“No han hecho las compras más grandes, pero los gastos solamente para el 2022 es de Q6 millones” aproximadamente y Flores advirtió que este tipo de hallazgos podrían encaminar a denuncias penales y sanciones administrativas, tanto para el personal administrativo, como para los magistrados del TSE, debido a que autorizan las compras superiores a Q 900 mil.
El monitoreo que realizó Acción Ciudadana fue por medio de Guatecompras y la propia página del ente electoral, concluyendo que 184 procesos fueron adjudicados, de estos 26 fueron anulados y seis desiertos, generando un 17% de procesos no exitosos.
Flores detalló que entre los gastos que lograron detectar está el arrendamiento de bodegas en el área del Naranjo, en Mixco por un monto de Q. 2.5 millones y no se están utilizando todavía, debido a que están destinadas para el resguardo de equipo de computo que aún no ha sido adquirido. Además, la compra de cinco vehículos marca Toyota, línea Prado de modelo 2023 “para el uso de los magistrados del TSE, es un gasto exagerado”.
Mala práctica
Dicha organización también detectó “prácticas de fraccionamiento en compras menores, para evadir la cotización y licitación, se han estado haciendo compras directas menores a Q90 mil y compras de baja cuantía menores a Q25 mil” dijo Flores y agregó que no existe planificación anual de compras de manera integral “esto genera un caos en la administración”
El analista considera que se está haciendo un abuso de la excepción que les permite la ley de Contrataciones del Estado, la cual establece que el TSE puede realizar comprar directas “pero únicamente durante el ejercicio fiscal que se lleva a cabo del proceso electoral y ellos lo están haciendo incluso antes del próximo año, entonces hay una violación a la ley” advirtió Flores.
Considera que también se violenta el propio reglamento interno del TSE con respecto a las modalidades especificas de compras “cuando no han respetado que los proveedores tengan más de 10 años de experiencia, porque los sistemas como sowtware que el Tribunal adquiere son muy delicados” los cuales deben contar con muchas pruebas de seguridad para guardar la integridad de los datos en el momento de las elecciones.
Acción Ciudadana también identificó una cotización de playeras, que están en contrato abierto que es un mecanismo directo de compras que utiliza el Ministerio de Finanzas, con la justificación de ahorro de tiempo y recursos porque hay un mínimo de tres proveedores del servicio y “el Tribunal hizo una cotización aduciendo que le tipo de playeras que iban adquirir no era la que estaba en contrato abierto, sin embargo no se está adquiriendo algo especializado y se pudo haber utilizado el mecanismo de contrato abierto” puntualizó Flores.
Los proveedores con experiencia han manifestado múltiples inconformidades, derivado a que cuentan con bastantes años de experiencia, ofertaron y fueron descalificados, por ello algunos presentaron su inconformidad en Guatecompras.
Dado los antecedentes de procesos señalados, la Contraloría General de Cuentas debería realizar auditorias concurrentes, durante los procesos de compra y proceder como corresponde, con sanciones y procesos ejemplares, recomendó Acción Ciudadana.
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