Según el Ministerio Público (MP), se acordó de manera “conciliatoria” mantener la coordinación interinstitucional efectuada hasta la fecha, para que la agencia fiscal especial ubicada en el aeropuerto continúe en sus funciones, aspecto que se hará de conocimiento del tribunal constitucional correspondiente.
El 10 de enero último la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) dio por terminado un convenio de cooperación con el MP y expulsó del Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA), a la agencia fiscal que se había inaugurado junto con la Embajada de EE. UU. para el combate del narcotráfico, principalmente.
En el comunicado, el MP también se explicó que el acuerdo de conciliación se hace “conscientes de los principios fundamentales recogidos en la Constitución Política de la República de Guatemala y que inspiran la organización del Estado para proteger la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona”.
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En el comunicado se especifica que de la misma manera se acuerda mantener el espíritu del convenio previamente firmado y para el efecto se ha instalado una mesa técnica que coadyuve en la facilitación, actualización y agilización de los procedimientos dentro del marco de las funciones de cada institución y de los estándares internacionales.
“Con ello se busca que aeronáutica civil pueda continuar con los protocoles de seguridad y garantizar el cumplimento de los convenios internacionales aceptados y ratificados por Guatemala”, se indicó.
El problema
La decisión de dar por concluido el convenio se da luego de la diligencia que ordenó la fiscal general para permitir el ingreso de un investigador de la Cicig el domingo pasado.
Francis Argueta, director de Aeronáutica Civil, señaló que de ahora en adelante los fiscales del MP tendrán que hacer de forma obligatoria los procesos para ingresar a la terminal aérea.
“En ningún momento estamos diciendo que vamos a dejar de colaborar con ellos. El único cambio es que no estarán más dentro del aeropuerto con una oficina física”, justificó Argueta.
El 26 de mayo de 2016 las autoridades de la DGAC y MP firmaron un convenio con el objetivo de que una agencia fiscal que tiene como objetivo atender los delitos cometidos en el Aeropuerto Internacional La Aurora tuviera un espacio físico en el lugar.
En la ceremonia de inauguración también estuvo presente el agregado de negocios de la Embajada de EE. UU. quien apoyó la iniciativa desde su creación.
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