Política

Agenda del Congreso estará pegada al año electoral, advierten expertos

El sábado 14 de enero se tiene programada la sesión solemne del Legislativo para el nuevo periodo de sesiones ordinarias y recibir el informe de Gobierno.

Shirley Rivera

Shirley Rivera, del bloque oficial, continuará con la presidencia del Congreso liderando la Junta Directiva para el periodo 2023-2024. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La diputada Shirley Rivera continuará por segundo año al frente de la Junta Directiva, el partido de Gobierno consiguió dirigir el parlamento los cuatro años de la legislatura pero para este 2023 no se tienen buenas expectativas.

Es un año electoral donde todos los políticos con aspiraciones a un cargo de elección popular buscarán acaparar la atención, van a necesitar ser protagonistas para que los votantes al menos los reconozcan.

Datos de una medición hecha por Congreso Eficiente dan cuenta que el promedio de asistencias de los diputados a sesiones han sido del 78%,  un poco menor a la que reflejó la octava legislativa con una asistencia del 82%.

El año electoral puede hacer que esta cifra disminuya más, ya que algunos buscarán su reelección, pudiéndose enfocar en la campaña y no en sus tareas legislativas por las que fueron electos y por las que reciben honorarios de al menos Q24 mil 150 al mes.

Pese a este escenario, el diputado Juan Francisco Mérida, subjefe del bloque oficial Vamos por una Guatemala Diferente (Vamos), afirmó que los diputados tienen claros sus objetivos, y ellos son velar por la población.

“Este 2023 se ve un año con bastantes matices principalmente porque es un año electoral. Yo creo que hay bastantes retos para poder lograr mantener una agenda legislativa de trabajo que si no se puede cumplir a cabalidad, al menos si deje avances significativos”, señaló.

Recientemente la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso dictaminó de manera favorable un apoyo social al servicio de energía eléctrica, que de ser aprobado estaría vigente por los próximos seis meses.

Mérida destacó que este tema será conocido, discuto y quizá aprobado antes del 14 de enero ya que el oficialismo busca aprobar aún en periodo extraordinario esta iniciativa que etiquetan de beneficio social.

“Si de esta manera estamos comenzado considero que esta debería de ser la tónica. No hay que dejar a un lado que desde el 26 de marzo estaríamos en campaña y considero que son tres meses, donde principalmente la mayoría de colegas buscará una reelección en fines de semana, para el resto de días debemos de ver el avance de la agenda legislativa”, refirió el diputado.

Acciones mediáticas

El año electoral siempre refleja una baja en la actividad parlamentaria, la emisión de decretos y hasta en la asistencia de los diputados a sus lugares de trabajo, según la Asociación para el Desarrollo Legislativo y la Democracia (Legis).

Alejandro Valverth, director del Observatorio Legislativo de la asociación ya citada, refirió que es habitual que los congresistas muestren “su mejor cara al electorado” en los meses previos a las elecciones.

“Se espera que el Congreso apoye iniciativa que sean de aparente beneficio social, vamos a seguir observando iniciativas que tengan que ver con subsidios que son al final de cuentas un beneficio aparente para la sociedad”, señaló.

Pero Valverth advierte que es necesario que la población sepa leer entre líneas y ver las verdaderas intenciones de este tipo de propuestas, ya que la mayoría de estas acciones políticas buscarán acaparar simpatizantes.

“Serán temas populistas por el entorno del periodo electoral, para así ganarse la confianza y la preferencia del electorado, estos serán algunos de los temas que vamos a ver durante este año”, indicó.

Con el nuevo año y unas elecciones en puerta, para la analista Virginia Pinto, de la Asociación en Investigación y Estudios Sociales (Asies), es necesario que la población medite sobre las consecuencias que sus votos le han dejado a la nación.

Siendo el evento propició para analizar a profundidad cada propuesta, cada ponencia y cada acción que los congresistas han ido apoyando o ignorando desde el hemiciclo parlamentario.

“Hay una necesidad de representación del guatemalteco para sentirse representado por sus autoridades, la población podría ir pensando en la posición que mostraron los diputados ante ciertos temas, como por ejemplo las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos que es un tema sumamente importante”, precisó la analista.

Estrategia electoral

La oposición duda de las intenciones del oficialismo y hasta coincide en algunos de los puntos expuestos por los analistas, según las declaraciones del diputado Samuel Pérez, del bloque Movimiento Semilla.

El congresista considera que no veremos un cambio en este último año de legislatura. “Veremos lo mismo de los tres años anteriores: Una agenda marcada por la corrupción, impunidad, saqueo y seguramente con más intensidad por estar en un año electoral”.

A criterio de Pérez, la forma de legislar del oficialismo y sus aliados en los últimos años obedece a una estrategia política, ya que considera que varias de las aprobaciones legislativas relacionadas a ampliaciones presupuestarias y subsidios, tendrían como finalidad financiar campañas políticas en 2023.

“La agenda del Congreso no se mueve por cuestiones ideológicas ni políticas, lo que hay es una conjunción de intereses para robarse el dinero de Guatemala y lo más probable que lo hagan más rápido para financiar la campaña de alcaldes, diputados y su presidente”, concluyó el diputado.

La novena legislatura del Congreso ha sido dominada por el partido oficial. Los primeros dos años mantuvo en la presidencia al diputado Allan Rodríguez, representante del distritito de Sololá.

Durante su administración se dio una cuestionada aprobación presupuestaria que desencadenó manifestaciones ciudadanas, y en dos ocasiones oficinas legislativas fueron incendiadas después de manifestaciones.

Durante el primer año de Rivera, para el día internacional de la mujer, el Congreso aprobó la Ley para la Protección de la Vida y la Familia que amenazaba con cárcel a mujeres que sufrieran abortos por problemas de salud y que desconocía a otros modelos familiares que no estuvieran integrados por padre, madre e hijos.

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