Myrna Mack. Además, la anulación del juicio contra tres militares y un sacerdote señalados de haber dado muerte a monseñor Juan Gerardi Conedera.

Ambos casos se encuentran en fase de apelación; el primero, en la Sala Cuarta, y el segundo, en la Cámara de Amparos de la CSJ.

Postura oficial: ?Hubo progresos, pero debemos mejorar?

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, Carlos Larios Ochaita, enfatizó en que en el año se alcanzaron logros importantes en la administración de justicia, aunque reconoció que se debe mejorar en el tema.

Agregó que uno de los aspectos positivos fue la consolidación del régimen de la Carrera Judicial, y argumentó que todos los jueces y auxiliares de justicia ingresan por convocatoria o concurso de mérito.

?Otro logro es el avance de la modernización judicial, tanto en lo que respecta a recursos humanos como infraestructura?, añadió Larios.

El presidente del OJ indicó que comparte las críticas de sectores de la sociedad civil, en el sentido de que se deben hacer más esfuerzos por mejorar el acceso a la justicia.

?Es una opinión que compartimos. Si bien es cierto se avanzó en el trámite de casos paradigmáticos, también consideramos que se debe mejorar para evitar algunas fallas, porque la justicia es imperfectible?, puntualizó el funcionario.

Otros procesos y hechos del año

Durante el 2002 se tramitaron más de 15 procesos judiciales considerados de trascendencia social, y se creó una comisión multisectorial contra la corrupción.

? Uno de los fallos trascendentales fue la condena a 50 años de cárcel de tres personas que lincharon al juez de Paz de Senahú, Alta Verapaz, Alvaro Hugo Martínez.

? Se abrió proceso penal contra 22 agentes del Doan, acusados de haberse robado mil 600 kilogramos de cocaína de una de las bodegas que custodiaban.

? Se incineraron otros dos mil kilos de la misma droga, por orden de la Corte Suprema de Justicia.

? La Sala Décima de Apelaciones anuló la pena de muerte impuesta a uno de los asesinos de la estudiante Rocío Quetzalí Estrada.

? El año próximo serán llevados a debate otros 16 exagentes del Doan acusados de doble asesinato en la aldea Chocón, Livingston, Izabal, el 29 de enero de este año.

? Se abrieron en 15 municipios del país oficinas para obtener carencia de antecedentes penales, para evitar que el trámite se haga en la capital.

? Se firmó un acuerdo entre los sectores de justicia para recibir una donación el próximo año de 10.5 millones de euros, para programas orientados a evitar detenciones ilegales en el país.

?Año positivo?

Se hizo un papel positivo en el Organismo Judicial, porque hubo fallos importantes, como en el caso Mack, por secuestros, y por el linchamiento del juez de Senahú, Alta Verapaz, opinó Ana María de Klein, de Madres Angustiadas.

?Urge más esfuerzo?

??Creo que el clamor de justicia todavía está pendiente que se resuelva. No veo un aspecto negativo este año, aunque creo que se puede lograr más, con el esfuerzo de los magistrados??, opinó Mario René Chávez, del Colegio de Abogados.

?Trabajar más?

??En términos generales, se ha notado más esfuerzos por mejorar la justicia; sin embargo, se debe trabajar más en el interior del país?, opinó Mario García, de la Coordinadora Nacional Indígena Campesina.

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