Durante el actual mandato, los eventos de los cuales se prescinde o quedan desiertos representan el 30 por ciento.
El hecho de que las adjudicaciones no se efectúen retrasa el gasto y afecta directamente la calidad de los servicios públicos.
Las estadísticas oficiales muestran que los insumos que más compran las instituciones del Estado son los que se clasifican como “salud e insumos hospitalarios”.
Hasta el 16 de abril se habían hecho 18 mil 931 adjudicaciones en esta categoría. En el 2020 fue de 75 mil 187.
Las instituciones del Estado también suelen hacer compras de salud, que se clasifican junto a artículos de limpieza, alimentos y semillas, electricidad y aire acondicionado, entre otras.
Enrique Maldonado, economista de la organización Diálogos, considera que las consecuencias pueden ser más o menos graves, dependiendo del insumo de que se trate.
Por ejemplo, si se retrasa una adjudicación de antirretrovirales en el Ministerio de Salud, podría repercutir en la muerte de pacientes.
“En casos menos graves se va a retrasar la implementación de actividades y no se cumplirá con el plan operativo anual, porque se retrasará el gasto”, agregó.
El profesional dice que hay varias causas por las cuales las compras se retrasan. En el caso de los insumos necesarios para atender a pacientes de covid hubo una escasez en el mercado, lo que dificultó agilizar las adjudicaciones. Otras veces se cometen errores en la formulación de las bases del concurso.
Asimismo, como resultado de los casos de corrupción investigados por el Ministerio Público en los últimos años, se generó temor en quienes integran las unidades ejecutoras, por lo que muchas juntas de recepción han anulado recursos aduciendo arbitrariedades por temor a ser procesados.
“Si de cada diez concursos se caen tres, estamos mal porque eso significa que se desperdició tiempo de trabajo de las personas que montaron las bases del proceso. Ese indicador debería ser menor a uno. Lo que muestra es que las bases a menudo se elaboran mal, ya que si estuvieran bien diseñadas las instituciones no buscarían comprar cosas que no existen en el mercado”, prosigue Maldonado.
Instituciones
Los registros también muestran que, de las instituciones del Estado, las que se clasifican como entidades descentralizadas, autónomas y de seguridad social están entre las que reportan un mayor número de eventos anulados o desiertos, con 37 por ciento.
De igual forma, las oenegés, patronatos, comités, asociaciones y fundaciones registran un 34 por ciento de eventos caídos, y las entidades del gobierno central, 30.3 por ciento.
Irene Flores, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), señala que entre las principales causas que retrasan la ejecución está la mala calidad de los procesos de compra.
“Se hacen eventos donde las especificaciones técnicas de lo que se quiere comprar son pobres y los proveedores no logran comprender ni qué necesitan para formular ofertas. Entonces, los concursos se declaran desiertos porque no hay quien oferte”, remarca Flores.
Otra razón consiste en que las instituciones clasifican los concursos en categorías que no corresponden.
“Es común encontrar proyectos de infraestructura clasificados en alimentos, o proyectos de alimento clasificados en cualquier otro tipo, por lo cual los proveedores del bien o servicio no ubican el concurso”, añade.
Flores señala que muchas veces se amañan los procesos para que permanezcan desiertos y así la entidad pueda efectuar compras directas con la excusa que en el proceso competitivo no se logró adjudicar porque ningún oferente se presentó.
Pedro Prado, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), considera que es necesario indagar si las unidades ejecutoras cuentan con la suficiente información y capacitación para elaborar procesos de compra.
“En cualquier proceso siempre hay algo que falla; a veces en estos casos no se llenan todos los requisitos y los eventos no se concretan. Se deben evaluar las razones por las que se caen las ofertas y determinar si del lado del Estado hay alguna información que no se está transmitiendo de manera clara para que no se caigan las ofertas y reducir esos porcentajes”, puntualizó Prado.
Para esta nota se intentó contactar a autoridades del Ministerio de Finanzas, pero al cierre de la edición no hubo respuesta.
