“Me parece en primer lugar que hubo un retraso en las asambleas de los partidos políticos; en segundo lugar, no existía la obligación de participar, solo se exigía que para poder mantener vigente un partido debería tener más del 5 por ciento de la elección general o poder obtener la adjudicación de un cargo de diputado”, señaló Guerra.
Añadió que “conforme la reforma del 2016 es obligación de los partidos políticos participar, de lo contrario incurren en una causal de cancelación y segundo lugar la obligación es con binomio presidencial o con diputados distritales en al menos la mayoría de los distritos y esa sería inscribir candidatos para 12 distritos”.
“Me parece que no todos los partidos tienen organización partidaria en los 340 municipios y los partidos que se están dedicando más a la inscripción de candidatos distritales, Listado Nacional, Parlacen y binomios, y no tanto corporaciones municipales, que entiendo que por eso puede ser la disminución de las candidaturas”, dijo el registrador.
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Según la Memoria Electoral del TSE del 2015, se inscribieron 25 mil 813 candidatos, mientras que en el proceso del 2011 se reportó la participación de 35 mil candidatos, por lo que hubo una diferencia de nueve mil 187 candidaturas entre uno y otro.
En la campaña del 2015 se aplicó por primera vez lo establecido en el artículo 113 de la Constitución Política, en la que se refiere a que los guatemaltecos tienen derecho a optar a cargos públicos y para su otorgamiento no se atenderá más que razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez.
En atención a ese artículo, el Registro de Ciudadanos del TSE denegó la inscripción del expresidente Alfonso Portillo como diputado por el Listado Nacional por el partido Todos. También revocó la candidatura de 33 aspirantes a cargos de elección popular.
Ricardo Barreno, analista del Instituto Centroamericano de de Estudios Políticos (Incep), considera que habrá que esperar para saber cuál es el conteo final, aunque la tendencia es que haya un incremento, por lo que las declaraciones “un poco precipitadas” de Guerra podrían interpretarse ante una significativa reducción.
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“La primera es porque el proceso de socialización de la Ley electoral, y sobre todo de los requisitos que se necesitaban para cumplirse, no fueron ampliamente difundidos para que los candidatos pudieran entenderlo. Otra escenario podría ser por la judicialización en contra de diputados y alcaldes, por lo que eso pudo limitar el interés de los mismos candidatos o de otros a poder contar con un finiquito y, el último, podría ser por la confrontación que se generaría, misma que podría desatar en violencia”, explicó Barreno.
“El TSE aún tiene tiempo para establecer cuantos son los candidatos”, precisó el analista, por lo que insistió en que las declaraciones de Guerra fueron precipitadas.
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