Esta disposición ya ha recibido críticas de parte de quienes aseguran que se violan derechos fundamentales como la libertad de expresión, incluso instan al ente electoral a que se retracte de la medida.
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“En prevención a la eventual producción de incidentes lamentables, los integrantes de cada Junta Receptora de Votos, los Fiscales y el alguacil designado; una vez cerrada la respectiva votación y previo al escrutinio de las elecciones, deberán depositar al presidente los teléfonos celulares y aparatos electrónicos que posean en ese momento, los cuales les serán devueltos al hacerles entrega de la certificación de las actas del escrutinio”, refiere el acuerdo.
Una fuente del TSE confió a Prensa Libre que esa medida fue adoptada en el 2015, ya que generaba violencia electoral. “Habían grupos de personas que tomaban fotos y enviaban la misma a sus correligionarios donde iban ganando y luego perdía entonces eso provocaba que la gente se molestara y eso generaba conflictos”, dijo la fuente.
En un comunicado Mirador Electoral expresó su rechazo al acuerdo que ordena el secuestro de teléfonos celulares y aparatos electrónicos.
“Esta decisión limita la apertura y la transparencia que debe existir en todo proceso electoral y viola el artículo 35 de la Constitución, que garantiza la libre emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa. La Constitución establece que este derecho no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna”, dice el comunicado.
Mientras que la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), en un comunicado, también lamenta las decisiones adoptadas por los magistrados del TSE que “no solo limitan la libertad de expresión y el acceso a las tecnologías de la información, sino que introducen un procedimiento que no está previamente establecido en la ley”.
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Regulan entrevistas
En marzo pasado los magistrados del TSE intentaron regular las entrevistas lo que violaba garantías constitucionales según gremios de prensa, sociedad civil y abogados.
La medida fue anulada con los votos a favor de cuatro magistrados y el voto razonado en contra de la magistrada María Eugenia Mijangos.
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