Entre el 2006 y el 2016, 122 mil niñas y adolescentes, entre 10 y 17 años se han convertido en madres, pero ese número podría alcanzar casi el cuarto de millón debido a la anómala disminución de los registros que provocada a partir de 2012 por la política de salud del Partido Patriota.
El ministro de Salud entre 2012 y 2014, Jorge Villavicencio, negó que los datos hayan sido alterados, pero reconoció que el sistema informático de la cartera “tiene dificultades”, lo que podría explicar “algún mal registro” durante ese período.
La reducción de casi el 30 por ciento, según Villavicencio, fue resultado de una política de prevención impulsada en ese período.
Implementar un protocolo de alerta al identificar casos de alto riesgo y el haber reconocido el trabajo de las comadronas en las áreas de Salud influyó directamente en la reducción de mortalidad materna y embarazos en niñas y adolescentes, según Villavicencio.
La estrategia citada por el exfuncionario contrasta con casos registrados en Salud desde el 2012, cuando bajó la cobertura que se ofrecía a través de organizaciones cercanas a comunidades de difícil acceso, y para 2013 los contratos con las oenegés que prestaban este servicio fueron cancelados.
La rescisión de esos contratos permitió al gobierno de Otto Pérez Molina un “ahorro” de más de Q470 millones, pero dejó sin servicios básicos de salud al 31 por ciento de mujeres y niños del país. Salud aún no cuenta aún con programas específicos en las áreas que quedaron sin cobertura.
Villavicencio, señalado de corrupción, fue sustituido en septiembre de 2014, por Luis Enrique Monterroso, quien también niega que se hayan ocultado datos de manera intencionada.
“No hay programas, ni evaluaciones que demuestren que Guatemala trabaja o ha reducido los embarazos en adolescentes”, dice Mirna Montenegro, secretaria ejecutiva del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (Osar), la entidad que en Guatemala lidera la investigación sobre estos temas.
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Sin registros ni soluciones
Del total de niñas madre registradas en la última década, el 11 por ciento tiene 14 años o menos, lo que indica que han sido víctimas de violencia sexual.
Pero el número de casos registrados es solo la punta del iceberg. Las cifras corresponden solo a los partos atendidos en el sistema de salud, y cuatro de cada 10 se atienden fuera de este, de acuerdo al Osar.
La falta de datos certeros sobre la situación de las niñas y adolescentes que se convierten en madre causa que no se construyan políticas públicas para reducir los embarazos de niñas. El informe final del país sobre el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), presentado en 2015, confirmó que la fecundidad en adolescentes es un tema aún pendiente.
Guatemala ha tenido una “evolución contraria” en el tema de salud materna, según el indicador de los ODM.
El problema tiene estrecha relación con la violencia, desnutrición y pobreza del país, un ciclo que lejos de tener respuesta se repite de forma constante.
¿Resultados mágicos?
Hasta el 2011 el registro de niñas madre creció a un ritmo de cinco por ciento cada año sin que existieran estrategias enfocadas en atender este problema.
En el 2012 la cifra bajó 31 por ciento y para el 2016 el descenso era del 62 por ciento. Pero ese descenso no era algo positivo sino todo lo contrario, pues se dejó de reportar los partos de niñas y adolescentes y se presentaban cifras erróneas sin que existieran políticas o programas para prevenir los embarazos en menores de edad.
La supuesta baja también se refleja en los datos del Registro Nacional de las Personas (Renap), pues en 2013 se inscribieron 14 por ciento menos niños nacidos de mujeres de entre 10 y 19 años. La cifra se repite en todos los departamentos, algo que también genera suspicacia, pues los nacimientos se incrementan para otras edades.
Gran parte del subregistro fue provocado por la disposición ministerial de retirar a las oenegés de la extensión de cobertura en salud en el 2013.
Hasta entonces, las 67 organizaciones no gubernamentales concentraban su trabajo en comunidades de difícil acceso y principalmente rural. Pero el Ministerio tomó la decisión de liderar de manera institucional la atención y canceló los convenios, lo que produjo que nueve mil 327 comunidades se quedaran sin atención médica estatal y consecuentemente, acceso a planificación familiar y salud sexual y reproductiva y, claro, el registro.
Abilio López, presidente de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Extensión de Cobertura de Servicios Básicos de Salud, asegura que Q417 millones de todo el presupuesto de Salud estaba destinado a la extensión de cobertura. “Ese presupuesto lo siguió manejando el Ministerio de Salud –a partir del 2013—”, dice.
Otra causa de la falta de reportes de embarazos en niñas y adolescentes fue que a partir de 2013 hubo campañas que informaban que sostener relaciones con menores de 14 años era delito, lo que provocó que las víctimas no denunciaran al agresor, por ser un familiar o amigo cercano.
Guatemala ha tenido una “evolución contraria” en el tema de salud materna, según el indicador de los ODM, al no lograr reducir las cifras de niñas madres.
“Nosotros contenemos los daños”
El programa Planea, que se trabaja en conjunto con el Ministerio de Educación, además de la apertura de espacios amigables para adolescentes es la propuesta del Ministerio de Salud para prevenir los embarazos en menores de edad, explicó el viceministro técnico, Adrián Chávez.
El funcionario reconoció que durante el cambio de mando no se abordó el tema de los embarazos en niñas y adolescentes de manera específica y que fue después de tomar el cargo que se percataron del convenio con Educación, el cual busca brindar educación sexual a los adolescentes.
El viceministro indicó que no existe una fuente específica de financiamiento para atender este problema, al que considera una consecuencia de factores sociales como la educación y la pobreza, y en general las oportunidades de desarrollo de las niñas y adolescentes.
Chávez explicó que los embarazos en niñas y adolescentes tienen impacto social por el mayor riesgo de mortalidad materna, y cree que una de las causas del descenso en los registros es la falta de denuncia.
El dinero que se recauda del 15 por ciento del impuesto a bebidas alcohólicas es entregado al Programa de Salud Sexual y Reproductiva, que utiliza parte del recurso a la compra de métodos anticonceptivos, los que se ponen a disposición de la población. Según Chávez, están abastecidos para atender la demanda.
El viceministro afirmó que lo que Salud hace es “contener los daños”, pues la prevención requiere un tratamiento integral.
