De acuerdo con el funcionario, hay indicios racionales de responsabilidad del ministro de Economía y de la intendente de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, por la falta de control y supervisión en la fabricación, distribución y venta de esos productos.
En su resolución, Morales hace recomendaciones específicas a los ministros de la Defensa, de Gobernación y de Trabajo, así como al procurador general de la Nación y al fiscal general, para que se verifiquen los procesos de producción y se sancione a quienes resulten responsables del incumplimiento de los mismos y de la explotación laboral infantil relacionada con ello.
