“Eso de alguna manera manda mensajes muy claros, muy contundentes en torno a cual es la situación, cómo nos está viendo el principal socio estratégico comercial y de seguridad del país, y entonces sí es para poner las barbas en remojo en el país”, dijo Orlando Blanco, diputado por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
El congresista cree que toda sanción afecta la imagen del país, y a su criterio se trata de una “escalada de sanciones”, que cada vez vienen más fuertes, por lo que es importante no perderlo de vista como país porque afecta las relaciones bilaterales con EE. UU.
“Son leyes que vienen a plantear cuales son las preocupaciones que tiene Estados Unidos sobre el quehacer de algunos funcionarios de diferentes países en materia de combate a la corrupción, violaciones a los derechos humanos y crimen organizado”, dijo Blanco.
Aclaró que hay que profundizar en las razones que tuvo EE. UU. para incluir a la fiscal en esa sanción.
En ese mismo sentido se pronunció Cristian Álvarez, de la bancada Creo, quien considera “terrible estar en esos entredichos con países amigos y socios tradicionales”.
“Creo que vale la pena que el presidente y el Organismo Ejecutivo se manifiesten, y nosotros desde acá, desde el Congreso, creo que es un llamado de atención para retomar la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala de Apelaciones, que es el trabajo que tenemos que hacer acá”, expresó Álvarez.
Agregó que estas cuestiones no deben volver a pasar, porque, a su criterio, estar en entredicho con la justicia de EE. UU. le hace mucho daño al país.
“No tiene fundamento”
Manuel Conde, del Partido de Avanzada Nacional (PAN), dijo que las acusaciones de EE. UU. no tienen un fundamento preciso.
“Habla de que la señora fiscal y el secretario general son entes que promueven la impunidad, no habla de corrupción, sino de impunidad, pero lamentablemente estas declaraciones muchas veces no vienen sustentadas con las razones precisas del porqué se hacen los señalamientos de esa naturaleza”, expresó Conde.
Recordó que de similar forma “sucedió con unos magistrados” a los que, meses atrás, se les incluía en una lista, “pero nunca hemos sabido las razones precisas”.
Recalcó que si un funcionario de EE. UU. hace un señalamiento contra otro funcionario sería importante conocer el sustento de la afirmación de esa naturaleza.
En tanto, Douglas Rivero, del bloque Humanista, criticó las noticias que publican los medios.
“Ya veo que a veces las noticias salen, señalan a todo mundo y uno es inocente hasta que se compruebe lo contrario; entonces hay que estar pendiente en eso”, dijo.
“Acción Importante”
La congresista de EE. UU. de origen guatemalteco Norma Torres, dijo que las acciones tomadas por ese país “confirma importantes acciones antidemocráticas en la región por parte de funcionarios que interfieren con las investigaciones independientes y trabajan contra quienes defienden el estado de Derecho”.
“Este es un paso importante para responsabilizar a los funcionarios de alto nivel y sus cómplices que están directamente involucrados en la corrupción y la obstrucción de los procesos democráticos”, agregó.
Dijo que la decisión de EE. UU. no se había tomado a la ligera, ya que “estos individuos utilizaron su poder para atacar a funcionarios judiciales, proteger intereses corruptos y llevar a cabo agendas políticas contrarias a sus propias constituciones”.
En ese mismo sentido se pronunció Stephen McFaraland, exembajador de EE. UU. en Guatemala, quien dijo en su cuenta de Twitter que ese país “entiende el vínculo entre la corrupción y el autoritarismo en Centroamérica y su impacto en la migración.
“EE. UU. prioriza los intereses a largo plazo sobre la cooperación a corto plazo. Dado que las visas y listas por sí solas no generarán cambios, se adoptarán medidas más estrictas”, expresó.
A principios de julio último, 20 guatemaltecos fueron agregados en un listado de personas señaladas de corrupción en el Triángulo Norte por parte de EE. UU.
